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La cancelación de vuelos de repatriación se da en el marco de un crecimiento de los casos de coronavirus en el país y ante dos hechos puntuales, aunque desde el gobierno se plantee que la decisión había sido tomada con antelación.
Por un lado, un pasajero de 70 años que en viaje desde Madrid abordó el avión con síntomas que databan de siete días antes. Por otro, el lunes 23 se confirmó el primer caso de Covid-19 entre los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. En principio, a raíz del contacto con pasajeros provenientes de países afectados a través de un vuelo de cabotaje. Estos vuelos son muchas veces utilizados por pasajeros que arriban al país desde el extranjero para trasladarse dentro del territorio argentino y por tanto constituyen un factor de riesgo en la propagación del virus. Cabe destacar que al momento del abordaje los chequeos son mínimos, llegando en algunos casos a la simple declaración jurada.
Las empresas no han tomado medidas preventivas, más bien aprovecharon la crisis para planteos antiobreros como la reducción salarial como en el caso de LATAM. Por el lado de las direcciones sindicales, estas no han sacado los pies del plato. Por ejemplo, el sindicato de Aeronavegantes planteó cancelar el servicio de catering en los vuelos de cabotaje y dejar a criterio de cada trabajador la realización de la cuarentena, descargando la responsabilidad individualmente sobre el laburante y sin ninguna garantía. A estos planteos, que no fueron acompañadas de proceso de organización alguno ni del planteo de la defensa irrestricta de los puestos de trabajo y de la integridad del salario, las patronales respondieron con 180 despidos en el caso de los trabajadores de Gate Catering -empresa tercerizada que brinda el servicio de catering- y con el descuento de adicionales cuando aparecían trabajadores negándose a realizar vuelos programados. Este desprecio por la salud y bienestar de los trabajadores aeronáuticos contrasta con la “exaltación patriótica” de su labor.
Frente a la desidia y ataque a la seguridad y salud de trabajadores y pasajeros, las respuestas obreras empezaron a emerger. Por el lado de las tripulaciones aparecieron denuncias sobre lo inadecuado de los elementos que les brindan (poco alcohol en gel, barbijos inadecuados, etc.). Por su parte, la comisión interna de GPS -una empresa tercerizada de seguridad aeroportuaria que presta servicios para Aerolíneas Argentinas- emitió un comunicado el pasado 24 de marzo instando al cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene necesarias: test de detección temprana, licencias, pago de salario completo y desinfección de Ezeiza y Aeroparque y el reclamo a la dirección de Upadep para que se ponga al frente ante esta crisis.
Al día siguiente, la empresa anunció que, dada la parálisis de la actividad, y sobre la base de la libertad de acción a las patronales que la política del gobierno habilita, iniciará un proceso suspensiones, adelanto de vacaciones, despidos y recortes de jornadas que golpearían el salario. En respuesta a esto, las comisiones internas de GPS- Aerolineas Argentinas, representantes de la “Comisión de Seguridad e Higiene Aeroportuaria “, delegados de LATAM y SECURITAS realizaron una presentación legal denunciando estas amenazas, reafirmando el pliego de reivindicaciones y declarando el estado de alerta y movilización para “para actuar ni bien intenten avanzar sobre nuestros derechos”.
La preocupación entre los trabajadores es creciente. Es necesario reforzar esta tendencia de los trabajadores a ponerse como garantes de la seguridad y salud propias y de los pasajeros ante semejante cinismo desde el estado, las patronales y la burocracia. Para ello es necesario profundizar el proceso de deliberación y organización y poner en pie comisiones de seguridad e higiene con poder de veto, electas por las propias bases y revocables para que el conjunto de las reivindicaciones contra los despidos, las reducciones salariales y por la seguridad y salud se impongan.
