La hoja de ruta K ante una crisis recargada

Escribe Marcelo Ramal

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El gobierno aprovechó el fin de semana superlargo para despacharse con algunas medidas que ha querido presentar como un “paquete” económico. ¿De qué se trata?

El ´paquete´ oficial debuta con una suba de la tasa de interés por encima del 50% anual, en la expectativa de frenar la salida de los especuladores del mercado de deuda en pesos, el principal recurso financiero del Tesoro de Guzmán-Fernández. El Banco Central había debido intervenir para comprar los bonos del Tesoro que vendían los privados, para que las cotizaciones no rodaran por el suelo. Para eso emitió 400 mil millones de pesos, que el Banco Central justificó como una operación de “rescate” de la deuda pública. La mitad de esta deuda se encuentra en poder de Anses y Banco Nación, que financian al fisco con el dinero de los jubilados e impuestos de los contribuyentes. La suba de tasas no sirve para contener a los fondos internacionales, porque EE. UU. también subió la tasa de interés para defender una deuda pública que se emite en dólares directamente. Mientras tanto, la suba de los intereses acentuará el frenazo económico, que se evidenció en los datos del movimiento comercial de mayo. Con la suba de tasas, el gobierno espera que los exportadores vendan sus dólares y reinviertan los pesos en los bancos o fondos de inversión.

El gobierno denuncia importaciones elevadas por parte de la gran industria, que paga al dólar oficial y luego revende o remarca los precios al precio del dólar financiero. Es una ‘ganancia’ que merodea el ciento por ciento. La inflación resulta alimentada por la política del gobierno, que luego él mismo denuncia. Para remediar esta situación ha comenzado a devaluar el peso a un 70% anual; impulsa la carestía y la recesión, que refuerza sus inventarios de insumos con un dólar de $120. El ´torniquete´ a las importaciones le impone un techo a la actividad económica, y, por lo tanto, a los ingresos del fisco.

La tercera medida anunciada por el gobierno es la segmentación de las tarifas de luz y gas, eliminando subsidios al “10% más rico de la población”. Con 330.000 pesos de ingreso –unos 1500 dólares- muchos trabajadores ingresarán en la franja de los que soportarán la triplicación de sus tarifas. El gobierno, además, invierte la carga de la prueba: en vez de apelar a sus registros para determinar quién es “rico”, es la población la que deberá demostrar que no lo es y, por lo tanto, gestionar el subsidio. Este tarifazo encubierto –que se suma al 42% ya aplicado durante el año- está muy lejos de aliviar la carga de los subsidios para el Tesoro. Las importaciones de energía, además, se han duplicado, y en el caso de los contratos internos con las petroleras, el gobierno se ha comprometido a pagar más caro el petróleo y el gas adicionales de Vaca Muerta.

Movimientos políticos

En el campo político, se compara esta situación con los últimos días de Macri. Para muchos, el ingreso a la campaña electoral acentuará la fuga de capitales y de dinero. Una salida de Guzmán sería el punto de partida de una crisis de esas características, no el final. Esto ocurriría en el marco de la escalada judicial contra Cristina Kirchner. Se viene una dura acusación de la fiscalía que sigue la causa de la obra pública en el sur, mientras la Corte se prepara para rechazar la impugnación de CFK a los procesos judiciales. De este modo, se crea el escenario para inviabilizar una sucesión anticipada en favor de CFK. En segundo lugar, la instalación de Daniel Scioli en el gabinete apunta a promoverlo para las presidenciales de 2023. Se está reeditando el fracasado operativo “Manzur”, es decir, un armado del pejotismo no kirchnerista y de los gobernadores que, para el caso, ya están montando una Liga. Por último, la cuestión del avión venezolano-iraní ya escaló lo suficiente como para convertirse en parte de la crisis internacional que está promoviendo Israel, contra el acuerdo nuclear de las grandes potencias con Irán. La guerra de la OTAN no se libra sólo en Ucrania, como es holgadamente sabido.

El paquetazo económico y político está provocando realineamientos. La CTA de Yasky, ahora con el apoyo abierto de CFK, promueve un bloque con el sector de la CGT del bancario Palazzo, y Pablo Moyano con la flamante conducción de la UOM, Abel Furlan. Es el bloque que difunde por los diarios la necesidad de unir a la CGT con las organizaciones sociales, mientras Guzmán tajea el presupuesto de asistencia social y Salud, y subejecuta el de Educación. Se trata de salvar a la provincia de Buenos Aires del hundimiento electoral del FdT, con el auxilio de intendentes y ministros que se habían distanciado del kirchnerismo. Con elecciones adelantadas en la mayor parte del país, esta ingeniería electoral debería servir para dar la batalla presidencial, con la expectativa puesta en una división de Cambiemos. Argentina asistiría a la ejecución de un programa económico que sirva para aguantar las elecciones. Se trata de llegar a cualquier precio al ballotage con la compañía del FMI.

¿Alcanzaría esto para evitar un estallido financiero y, como consecuencia, un acortamiento del mandato y/o una rebelión popular?