Santiago del Estero: una ley de agricultura familiar sin cambio de modelo productivo

Escribe Melisa Campero

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El 3 de junio pasado se reglamentó la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, por una Nueva Ruralidad en la Argentina”, ocho años después de su sanción en 2014.

El anuncio lo realizó el presidente Alberto Fernández durante el 2° Encuentro del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal.

Esta ley supuestamente venía a dar respuesta a un reclamo histórico de las organizaciones y comunidades campesino-indígenas, para que el sector cuente con un presupuesto propio, como también establecía reivindicaciones claves como la suspensión de los desalojos por 3 años y la creación de un Banco de tierras.

Durante el anuncio, las incoherencias del Gobierno no tardaron en aparecer. Fiel al discurso “progre”, el Presidente y el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez (reconocido gestor de las corporaciones del agronegocio y defensor del trigo transgénico HB4), hablaron de la importancia de la producción de alimentos sanos, agroecológicos, y de la economía popular, aunque desde el mismo Ministerio, hace pocos días, dieron luz verde al uso de la tecnología HB4 para el cultivo de trigo transgénico y abundante uso del glifosato. El trigo genéticamente manipulado estará en el pan, las pastas, pizzas, galletas, cerveza y otros productos derivados de la harina de este cereal.

Es una política de tipo extractivista. La dirigencia asociada a las organizaciones campesinas y a la Economía Popular, hace lobby con los beneficios que pueden obtener los agricultores familiares y campesinos del agronegocio. Grabois y Emilio Pérsico coinciden en integrar la agricultura familiar a la agricultura de mercado. De hecho vienen impulsado charlas y reuniones entre las organizaciones campesinas y las corporaciones más importantes de la soja. En estas condiciones, la agricultura familiar no podrá escapar a la concentración de la propiedad de la tierra. Basta para ello que cambien los precios relativos internacionales –muy altos en la actualidad– o un plan de ajuste que incluya un alza significativa de las tasas de interés.

¿Es posible la producción de alimentos sanos en este contexto?

En 2021 el gobierno aprobó la ley de “fomento al desarrollo agroindustrial”, que tiene por objetivo alcanzar las 200 millones de toneladas de cereales y oleaginosas para 2030. Para alcanzar estos niveles de producción, el estado le otorgará a las corporaciones agrarias una serie de beneficios impositivos. Claro está que el objetivo de convertir a la Argentina en líder agroalimentario, y conseguir mayores exportaciones y dólares, supone un encarecimiento de la dieta popular básica. Según datos del Indec, alrededor del 40% de la población está por debajo de la línea de la pobreza y el 51,4% de ellos tiene entre 0 y 14 años (INDEC). Para esta inmensa población es imposible acceder a alimentos básicos como la carne, pan, yerba, y leche.

¿De qué soberanía y seguridad alimentaria habla el gobierno? La mega minería y el monocultivo avanzan en el territorio nacional. Hay millones de hectáreas, con sembradíos de soja para exportar a China, mientras que los campesinos y agricultores familiares están afectados por algún tipo de conflicto por tierra o medioambiental.

Así como la Ley de Bosques fue desfinanciada sistemáticamente y no consiguió frenar sustancialmente los desmontes, tampoco logró que el grueso de los proyectos llegue a las comunidades campesinas, la Ley de Agricultura familiar, corre los mismos riesgos.

La problemática del acceso y la propiedad de la tierra, el acceso a recursos para la producción familiar y campesina, la construcción de caminos, el abastecimiento de agua y todo aquello que hace a la mejora de las condiciones de vida campesina, no vendrán de la mano de acuerdos con las corporaciones del agronegocio, sino de una lucha que deberán dar el conjunto de los trabajadores, los del campo y la ciudad, junto con los pueblos originarios y de la agricultura familiar, con las bases campesinas, con agrupaciones ambientalistas, pueblos y escuelas fumigadas, estudiantes, científicos y organizaciones sociales, que actúen independientemente de las instituciones del Estado y de los patrones.

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