Tiempo de lectura: 3 minutos
Autos baleados, sicarios contratados, amenazas a docentes y más. La provincia de Santa Fe viene siendo escenario de cientos de asesinatos a manos del narcotráfico, pero en estos últimos meses la situación no hace más que empeorar. Tan solo en Rosario, con más de 95 homicidios en lo que va del 2022, convierte la crisis en seguridad en solo un aspecto de la disolución de un régimen.
Ante este panorama, el gobernador Omar Perotti reclamó al gobierno nacional, en la apertura de las sesiones ordinarias, más efectivos federales y armamento para la provincia. Esto menos de una semana después del apartamiento de Jorge Bortolozzi de su cargo como secretario de Seguridad de la provincia, reemplazado por Claudio Belloni, en medio de acusaciones cruzadas sobre quién debe hacerse cargo de este derrumbe.
Esto no hace más que reafirmar la crisis de gobernabilidad que atraviesa el Frente de Todos – no sólo en Santa Fe. En estos días se reunieron Perotti, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, Alberto Fernández y el ministro de seguridad nacional, Aníbal Fernández, de urgencia. Acordaron un aumento de la dotación de fuerzas federales enviadas a Santa Fe y Rosario, junto a un supuesto plan de ampliación del poder judicial federal radicado en la provincia, que es el que entiende en la persecución de tráfico de drogas, entre otros. Un intento de respuesta “reformista” e institucional a una cuestión que es de fondo y que pinta de cuerpo entero al Estado.
En efecto, ciertos periodistas se han tomado el trabajo de mencionar la municipalidad de Rosario, la tercera ciudad más importante del país, como un “Estado fallido” (Rosario/12, 2/5). Este es la resultante de un conglomerado de actividades y negociados ilícitos, que parten desde los mismos puertos privados de Santa Fe, de donde parte prácticamente la totalidad de las exportaciones del país. Evasión fiscal, omisión deliberada del Estado en el control de entradas y salidas y la proliferación del delito organizado, conforman un entramado mediante el cual los capitalistas engrosan sus dividendos que luego son lavados y volcados al circuito financiero local. No es casualidad que, de los últimos 15 años de gobierno del Frente Progresista, se hayan expandido la construcción de casinos y el desarrollo inmobiliario, a la par de que la miseria de los barrios se profundiza y “prepara el terreno” en el que insta la delincuencia como salida para las familias.
La vinculación entre el Poder judicial y el político y la criminalización del Estado tuvo su expresión más reciente en la persecución de Armando Traferri, jefe del bloque de senadores peronistas, investigado por su conexión con el juego ilegal, cuya impunidad fue defendida por sus pares en el Senado: lo mantienen bajo fueros parlamentarios para evitar cualquier efecto "dominó” que podría desatar su condena.
Reacciones populares
No hay que ir muy lejos en la memoria para recordar la pueblada que tuvo lugar en Capitán Bermúdez a fines del año pasado, cuando un joven de 23 años fue asesinado a plena luz del día en un hecho de inseguridad. Más de 3.000 vecinos que se movilizaron a la Comisaría fueron recibidos con balas de goma, resultado de un rápido operativo policial que se había armado a la par de la convocatoria.
En la ciudad de Santa Fe, vecinos cuelgan pasacalles y organizan marchas bajo la consigna "Basta de inseguridad", que se extiende desde barrio Sur hacia el resto de la ciudad, alcanzando hasta las agrupaciones estudiantiles de Ciudad Universitaria, donde la inseguridad se ha incrementado desde la vuelta de las clases presenciales. Es increíble el incremento de la violencia que asola a Santa Fe. Una orientación de la clase obrera nada tiene que ver con un aumento del poder punitivo del Estado, ni de su reforzamiento, sino que, de lo contrario, oponer la superación política a esta barbarie.
La organización en vecinales, en asambleas barriales, lugares de trabajo y estudio, deben ponerse de relieve los verdaderos responsables políticos y económicos de la situación actual en la cual el Estado provincial y las municipalidades forman parte del derrumbe y no de la solución. La lucha contra la miseria, la urbanización de los barrios, por el aprovechamiento de la riqueza social que ingresa en el Delta del Paraná y sobre el resto de la provincia, es integralmente una lucha contra el Estado capitalista cuya disolución pone en debate la reorganización de la sociedad sobre nuevas bases sociales.
