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La eventualidad de que el día domingo culminara con anuncios oficiales de carácter económico no tuvo lugar. Después de la corrida cambiaria de la semana pasada, el gobierno no movió una sola pieza de su política económica, con excepción del intrascendente anuncio de un dólar especial para los turistas extranjeros, y de las restricciones a la compra de certificados que representan acciones de empresas internacionales (CEDEARs), un mecanismo de dolarización de activos que emplean los capitalistas locales.
Una interpretación del inmovilismo es que el gobierno deberá someter cualquier iniciativa al arbitrio del FMI, con quien la ministra Batakis se reunió en estas horas. Sería, en todo caso, la confirmación de que la política económica del gobierno de “Todos” ha quedado bajo la tutela del directorio del Fondo y del Departamento de Estado. Pero más allá del FMI, es evidente que al interior del gobierno no se logró acordar ninguna iniciativa. La posibilidad de permitir una liquidación parcial de la cosecha a un dólar financiero -”dólar agro”- quedó suspendida. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, teme al descontrol que podría provocar añadir otros mercados a los numerosos que existen y a una emisión adicional de pesos. Los impulsores de esta medida no aseguran que sirva para aumentar las exportaciones, ni las consecuencias de orden general de una devaluación localizada. Pesce es partidario de dejar todo como esta hasta llegar a la “primavera”, cuando menguaría la demanda de divisas para comprar gas. Massa y varios gobernadores de provincias, plantean la necesidad de un cambio de gabinete para llevar adelante una devaluación, cuyo primer paso sería un desdoblamiento de los mercados de cambio.
Operación soja
Ese rimbombante ataque a los sojeros es sólo la “cortina de humo” de una pulseada que tiene a varios contrincantes. La “cosecha retenida” -y que Fernández contabilizó en 20.000 millones de dólares- no superaría los 13 o 14.000 millones. Pero tiene a algunos miles de millones más, no en mano de los productores, sino de las cerealeras y aceiteras. Según informan los medios especializados, los funcionarios de Fernández se reunieron con los popes de la cámara aceitera para pedir algo que ya tuvo lugar en el pasado -adelantar una liquidación de exportaciones que aliviaría la escasez de reservas internacionales disponibles. Pero los jefes del Consejo Agro exportador adujeron que “no tienen materia prima para procesar”.
Pero la presión devaluatoria tiene otro componente crucial: ocurre que el precio de la soja, y también el del maíz y el del trigo, han entrado en una pendiente en los últimos dos meses. La caída de los precios refuerza la presión devaluatoria. Una devaluación aseguraría una multiplicación de los ingresos del fisco a través de las retenciones -una de las exigencias centrales del acuerdo con el FMI. Por eso mismo, es probable que Georgieva y los suyos aprueben o presionen para la devaluación, dado el incumplimiento, por parte del gobierno, de devaluar por arriba de la inflación y aumentar las tasas de interés.
La alharaca oficial en torno de los “acaparadores de granos” es un gran taparrabos. Lo que está en discusión es si el régimen político es capaz de pilotearla. La bancarrota fiscal (deuda pública impagable) ha provocado una crisis política terminal.
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