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El despido de Martin Guzmán no es más que la consecuencia del fracaso del acuerdo con el FMI, que debía servir como “red de seguridad” para llegar a las elecciones de 2023. Desde la firma del acuerdo la inflación no ha hecho más que crecer, mientras que el financiamiento del Estado se ha quebrado, como lo demuestra la fuga de capitales del mercado de deuda local en pesos. El rescate de los bonistas con dinero del Banco Central ha creado un escenario de hiperinflación. A partir de la asunción de la nueva ministra, el Banco Central se ha comprometido, por medio de contratos, a socorrer a estos bonistas de un modo permanente y estructural, lo cual crea la perspectiva de una emisión de moneda sin freno. No solamente el gobierno, incluyendo a Cristina Kirchner, sino el conjunto de los partidos patronales y el régimen político han caído en un estado de parálisis e inmovilismo. El estado catatónico del oficialismo ha llevado, súbitamente, a que varias de sus facciones se hayan lanzado a la convocatoria de asambleas de sector, y a que un ala de la burocracia sindical hable de ´movilizaciones´, para neutralizar las presiones por una huelga general.
Los anuncios de Batakis han dejado plantada la semilla de una mayor división en el gobierno. El ajuste de salarios y gastos sociales e inversiones públicas, que plantea el “régimen de caja” de la ministra, es lo contrario de lo que venía reclamando en sus diatribas Cristina Kirchner; lo mismo ocurre con el anuncio del tarifazo ‘segmentado’. El paquete de nuevas medidas no impedirá, sin embargo, que la inflación se dispare a un rango de entre el 80 y 100% anual. La expectativa del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, de que todo se encarrile en la primavera, cuando comience a disminuir la importación de gas, es como soñar despierto, porque esto no hará frenar la fuga de capitales, ni el mayor gasto de electricidad que se produce en verano. La agudización de los enfrentamientos en el gobierno es suficiente para llevar la insolvencia del Estado a nuevos niveles. Por otro lado, la decisión de aumentar fuertemente las tasas de interés, para que los capitalistas no huyan del mercado de la deuda pública en pesos, desataría, incluso para los especialistas que apoyan la medida, una recesión de alcance todavía indefinido. El ajuste de gastos a provincias y organismos estatales los obligará a financiarlos con mayor endeudamiento y también más caro. La duración de la nueva ministra en el cargo de Economía será mucho más breve que la de Guzmán.
Un nuevo impasse
Batakis no sólo se ha apartado de los reclamos kirchneristas de retenciones o “salarios universales”, que no son ni uno ni lo otro; también descartó una devaluación “brusca”, como exigen los fondos internacionales, o incluso un desdoblamiento cambiario, como sugieren voceros de la patronal local. Temen que provoquen un estallido social, como llaman a las irrupciones de masas que desbordan a los aparatos burocráticos. El inmovilismo, sin embargo, alienta el acaparamiento de cereales por los grandes capitales agrarios, que para algunos sería de 8.000 a 10.000 millones de dólares. Por la misma razón, el gasoducto para Vaca Muerta no encuentra financiación. La pugna interna de la burguesía, por una u otra salida, acentúa naturalmente el conjunto de la crisis terminal. Por último, la guerra financiera que ha desatado EE. UU., al aumentar la tasa de interés, ha desencadenado una ola de desvalorización de monedas y devaluaciones, como resultado de una salida generalizada de capitales en numerosos países, incluso en la Unión Europea, lo que aumenta el monto del capital y de intereses de las deudas externas. Es un escenario de cesación de pagos, crisis terminales y rebeliones populares (Sri Lanka).
El horizonte político y la lucha
La burocracia sindical ha dejado en claro que sigue apoyando al gobierno y, en consecuencia, las modificaciones pactadas con el FMI. La CGT anunció una movilización para agosto, no un paro o una huelga general, contra el gobierno, sino contra los “formadores de precios” con los que Batakis está negociando un acuerdo.
De otro lado, Juan Grabois y Emilio Pérsico, el primero un funcionario de gobierno que comulga con CFK y el otro con Alberto Fernández, han anunciado la realización de asambleas y planes de lucha propios, e incluso la intención de convertir a las organizaciones sociales que encabezan en nuevos partidos. Es otro aspecto de la disgregación del gobierno. Esos partidos podrían ir a una interna del Frente de Todos, si se lo permiten, o lanzarse al ruedo por cuenta propia, o en alianza con otras fuerzas, por ejemplo el FIT-U, donde esta perspectiva cuenta con algunos apoyos. El PO oficial le ha tirado guiños positivos al movimiento de Grabois, por parte de su dirigente Eduardo Belliboni. El congreso reciente del PO oficial abrió la puerta a esta perspectiva, al proponer la construcción de “un movimiento popular con banderas socialistas”. Los sucesores de la Juventud Peronista de los 70 no le hacen asco al socialismo, como que su bandera era la Patria Socialista; el peronismo ha coqueteado con el ‘socialismo’, aunque nacional, y ha sido decididamente hostil a la lucha de clases y al marxismo. Aunque se trata de un fenómeno embrionario, la tendencia a un frente popular, o sea, de conciliación de clases, encuentra su oportunidad en la disgregación del peronismo, en un marco potencialmente revolucionario. Tendríamos (ya tenemos, en sus primeros pasos) un frente entre la izquierda ‘independiente’, de un lado, y la organizaciones que tributan en el Vaticano, del otro. El frente popular ha sido en toda la historia, diríamos de cuatrocientos años, un recurso del capital contra la clase obrera. Eso lo saben, en el FIT-U, de memoria –literalmente.
La “argentina kirchnerista” en bancarrota va camino a una hiperinflación. Las direcciones políticas tradicionales acompañan este derrumbe, al menos hasta la puerta del cementerio. La posibilidad de que se reciclen a un frente popular es admisible, aunque no será un camino sencillo. Las luchas de trabajadores se desenvuelven al margen de las direcciones sindicales. Emergen movimientos autoconvocados, paros y piquetes. Está planteada la agitación por una huelga general, para imponer las reivindicaciones. En esta fase incipiente del proceso revolucionario es necesario darle expresión organizada a este proceso por medio de la agitación política. A esta necesidad responde el llamado a organizar un Congreso de Trabajadores. Los llamados a asambleas que proliferan en este momento constituyen una prueba del realismo de nuestro planteo, el planteo de Política Obrera. En lugar de asambleas de facción, llamamos a una asamblea nacional que tenga el carácter de un Congreso Obrero. Se trata de impulsar, mediante la agitación y la organización, la intervención política autónoma de la clase obrera. Es el punto de partida práctico de una revolución conducida por el proletariado.
El conjunto de las clases y estratos explotados del pueblo sólo encontrará una salida en la conquista del poder político por parte del proletariado.
