Marihuana: “nace una nueva industria”

Aunque la ley no fue votada por unanimidad, hubo una comprensión común entre las distintas fuerzas de la Cámara de Diputados acerca del objetivo que se colaba detrás del proyecto de regulación del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Tanto sus detractores como sus defensores argumentaron que la regulación de este negocio millonario para los grandes pools de siembra y los exportadores sería el paso hacia un negociado mayor: la legalización de la marihuana. La ley fue aprobada a través de un consenso entre el peronismo y el radicalismo, con una fuerte presión del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuya provincia concentra grandes inversiones de este mercado. También acompañaron la votación Evolución Radical (Lousteau), Córdoba Federal (De La Sota), Encuentro Federal (Stolbizer), el Partido Socialista y el FIT-U.

Cannabis medicinal y consumo recreativo

La aprobación del proyecto es la culminación de una larga trayectoria del lobby empresarial del cannabis. En 2017 el Congreso aprobó por unanimidad el uso terapéutico del cannabis medicinal. Ahora, la nueva norma brinda un marco regulatorio legal para la inversión pública y privada en toda la cadena de producción y comercialización del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Según El Cronista, “el proyecto había sido impulsado por el ministerio de Producción de Matías Kulfas como una forma de crear un mercado de u$s 500 millones y fomentar más de 10 mil puestos de trabajo”, y agrega que “a través de la iniciativa, se promete convertir al cannabis en otro 'commodity' de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne”. El ingreso de divisas se generaría con la exportación de semillas y productos derivados. Esta ley habilitará al Estado a emitir licencias para producir cannabis medicinal o industrial.

La producción de cannabis tiene un mercado internacional importante entre las industrias de cosméticos, suplementos, fibras vegetales, biocombustibles, etc. De esta manera, el conjunto de las intervenciones de los diputados del Frente de Todos giró al rededor del “desarrollo de la industria” y la “generación de puestos de trabajo”. Sin embargo, según los medios, aquel mercado “que más captación de activos dejaría sería el del uso 'recreativo' o de uso adulto responsable” (Perfil, 4/5).

El avance en la legalización del cannabis en una tendencia internacional. “Distintos pools de siembra ya están trabajando en la planificación de este cultivo. Varios, incluso, con equipos técnicos propios. Por otro lado, hay empresas internacionales haciendo estudios de factibilidad normativa para estar preparados para entrar, en caso de que la reglamentación vuelva atractivo el negocio” (Ruralnet). De esta manera, Argentina se suma al conjunto de países latinoamericanos que legalizó el cannabis medicinal junto a Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú. Para su consumo "recreacional", la marihuana ya es legal en Canadá, México, Uruguay y en 15 estados de Estados Unidos. El último de estos estados en sumarse fue New Jersey, que hace tres semanas comenzó a vender cannabis para consumo recreativo. Allí, las empresas que tendrán posibilidades de vender el cannabis con carácter "recreativo" son 7 de las 10 compañías que ya lo venden con carácter medicinal. En todos los casos, la legalización del uso medicinal fue el paso previo para el uso recreativo.

El argumento medicinal como excusa para avanzar hacia la legalización de las drogas fue puesto en evidencia en la Cámara de Diputados en reiteradas ocasiones durante la última sesión, desde ambos lados de la grieta. Un diputado de la oposición señaló que, si el proyecto tenía un objetivo sanitario, debía haber partido de la comisión de Salud, y no de las de Agricultura y Ganadería y de Hacienda, como fue realmente. Martín Tetaz, también de la oposición, apoyó el proyecto y propuso que sea eliminada la palabra “medicinal” de la ley. Y argumentó: “veo muchos pruritos de mucha gente acá tratando de cubrirse con el tema de que sea medicinal, cuando en realidad lo que tiene que ocurrir es que liberemos la producción de una sustancia que alguien quiere consumir y me parece perfecto que así sea”. Aquellos sectores que votaron en contra del proyecto, en general del PRO, no lo hicieron por una oposición de principios, sino que rechazaron la creación de impuestos y regulación que generaba la ley, como fue el caso de López Murphy.

López Murphy sabe de lo que habla, porque es un lobbysta de los grupos capitalistas. Es un tema que ya se ha discutido largamente en Estados Unidos. Por caso, en 2020 el estado de California recaudó más de 1000 millones de dólares por cannabis legal para todo tipo de uso. Esto abrió una discusión, porque las empresas legales de cannabis reclaman que no pueden competir con el narcotráfico, cuyo mercado negro sigue existiendo e incluso es mayor que el de venta legal de marihuana. De más está decir que aquellos sectores con menores recursos siguen consumiendo las mismas mercancías de “baja calidad” a las que les permitan acceder sus ingresos, mientras que la venta legal queda al alcance de sectores con mejores recursos. Lo que se discute hoy en Estados Unidos es la desregulación y el subsidio a la industria cannábica, sobre todo porque se ha convertido en un negocio mayor a partir de la pandemia. Un artículo del portal de CNN señaló lo siguiente: “Cuando los miembros de la industria del cannabis acudieron a Las Vegas la semana pasada para asistir a la mayor feria del sector, había algo que se agitaba en el aire. No era el aroma de un porro recién encendido, sino una sensación de que todo parece estar saliendo de maravilla para la industria” (“La industria del cannabis florece en parte gracias al impulso durante la pandemia” 10/21).

Legalización de la marihuana

Graciela Caamaño, diputada de la oposición, rechazó el proyecto con el argumento de que "el Estado no tiene políticas de combate de la droga ni de las adicciones. En ese marco venimos a poner un nuevo commodity bajo el ropaje del cannabis medicinal”, olvidando que su larga trayectoria política siempre estuvo vinculada al duhaldismo, un aparato del PJ con fuertes vínculos con el narcotráfico. Finalmente concluyó: “Queda claro que lo que viene después es la legalización de la marihuana". Lo mismo afirmó Romina Del Pla, del FIT-U, aunque en este caso la con una connotación positiva, ya que dio su apoyo a la ley con el argumento de que, a pesar de tener “contradicciones”, representa “un paso para discutir la legalización de la marihuana”. Hace sólo tres años, el PO escribía que “la legalización del consumo de drogas que impulsa la derecha liberal europea y yanqui busca sobre este gran negocio que es el narcotráfico, elevarlo a una escala mayor. (…) Para nosotros no se trata por lo tanto de montar un nuevo negocio para las tabacaleras o los grandes grupos farmacéuticos, por eso luchamos por la despenalización como forma de pararle el carro a la embestida policial”. El vuelco se ha dado sin mayores explicaciones.

La única nota disonante en Frente de Todos fue la de la diputada Natalia Zaracho, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Además de señalar que es un proyecto que “beneficia a los mismos de siempre”, destacó el lugar trágico de los consumidores “de los sectores populares”, recordando los 20 muertos y más de cien internados por el consumo de la cocaína adulterada. Por ese motivo, señaló que “no levantaré la mano” para votar el proyecto. La expresión no fue elegida al azar, ya que a la hora de la votación, la diputada estuvo ausente, para evitar votar en contra del proyecto que apoya su propia organización.

Legalización y crisis capitalista

El avance en la legalización del cannabis se da en medio de un quebranto del Estado. La legalización de las drogas es, en este sentido, una expresión más del agotamiento del régimen capitalista. Así como la llamada “lucha contra las drogas” es la excusa de los Estados para la militarización y el espionaje de la población, la legalización representa un último recurso para salvar el sistema de su gigantesca crisis fiscal. Para la clase obrera este salvataje no representa ningún beneficio. Los recursos que el Estado acumule, de más está decir, serán destinados al pago de la deuda con el FMI.

De todas maneras, la ley votada en el Congreso no excluye la persecución de las fuerzas represivas y la justicia. De hecho, esta ley coexiste con la ley penal, por lo que se creó el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) que es una base de datos para registrar aquellos que puedan acceder al cannabis. La persecución y criminalización social no será quebrada por una ley acorde a los intereses de los grandes capitalistas, sino mediante la organización de la juventud y los trabajadores en su lucha contra el Estado.

El Congreso se ha dedicado a discutir la legalización del consumo "medicinal" y del consumo "recreacional", en un país en el que el consumo mismo se ha desplomado, siquiera para cubrir las necesidades básicas. En los discursos en favor del consumo medicinal evitaron mencionar que la mayoría de los medicamentos que se venden en el país se encuentran lejos de las posibilidades de compra del salario promedio y de las jubilaciones. El capital es incapaz de elevar las ventas de sus mercancías legales, debido a este desplome generalizado. Por ese motivo recurre a la legalización de mercancías que se consumen en el mercado negro.

Tampoco representa ningún beneficio para la clase obrera el paso hacia la legalización del cannabis "recreativo", que será la punta de lanza de la legalización del conjunto de estupefacientes que se consumen en el mercado negro. El movimiento obrero tiene una larga tradición de lucha contra el alcoholismo y el tabaquismo, mediante sus organizaciones y su propaganda socialista. La posición por la "libertad" del consumo es una posición liberal en favor de los negociados capitalistas a costa de la salud de la población. Los socialistas luchamos por la organización de los trabajadores y la juventud para emanciparnos de este régimen de explotación social y de alienación mental.

La ley aprobada en el Congreso dejó a las claras una tendencia a avanzar con la legalización de las drogas. Esto, una semana antes de que una multitud de desocupados y trabajadores precarizados se movilicen al centro político del país por la falta de trabajo y los ingresos de miseria. La movilización contará con la presencia de miles de familias que deben convivir con el flagelo de los narcos en las villas, amparados por el aparato represivo del Estado, que recluta a la juventud y la esclaviza con su mercancía. Desde Política Obrera y el Polo Obrero Tendencia desarrollamos una política socialista contra la drogadicción de la juventud y por la organización de los explotados contra un régimen social en plena descomposición.