Escribe Eduardo Molina
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Este próximo 26 de junio se cumplen 20 años de la Masacre de Avellaneda, cuando fueron asesinados los compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, decenas de compañeros heridos de balas de plomo y centenares más gaseados, reprimidos y detenidos. Un crimen de Estado organizado desde la cúpula del gobierno de Duhalde contra el movimiento de desocupados y trabajadores en lucha.
Duhalde se jugaba a recuperar “el control de la calle”, todavía al calor de las luchas que venían de tirar abajo al gobierno de De la Rúa con el Argentinazo. La bancarrota económica y política del Estado, que arrastraba también a los partidos del régimen, se intentaba superarla por la vía de la represión, con el propósito de dar un marco de gobernabilidad a la clase capitalista. La reacción popular a los asesinatos de Maxi y Darío, con grandes movilizaciones al día siguiente, y en las semanas posteriores, sellarían la salida de Duhalde y agudizarían la crisis política.
La lucha de los familiares de Kosteki y Santillán y de las organizaciones piqueteras, de derechos humanos y políticas, llevó a la cárcel a los autores materiales de los asesinatos de Darío y Maxi. Pero durante estas dos décadas, esa pelea continua para llevar a la cárcel a los responsables políticos e intelectuales de aquel operativo represivo con licencia para matar: Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Solá, Luis Genoud, Juan José Álvarez, Jorge Vanosi, Alfredo Atanasoff, entre otros que han sido preservados por el propio régimen y la Justicia patronal. Algunos de ellos, como Aníbal Fernández -también co-responsable del crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra- y Felipe Solá, continuaron revistiendo cargos en sucesivos gobiernos.
Cuatro días antes de aquel 26 de junio una Asamblea Nacional de Trabajadores, reunida en el microestadio Gatica de Avellaneda, anunciaba un plan de lucha y un programa para enfrentar la crisis en la que se encontraba el país y todas las acciones para desarrollarlo.
El Polo Obrero Tendencia y Política Obrera, que vienen de desarrollar congresos en todo el país, aprobó movilizar al Puente Pueyrredón y en todo el país por el castigo a todos los culpables.
Vamos por la cárcel a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, por un Congreso Obrero, por la Huelga General, por un Gobierno de los Trabajadores.