Escribe Leonardo Perna
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El Ministro de Desarrollo Juan Zabaleta, firmo una nueva resolución que crea una serie de unidades de evaluación con el propósito de “verificar actividades y el cumplimiento de las corresponsabilidades". Estos convenios de evaluación estarían a cargo de las universidades nacionales entre otros entes.
Estos entes no evaluarán la situación socio-económica de los titulares, no tendrán en cuenta la alimentación de las familias afectadas o siquiera si se desempeñan en un régimen laboral flexibilizado, en changas o directamente en negro. Sino que verificaran la situación de contraprestación de cada titular del plan social.
"La facultad de verificación incluye la evaluación y/o validación de la certificación de la contraprestación que realizan los titulares de acuerdo a los proyectos de tipo socio-productivos, socio-laborales, socio-comunitarios o de terminalidad educativa" indica Zabaleta en la resolución. Esta ofensiva se da cuando los montos del Potenciar Trabajo son reducidos día a día por la inflación y el aumento de tarifas. Mientras la canasta familiar esta encima de los 100.000$.
Complementarán los controles de la contraprestación con “centros de referencia” y “centros de economía popular” que serán integrados nada menos que por personal de la Secretaría de Economía Social del Ministerio. Así, funcionarios de la cartera oficial regirán de patrones directos bajo el paraguas de las unidades de evaluación.
Para darle rodaje el ministerio seguirá "el resultado de las verificaciones efectuadas en relación al cumplimiento de las corresponsabilidades" y los centros de referencia deberán “facilitar mecanismos de acceso de los titulares, grupos de trabajo y unidades de gestión” para continuar con la certificación de la contraprestación laboral.
En simultáneo a esta medida, una nueva ola de persecuciones sobre las organizaciones sociales se profundizó con denuncias judiciales, allanamientos en Jujuy y varias provincias e incluso con las detenciones de varios referentes. Por todo esto, la asamblea de trabajadores ocupados y desocupados que se llevó adelante en el micro estadio de Lanús colocó un duro pronunciamiento contra esta situación persecutoria, llamó a movilizarse contra este ataque y a abrir un debate sobre los métodos organizativos.
"No va a haber más altas del plan Potenciar Trabajo y decidimos cuidar al beneficiario del plan", sentencio Zabaleta al ser consultado sobre la finalidad de las nuevas medidas. En el marco de la crisis terminal del gobierno, continúa implementando una política social de recorte a los desocupados. También va en el sentido de lo dictado por Cristina Kirchner y su objetivo de sacar a las organizaciones piqueteras de la cancha. La preocupación está colocada en cortar de raíz cualquier respuesta independiente del movimiento de desocupados incluso reforzando el lazo estatal de aquellas organizaciones cooptadas previamente, desde el Evita hasta la UTEP.
Mientras suceden estos ataques, los alimentos no llegan a los comedores, no hay bono para nadie y los montos de todos los subsidios son pauperizados. Se discute en la clase obrera una salida para derrotar al gobierno y el ajuste del FMI empujando una lucha unitaria. Plenarios y asambleas ponen sobre la mesa el método del congreso obrero y la huelga general para poder avanzar. Este 27 de julio un importante arco de organizaciones sale a la calle en todo el país en una jornada de lucha que marchará hacia la Plaza de Mayo.