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Las denuncias por violencia de género y las llamadas a la línea 144, que atiende estos casos, aumentaron un 25% durante la cuarentena obligatoria.
Cínicamente, el gobierno nacional anunció que habrá nuevas formas de comunicarse a la misma (como WhatsApp o correo electrónico) y que dispondrá de personal para la atención. Todo porque, según refieren comunicados oficiales con total liviandad, “esta situación de emergencia sanitaria trae aparejadas consecuencias sociales y económicas”.
La necesidad de referirse al tema revela varios elementos. El más grave es que desde el mismo Estado se admite que el número de mujeres expuestas a violencia y explotación constante, atadas a sus condiciones de vida miserables, no deja de crecer sin que se haga nada para remediarlo. Por otra parte, no considera que la mayoría de las mujeres violentadas no pueden acceder ni a los medios ni a la denuncia. Tampoco se aclara en qué condiciones trabajarán las personas que serán tomadas... Toda una radiografía del interés que desprende el tema.
Santa Fe
En la provincia de Santa Fe, la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena, apareció junto al gobernador Omar Perotti en conferencia de prensa para anunciar que “se están instrumentando todas las medidas necesarias” para que el distanciamiento social “no impida el acceso a la denuncia”. La funcionaria expresó que se “implementarán acciones” y funcionarán “grupos interdisciplinarios de profesionales” para atender situaciones de violencia que podría generar la cuarentena. Pero nada en concreto sobre cómo resolver la situación en la que se encuentran miles de mujeres, ahora más aisladas por la pandemia, y con una secretaría de género que no tiene asignado un solo peso en el presupuesto 2020. Arena no dijo, sin embargo, que antes de la pandemia, inauguró su gestión desmantelando la Secretaría de Juventudes y con ello despidiendo trabajadoras (y trabajadores) con años de antigüedad de la manera más informal. Tampoco mencionó que fueron despedidas profesionales que atendían los “Teléfonos verdes” de Rosario y Santa Fe, que aún continúan en lucha por sus puestos de trabajo. Menos que menos dio cuenta de la precariedad en la que se trabaja en las pocas casas refugios de la provincia, o la situación que enfrentan las trabajadoras informales de Niñez, que deben pagar de su bolsillo el mantenimiento de los hogares.
No replicó tampoco sobre el ataque de su gobierno a las condiciones laborales, ni a las medidas contra el salario y las jubilaciones, el aumento de la miseria social, los despidos y suspensiones, la extensión del trabajo precario y, finalmente, la eliminación de la cláusula gatillo y la suspensión de las paritarias, medidas todas agravadas por la cuarentena. Esto ocurre en una provincia con uno de los índices más altos de femicidios y travesticidios del país.
Las trabajadoras de la salud se exponen al contagio del virus por no contar con los insumos básicos para trabajar, como ya denunciaron las enfermeras del hospital Eva Perón en el Cordón Industrial. Y las familias obreras están obligadas a seguir trabajando sin protección en los puertos y fábricas de la provincia. O a la mayoría de precarizadas y autónomas que tienen que salir a ganarse la comida.
Es decir, poco le importan a la funcionaria y su gobierno cuál es la realidad de las mujeres trabajadoras en Santa Fe. Por una salida de la clase obrera
En lo que va del 2020, hubo un femicidio o travesticidio cada 23 horas. Esto se agrava en un momento de reforzamiento del aparato represivo del Estado, con pronunciamientos a favor del estado de sitio como los del propio Perotti o de la ministra de Seguridad de la Nación.
Debemos intervenir en la crisis con planteos reivindicativos concretos, intervenir en los barrios, los lugares de trabajo y estudio impulsando comités de pobladores y vecinos que organicen la producción y la vida cotidiana.
