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El gasoducto de Vaca Muerta a Saliqueló debía ser la salvación del gobierno de los Fernández. Desde la suba extraordinaria de los precios internacionales del petróleo y el gas, como consecuencia del boicot a las exportaciones desde Rusia, el yacimiento argentino se convirtió súbitamente en un negocio muy rentable. Sólo era necesario que un gasoducto lo llevara a las cercanías de Bahía Blanca, para conectarlo con otros ductos ya en funcionamiento, el gas podía ser exportado a Brasil y, mucho más interesante, exportarlo a Europa, una vez que se pudiera convertirlo en fluido para ser transportado y regasificado en el viejo continente. Bastó que se licitaran las obras para este emprendimiento para que el proyecto entrara en crisis o, lo que es probable, se viniera abajo. En momentos en que las reservas internacionales de divisas tienden a convertirse en negativas, se disipa la ambición de los Fernández de llegar ilesos a las elecciones de 2023. La crisis de la construcción del gasoducto expresa el impasse sin remedio en que se ha precipitado toda la economía nacional.
La cesantía de Kulfas, el ministro de la Producción, tiene que ver con el cuestionamiento a la licitación de la obra, donde Techint tiene un rol dominante. Por un lado se le ha adjudicado en forma directa la provisión de los tubos del ducto, por otro lado podría ganar la mayor parte de las obras de infraestructura. Con anterioridad al cruce entre Kulfas y CFK, el presidente de la ex Enarsa había presentado su renuncia por disidencias no clarificadas sobre este mismo asunto. Como sea, el proyecto que debía beneficiar a las petroleras que explotan Vaca Muerta y a las dispuestas a licuificar, transportar y regasificar el fluido en su puerto de destino, como Chevron, Exxon, etc., ha quedado colgado de un pincel. El propósito de tener el gasoducto, bautizado Néstor Kirchner por añadidura, para convertirlo en carta de triunfo el año que viene, se ha convertido en una pesadilla.
Quien dejó al desnudo las inconsistencias del proyecto fue, paradójicamente, Cristina Kirchner. Después de haber alentado la contratación directa con Techint, descubrió que la financiación de la obra, con un anticipo de 200 millones de dólares, no estaría a cargo de Paolo Rocca sino del estado argentino. Es que Techint produce los tubos en su planta en Brasil. Kulfas asegura que podía haberse contratado a una empresa que opera en Villa Constitución, con el ahorro consiguiente del adelanto de divisas. El gasoducto que debe salvar a la economía argentina y a los Fernández adolece de un problema de financiamiento, como ocurre con todo lo demás. De acuerdo a muchos observadores, cuando a mediados de agosto próximo cese la abundante liquidación de divisas de la agroexportación, en lugar de un gasoducto Argentina podría entrar en default o en una devaluación brusca del peso.
Cuando se mira debajo de la espuma, se observa que el gobierno ‘populista’ de los Fernández rifó un enorme superávit comercial, del orden de 15 mil millones de dólares, para financiar importaciones de un modo indiscriminado y autorizar pago de deudas exteriores de empresas privadas. El ingreso de monedas de otros países, cuando se obtiene un superávit comercial, equivale a un crédito a favor del país receptor. Al gastarlo enteramente en autorización de importaciones y otras salidas, está financiando a los beneficiarios a tasa cero. Los ‘populistas’ Fernández han subsidiado al capital por sumas varias veces mayores a las que destina a los planes sociales. Si los importadores hubieran financiado sus compras con créditos de sus proveedores o de los bancos que asisten a estos proveedores, no habría necesitado vaciar de reservas al Banco Central.
Esta descripción permite entender el problema que ha creado el gasoducto, porque quienes lo construyan reclaman financiamiento oficial. Algún diario ya ha advertido que, más allá de la disputa de intereses, el bloqueo del gasoducto obedece a que los Fernández no tienen los dólares para adelantar la obra. No se trata, entonces, de un colapso del gasoducto sino del régimen económico.
El interés internacional que ha despertado Vaca Muerta a partir de la pandemia, por un lado, y de la guerra imperialista, por el otro, habría debido interesar a bancos y/o petroleras internacionales a financiar el gasoducto. Ha ocurrido lo contrario – el gobierno ha debido aumentar el precio que reciben las petroleras para incrementar la producción. El proyecto de la Vicepresidenta, cuando aunó a Chevrón con YPF, en 2014, fue acompañado de una cuenta ‘off shore’, adonde el gobierno ‘populista’ giraría un porcentaje elevado de las ganancias, sin el trámite de pagar impuestos. El acuerdo de Chevrón-YPF no fue hecho público por la Corte de Justicia que, ingratamente, la Vicepresidenta quiere voltear.
La designación de Scioli, embajador de Argentina en Brasilia, podría suponer que el ex gobernador bonaerense, haría de intermediario con la ‘brasileña’ Techint para subsanar la cuestión del financiamiento. Con la crisis de gobierno a pleno, en medio de ‘lapiceras’, tuiteos y 'funcionarios que no funcionan' es sin embargo problemático que las corporaciones arriesguen dinero propio. La crisis política le pisa la cola a la crisis económica, en tanto que el impasse del régimen económico en su conjunto hace inevitable una crisis política en ascenso. El conjunto del proyecto de exportación de petróleo y de gas es en buena parte ilusorio, cuando el mundo ha cambiado de época y entrado en un período de guerras mundiales. Licuar, transportar y regasificar es una tarea costosa – supera el ahorro que se obtiene de la reducción de los costos de explotación.
La crisis de régimen social y político ha entrado en una nueva fase. Lo que es indudable es que representa una carga adicional sobre las espaldas de la clase obrera y los trabajadores en general.
