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El régimen político catamarqueño, con el gobernador Jalil a la cabeza, ha tomado nuevas acciones represivas contra los vecinos de Andalgalá que luchan en defensa del agua y el medioambiente. Con el desalojo violento del acampe de los vecinos del distrito de Choya, la brutal represión y la detención de una compañera, el poder político provincial abre paso a la actividad contaminante y al saqueo del capital internacional minero.
La lucha por el agua y el medioambiente se reactivó a partir de la evidente contaminación sobre las cuencas del Rio Choya, la denuncia de los pobladores frente al consejo deliberante de Andalgalá y el reclamo por la inmediata suspensión de las actividades en el cerro. Fue presentada la evidencia de contaminación sobre el río y se pidió informes de los ministerios de Salud y Educación, por la intoxicación de estudiantes de una escuela de la zona que utilizaba agua potable del rio para su comedor. A principios del mes de abril, se instaló un acampe a 4.000 m s. n. m. en el cerro sobre el camino que lleva los emprendimientos de MARA (Alumbrera – Agua Rica), como medida de acción frente a la continuidad de las actividades de la minera.
Durante la jornada del martes 3 de mayo, a instancias del fiscal Camps, guarniciones de la policía provincial derribaron por la fuerza, con balas de goma y represión, el campamento de los compañeros. Y replegaron a los vecinos hasta el distrito de Choya donde continuó la represión. La policía detuvo en su operativo a la compañera Karina Orquera, quien al momento de escribir este artículo continúa privada de la libertad en la comisaría de Andalgalá. La misma noche, la acción represiva se extendió a la localidad de Andalgalá, contra vecinos que se concentraron pidiendo por la libertad de la compañera. Varios compañeros, entre ellos mujeres y ancianos, resultaron heridos y fueron atendidos en los hospitales.
Se ha montado un operativo mediático y político sobre estos hechos, buscando encubrir la acción represiva y criminalizar la lucha.
En su discurso de apertura de las sesiones, el gobernador Jalil señalo enfáticamente la necesidad de avanzar con los compromisos con el capital minero y subordinar el funcionamiento del Estado a la explotación de la minería metalífera y de litio. En este sentido, avanza conjuntamente con los organismos creados a nivel local y nacional para propiciar la injerencia de los monopolios.
Desde Política Obrera, la Tendencia del PO, reclamamos la inmediata libertad a la compañera Karina, repudiamos la represión contra las luchas en defensa del medio ambiente y la política de entrega y destrucción de los recursos naturales que encabeza Jalil y de la cual es parte todo el régimen político gobernante.