El fallo de la Corte contra CFK

Escribe Jacyn

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La Corte Suprema se tomó tres años, nada menos, para rechazar los recursos presentados por Cristina Fernández en la llamada causa de “Vialidad”, donde es investigada por el presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez y el cobro de sobreprecios, incluso sobre rutas nunca terminadas. La causa se formó en 2016, a instancias del gobierno Macri. A pocas horas del comienzo de las audiencias del juicio oral contra la ex presidenta, en mayo de 2019, la Corte solicitó que se le remitiera todo el expediente, lo que fue interpretado como una maniobra para paralizar el juicio. Apenas 24 horas después, devolvió la causa al juzgado. Lorenzetti adujo que los cortesanos ya se habían hecho copia de la misma. Sin embargo, esta resolución que llega tres años después se remite a la tradicional doctrina de la Corte argentina, a saber, que ésta no interviene en cuestiones procesales, sino ante sentencia definitiva. El juicio se encuentra en la recta final: el 11 de julio próximo está previsto el inicio de los alegatos.

Los fundamentos del fallo constituyen un alegato político, en particular, al rechazar la acusación de lawfare (guerra judicial) por parte de CFK. En sus propias palabras, la Corte negó que el caso entrañara “gravedad institucional” o que no se hubieran respetado las garantías constitucionales de los acusados. “La Corte envió un poderoso mensaje a todo el Poder Judicial”, tituló Clarín (21/6), y recordó que el tribunal es “cabeza de uno de los tres poderes de la República”.

El fallo se produce en el marco de un acentuado declive del gobierno de los Fernández. Apenas 48 horas antes, en su discurso en la CTA de Avellaneda, CFK delineó un programa de gobierno propio. Asimismo, está pronto a iniciarse el debate legislativo sobre los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, donde los K pretenden desplazar a la Corte, que se reservó la presidencia. Se barajan alternativas incluso extravagantes, como la que propone conformar una Corte asamblearia de 24 ministros, a razón de uno por provincia.

Con este fallo, la Corte ha dejado en claro nuevamente su condición de árbitro, aunque tendencioso. Del otro lado de la grieta, otro ex presidente, Mauricio Macri, tiene pendientes sus propias cuitas judiciales. La Corte ha rechazado que la causa contra CFK revista “gravedad institucional” -sólo están en juego sus intereses personales, dijeron los cortesanos-, pero el hecho de que dos de las principales cabezas de las coaliciones políticas que disputarán en 2023, ambos ex presidentes, se encuentren en apremios judiciales muy serios, exhibe directamente un derrumbe institucional –o sea, una crisis de régimen sin atenuantes, producto del socavamiento de la crisis capitalista, sus vaivenes políticos y la lucha de clases, durante 40 años de ´democracia´.

La corrupción en las altas esferas del poder del Estado se ha revelado un instrumento poderoso de lucha política entre facciones de la burguesía, incluso el imperialismo, en Argentina y en todo el continente. Ha sido instrumentada judicialmente para la cobertura de golpes de Estado, llevó a varios ex presidentes a la cárcel e incluso indujo al suicidio a alguno. En este caso, las denuncias contra la ex presidenta han caído “en una suerte de fuero de atracción” (Zaffaroni dixit), porque se concentraron en su mayoría en los juzgados de los jueces Julián Ercolini y del fallecido Claudio Bonadio. La Sala IV de la Cámara de Casación -el máximo tribunal en materia penal antes de la Corte-, que antes también había rechazado los planteos de CFK, está integrada por dos jueces, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de asiduo trato personal con Macri. Como la Corte validó sus argumentos, esto fue interpretado por el campamento cristinista como un espaldarazo (Página/12, 22/6). El fallo de la Corte se produce, además, poco después de que la “causa de los cuadernos” -cuya veracidad ha sido objetada-, estructurada a partir de un sistema de delación entre los mismos implicados, iniciara el último tramo para su debate en juicio oral y de la investigación sobre el avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza, patrocinada por el FBI.

Pero, más importante aún, se conoce en vísperas de lo que podría ser un estallido financiero que precipite el final adelantado del gobierno Fernández.