Tiempo de lectura: 4 minutos
La decisión del gobierno de Fernández de prolongar la cuarentena -que se descuenta anunciará en las próximas horas- tiene una razón muy clara: el “aislamiento social” es la única carta con que cuenta el gobierno del Frente de Todos para enfrentar la pandemia. El ministro Ginés García se estuvo vanagloriando de que Argentina sería un “modelo” internacional, en función de un presunto amesetamiento o contención del número de casos. Los especialistas independientes, en cambio, colocan a esa información entre corchetes, porque Argentina carece de cualquier dispositivo de diagnósticos masivos para aseverar cuál es el grado de contagio. Así las cosas, el único “mérito” y recurso puesto en juego es el de la permanencia en las casas.
Más allá del aislamiento, los límites expuestos por el gobierno FF en el abordaje de la pandemia son colosales. El mayor de ellos, como ya se dijo, es la ausencia de una política de detección de infectados a gran escala. Un embarque que debería arribar de China todavía es esperado –naturalmente, el sistema sanitario argentino no contaba con inventarios para diagnóstico, en prevención de situaciones de crisis. Los derechistas que en estos días propugnaban el retorno rápido a la actividad han debido bajar sus decibeles, precisamente, porque saben que sin kits masivos un levantamiento rápido del aislamiento podría redundar en una catástrofe sanitaria.
Más grave todavía es el escenario de los críticos respiradores mecánicos. La intervención del gobierno al único productor nacional es un refuerzo de fondos, que en el mejor de los casos permitirá aportar unas 200 unidades semanales. Alberto Fernández, en la reunión virtual del G20, pidió una suerte de “pool” internacional de implementos para la emergencia, a sabiendas -o no queriendo saber- que la tenencia de respiradores, elementos sanitarios y eventuales vacunas constituye hoy el nuevo campo de batalla de la guerra comercial y política que cruza a Estados Unidos, China y la Unión Europea. En cualquier caso, para el “pool” que sí estaba al alcance de AF -la centralización de los recursos de salud privados y públicos en su propio país- no se dispuso ningún paso efectivo, más allá de la sesión de camas por parte de algunas obras sociales sindicales. (Camioneros, una de ellas, será seguramente una de las más afectadas por el coronavirus). El estado, al rescate del capital
El escenario no es mejor en el plano de las “emergencias económicas” dispuestas por el gobierno. Un neoliberal, Marcos Buscaglia, ex economista de Merryl Linch, señala en La Nación (29/3) que el paquete de asistencia social dispuesto por el gobierno “brilla por su modestia”. En efecto: el refuerzo a la AUH y el “ingreso de emergencia” de $10.000 representan el 0,5% del PBI -unos 1.800 millones de dólares. Naturalmente, el hombre propone mejorar esa asistencia con un plan de reducción masiva de los salarios estatales. Se “olvida”, en cambio, que el ahorro nacional representa unos 45.000 millones de dólares anuales, equivalente a 25 “paquetes de ayuda” como los anunciados días atrás por Kulfas y Guzmán. Como es sabido, una parte sustancial de ese ahorro es destinado al servicio de la deuda pública, que el gobierno continúa pagando.
En cuanto a la asistencia a los propios capitalistas, los fondos que los bancos privados prestarán a tasa baja a las empresas, para el pago de los sueldos, provendrán de los encajes no remunerados que estos bancos tienen depositados en el Banco Central. En otras palabras, el pretendido “aporte” de los bancos sólo será un nuevo buen negocio para estos. “Entre tener ese dinero encajado en el Central a tasa cero, o prestarlos a una tasa baja, los bancos prefieren esto último” (Infobae, 17.3) La “emergencia crediticia” dispuesta por el gobierno implica una intervención estatal del sistema bancario, pero en rescate del capital. Mientras tanto, el capital acumulado de bancos y empresas, expresado en dinero, inventarios y propiedades, no ha sido objeto de ninguna intervención siquiera en términos fiscales (impuestos extraordinarios).
Cuarentena “light”
Los capitalistas aceptan la extensión de la cuarentena a sabiendas de que su alcance viene “amortizado” por los feriados de semana santa. Pero para después, esperan imponer una cuarentena “acotada”, que preserve a los grupos de riesgo, pero devuelva a la fuerza laboral a las fábricas y comercios. Esta presión, sin embargo, coincidirá con el momento donde, según los sanitaristas, las medidas de aislamiento y cuidado deberían reforzarse con el mayor celo.
Frente a este escenario, el gran capital se dispone a avanzar en la violación de la cuarentena “sin que se note”, sumando nuevos rubros a las excepciones industriales y comerciales. Allí donde esto resulte resistido, está presente la extorsión de las suspensiones y despidos, como acaba de disponer el grupo Techint. Los choques entre el capital y la clase obrera se replican, de un modo cada vez más extendido, en las empresas que están produciendo. Las asambleas y paros en reclamo de condiciones laborales seguras, reducción de turnos e interrupción de plantas o líneas de producción no esenciales se están multiplicando, como se vio entre los recibidores de granos de Timbúes, en Bimbo y varias otras alimenticias, entre los telefónicos. Estos movimientos, en su mayoría, han nacido desde abajo. La burocracia sindical acompaña pasivamente al embate y la voracidad patronal.
La incapacidad del gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria y social anticipa un escenario de polarización social, como ya ocurre en varios países europeos e incluso en Brasil y Chile. A partir de las luchas y choques en defensa de la salud y la vida de los trabajadores, es necesario desarrollar un plan de acción y una coordinación con los medios a nuestro alcance, para derrotar a la pandemia y a la impotencia de los gobiernos y gestiones capitalistas.
