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El discurso viral de Cristina Kirchner, donde denuncia que la Corte Suprema tiene escrita su condena en el caso Vialidad, extrema los esfuerzos de la vicepresidenta por polarizar una crisis política, en medio del derrumbe de la economía y los enfrentamientos dentro del gobierno y de la coalición oficial en su conjunto. El llamado “a todos los partidos, de izquierda a derecha, a construir una nueva Corte”, es el precio que le ha puesto a la amenaza de ingobernabilidad que crece día a día. Los corifeos del oficialismo sólo han atisbado la intención de una proscripción de Cristina Kirchner, cuando se trata de una amenaza a la continuidad del gobierno. CFK apelará el fallo adverso del Tribunal que se reunirá en fecha próxima ante la Cámara de Casación. En los pasillos de Comodoro Py dan por descontado que aquella ratificará la sentencia. Después de todo lo dicho, está descartado que la Vice lleve el asunto a la Corte, salvo que responda a una maniobra política que por ahora nadie ha insinuado.
Más allá de la controversia estrictamente judicial, la condena de Cristina Kirchner es la culminación del fracaso del oficialismo por cambiar la composición de la Corte y lo mismo con instancias inferiores que le son adversas, a través del Consejo de la Magistratura. Antes de enfilar hacia la última etapa de los diversos procesos judiciales en danza, la Corte impuso un cambio en el Consejo y se quedó con la presidencia del mismo. La derrota es tan manifiesta que los Fernández no lograron reemplazar al Procurador Fiscal, el macrista Casal, que simplemente había usurpado el lugar, luego del defenestramiento de la kirchnerista Gils Carbó. Como relata insistentemente Alconada Mon, en La Nación, el enjuiciamiento de los protagonistas de la estafa internacional de la constructora brasileña Odebrecht no pudo hacer pie en Argentina, debido a sus sólidos vínculos con el macrismo (Calcaterra), el kirchnerismo (De Vido) y los ‘independientes’ –como los gobernantes de Córdoba en relación a los gasoductos troncales en esa provincia, con destacada intervención de la brasileña-. De todas las causas que enfrenta CFK -Hotesur, ruta del dinero-, la más avanzada es la de Vialidad. De acuerdo a la acusación, el dinero que lavaba Lázaro Báez tenía su origen en los sobreprecios de las obras públicas en Santa Cruz. Vialidad se encuentra asociada con la condena a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de 55 millones de dólares provenientes de la obra pública, sobreprecios y evasión fiscal.
La vicepresidenta contrasta la condena que le espera con las absoluciones que recibió Macri en las causas del espionaje político desde la AFI y contra los familiares del ARA San Juan. También denuncia que la justicia federal porteña ha sido “puesta a dedo” por Macri, sin mencionar que ese traspaso fue habilitado por el peronismo en el Congreso. Lo mismo ha ocurrido con las fallidas designaciones “por decreto” de Rosenkrantz y Rosatti, que luego fueron vehiculizadas por los ´opositores´ peronistas en el Congreso. El actual régimen judicial, incluida por supuesto su Corte Suprema, es el que “supieron construir” todos los gobiernos, especialmente en las últimas décadas. La reivindicada “Corte ejemplar” en el periodo de Néstor Kirchner tuvo, en realidad, la tarea de legitimar la pesificación asimétrica y los ‘corralones’ que desplumaron de su dinero a los ahorristas del período del 1 a 1. Todo el Poder Judicial se asoció a esa estafa cuando declaró solventes a los bancos y AFJPs, que habían quebrado con la caída de la convertibilidad. Con ese recurso, el Banco Central les prodigó miles de millones de pesos, por medio de redescuentos, para reflotarlos financieramente.
Fracaso político
La denuncia de Cristina es otro reconocimiento al derrumbe político de la coalición del Frente de Todos y de ella misma. El desmantelamiento de las causas abiertas contra Cristina era la tarea fundamental que tenía asignado el presidente Alberto Fernández como operador judicial. La acción ‘destituyente’ de la Corte Suprema arroja a la vicepresidenta al refugio de los fueros y plantea un escenario de “candidata procesada”.
El video de CFK es el puntapié de una campaña política que tiene el propósito de reconvertirla en lideresa de un movimiento popular –la última etapa de tres años de fracasos. La obliga a crear las condiciones para disputar la presidencia en 2023, aunque sus seguidores y ella misma, probablemente, prefiera conservar los fueros con un puesto en el Senado. Pero si no hay condiciones para ir al frente el año que viene, corre el riesgo de no alcanzar el segundo lugar en los comicios bonaerenses. Todo esto, si la hiperinflación no acorta el mandato de los Fernández en su conjunto.
