Escribe Darío Molinari
Tiempo de lectura: 4 minutos
Larreta y Acuña han revalidado sus intenciones de avanzar en la destrucción del Estatuto Docente, pese al rechazo que demostró la docencia porteña con un fuerte paro el 12 de mayo, con más del 80% de acatamiento. Las direcciones de UTE y Ademys manifestaron su rechazo en comunicados, pero no han convocado todavía a ninguna instancia de deliberación para debatir la continuidad de plan de lucha.
Con la creación de los cargos de “Maestro/a especialista” y “Maestro/a de trayectorias escolares” para las áreas de Inicial y Primaria (de contenidos difusos) y a la promoción de la diferenciación salarial que esto supone, el gobierno pretende modificar los criterios de ascenso de la docencia porteña. Pese al intento de presentarla como la posibilidad de ascenso horizontal, a un cargo de mayor jerarquía, se trata en realidad de una medida reaccionaria. A través de esos cargos, cuyas funciones serán establecidas por el Ministerio, le permite al gobierno monitorear las escuelas. Es que hace mucho tiempo que el gobierno intenta sumar nuevos adeptos entre las conducciones escolares y que los docentes cumplan, lisa y llanamente, el rol de aplicadores.
La reglamentación de la Ley, que Larreta logró imponer con votos propios en el parlamento, llegó en el día de ayer a los correos electrónicos de la docencia. Establece no solo el acceso a esos nuevos cargos, a través de cursos dictados por el Ministerio y un orden de mérito que el mismo establecerá, sino que también modifica los criterios para acceder a una titularización de un cargo de base. En este sentido, el gobierno pretende dejar de lado la antigüedad en el rol. Otorgará puntos extras, a los que ya dan las carreras y cursos, en concepto de préstamos ´por formación´, para la titularización. Bien mirado, se trata de un beneficio para las entidades privadas y sindicatos afines que en los últimos años han extendido la oferta de carreras y cursos arancelados, mientras el gobierno recorta la formación brindada por Escuela de Maestros.
El otro aspecto que establece la reglamentación es un avance sobre el régimen de licencias. En ellas intentan limitar la posibilidad de licenciar el cargo titular de base por la obtención de otro de mayor jerarquía o mayor carga presupuestaria. Es decir que los campeones del ´ascenso horizontal´ le ponen trabas al ascenso, limitando la posibilidad de acceder a un cargo, con mayor remuneración a lo largo del ciclo lectivo. Por otra parte, en su intento de frenar una supuesta movilidad docente, salieron con los tapones de punta con sanciones a los docentes que renuncien a un cargo, inhabilitando por 30 días la posibilidad de obtener uno nuevo en los actos públicos. El gobierno presenta estas medidas a la opinión pública como una medida para garantizar, en la escuela pública, la continuidad pedagógica del alumnado. Sin embargo, no pasa de ser un verso. En primer lugar, porque se trata del gobierno que les negó la conectividad y equipos a miles de niños en la ciudad, durante la virtualidad. En segundo lugar, porque no resuelve el problema de fondo. Resulta que los y las docentes titulares de escuelas primarias de jornadas simples se ven obligados a migrar a una jornada completa, no sólo porque no le alcanza con un cargo, sino porque necesitan de un tercero para llegar a fin de mes. En la actualidad, trabajar en jornada completa permite la toma de un tercer cargo. Estas medidas, por otra parte, no resuelven la falta de docentes, sino que benefician la migración de trabajadores de la educación del sector público al privado.
Otras de las licencias que pretenden modificar es la de sin goce de sueldo por motivos particulares, para docentes titulares con una antigüedad en el cargo de un año. Esta licencia se puede tomar por un período de un año, con la posibilidad de prórroga por un año más. El uso de la misma puede realizarse cada cinco años. El gobierno pretende modificar el mínimo de días a licenciar (de 7 a 30 días). Esto constituye un ataque en regla a las maestras que son jefas de hogar, a las que el propio régimen capitalista las empuja a ser sostén material y estar al cuidado de sus hijos. En varias oportunidades, se ven obligadas a recurrir al uso del mínimo de días de esa licencia, para realizar la adaptación escolar de sus hijos.
Para completar el combo, en un cuadro de persecución de la actividad sindical en las escuelas, con sanciones a docentes con fueros gremiales, plantearon que modificarán por decreto las licencias gremiales, pero sin detallar en qué consistirán las mismas. También, el régimen de vacaciones.
La pasividad de las direcciones sindicales es inversamente proporcional al ataque que desarrolla el gobierno. No podemos esperar a que la medida sea implementada en el 2023, para organizarnos. La reforma que impulsa el gobierno sobre nuestro Estatuto constituye una reforma laboral en toda la línea, ya no es encubierta. Larreta intenta presentarse a los ojos de la burguesía como la mejor carta de recambio de un gobierno nacional en crisis. Pretende mostrar su capacidad de ir a fondo contra los convenios colectivos y el recorte de gastos sociales en un cuadro de ajuste.
Enfrentar esa política merece una respuesta de conjunto de todo el gremio. Se impone la necesidad de una asamblea general, con mandatos de escuelas por la huelga, en defensa del Estatuto, por un salario igual al costo de la canasta familiar para un cargo de jornada simple o equivalente, la defensa de la obra social y el 82% móvil para jubilaciones. Desde esta perspectiva impulsemos el debate en las escuelas y colegios.