Justicia para Maximiliano Kosteki y Darío Santillán

El capitalismo busca sofocar, al precio que sea, las luchas sociales que generan la explotación de los excluidos.

Entre tantos otros, los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, son una evidencia palmaria de ello.

Es que, para sostener las relaciones sociales que le sirven de basamento, los gobernantes que representan a la clase opresora no trepidan en cegar la vida de aquellos que enfrentan la injusticia capitalista.

Con frecuencia se sostiene que los gobernantes (delegados de la clase privilegiada) deben “responder políticamente” por esas muertes brutales y, en el mejor de los casos, solo en ocasiones aisladas, se obtienen condenas que alcanzan exclusivamente a los autores materiales de los crímenes.

Mientras tanto, al amparo de un poder judicial que nace de las entrañas del régimen opresor la SANCIÓN PENAL NO LES PASA, NI DE CERCA, A LOS FUNCIONARIOS REPRESENTANTES DE LOS DIVERSOS GOBIERNOS PATRONALES.

De un modo excepcional, por la insobornable e inclaudicable lucha popular se logra horadar (solo en parte) la cobertura de impunidad y, como ocurrió con el burócrata sindical José Pedraza, se obtiene su encarcelamiento.

Pareciera ser que la ley vigente no permite castigar penalmente a los llamados “responsables políticos” de los crimines del Estado capitalista.

Ello no es así.

Aún desde la óptica burguesa, una correcta interpretación de la teoría del delito demuestra de un modo incontrastable que esa conclusión es absolutamente falsa.

ES LEGALMENTE ADMISIBLE QUE LOS GOBERNANTES RESPONDAN PENALMENTE POR LOS CRÍMENES QUE, EN RESGUARDO DE INTERESES DE LA CLASE OPRESORA, ELLOS MISMOS DECIDEN QUE SE PRODUZCAN.

Brevísimo raconto

En el mes de agosto de 1.999 Carlos Ruckauf era vicepresidente de la Nación y postulante a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Aseveró: “hay que meter bala a los delincuentes”.

Ese nefasto personaje también afirmó: “Hay que entrar en todas las villas con los efectivos necesarios para acabar con el delito. La policía está capacitada, hay que dar las instrucciones y las decisiones de combate. Pero démosle las normas, no sea cosa que entre un policía a uno de esos lugares, mate alguno y después aparezca algún abogado de delincuentes a decir que el asesino es el policía.”

A su turno Eduardo Duhalde llamó a reprimir a los piqueteros “el Estado, ante ciertos delitos, tiene que poner en marcha la actitud represiva…” (30 de noviembre de 2.003. Diario Página 12).

Por su parte Juan Álvarez, como Secretario de Seguridad Interior, contundentemente y sin tapujos amenazó con la siguiente frase: “si se cortan todos los accesos al mismo tiempo será tomado por el Gobierno como una acción bélica” (Diario Clarín 19/06/02).

Días después, el 26 de junio de 2.002, fueron masacrados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Aníbal Fernández era el secretario general de la presidencia de la Nación.

Ese feroz enemigo de la clase laboriosa afirmó que previo al crimen de estado una asamblea de piqueteros había planeado “un cronograma de hostilidades y lucha armada”.

Fiel a su estilo de propalador serial de embustes y calumnias, aseveró que “los piqueteros se mataron entre ellos”.

El 21 de octubre del 2.010 (con un cinismo sin par) el canalla aludido pretendió encubrir el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.

Dijo.” que él no puede hacer nada si "un tarado" sale de su casa con un arma. Y afirmó que la Policía Federal, cuestionada por la supuesta falta de intervención, "hizo lo que tenía que hacer". (Diario Clarín).

En la misma línea, al referirse al asesinato del dirigente social Ángel Verón, contrariando todas las evidencias colectadas, sostuvo que su muerte se produjo a consecuencia de heridas previas.

En ese momento los dos bandos burgueses que se disputaron el gobierno, abiertamente expresaban que iban a castigar la protesta social.

Fundamentación jurídica de la responsabilidad penal de los funcionarios estatales

El artículo 54 del Código Penal establece: "Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestaren al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubieren determinado a otro a cometerlo”.

Está claro entonces que deben responder penalmente como autor tanto el ejecutor (autor directo); como quienes en conjunto realizan la acción típica antijurídica y culpable (autoría concurrente) o quienes prestan al autor o a los autores un auxilio o cooperación sin los cuales el delito no habría podido cometerse (partícipes necesarios).

Los crimines que son la consecuencia inevitable de las políticas de “mano dura” o de “gatillo fácil” son perpetrados materialmente por miembros de las fuerzas de seguridad.

¿Quiere decir entonces que la pena que reprime el delito cometido solo puede recaer contra quienes “aprietan el gatillo” o golpean de un modo brutal y criminal?

Si así fuera, ¿A quién se refiere la norma del artículo 54 del Código Penal cuando establece que deben ser castigados con la pena del autor “los que hubieren determinado a otro a cometerlo”?.

Es evidente que los determinadores (que no son ni autores ni cómplices) son penados como autores, pero no del delito, sino de la determinación de otro a la comisión del mismo.

Con esa fórmula el Código Penal crea un tipo de AUTOR DE DETERMINACIÓN.

A consecuencia de mismo los determinadores (que no son ni autores ni cómplices) deben ser penados como el autor por haber determinado a este a cometer el delito.

Por su propia naturaleza las fuerzas de seguridad son organizaciones basadas en un estricto sistema vertical de respeto y cumplimiento de la toma de decisiones.

En ese contexto la apretada síntesis de las declaraciones públicas de encumbrados funcionarios anti obreros acreditan elocuentemente como estos, con sus mandatos represivos, determinan a sus subordinados para la comisión de brutales delitos.

No hay duda entonces que a esos funcionarios les cabe la misma pena que a los autores materiales de los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad que responden a sus órdenes.

Exijamos el juicio y el efectivo castigo penal a los responsables de la política criminal que asesina a los luchadores de la clase laboriosa.

SOCIALISMO O BARBARIE.