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Nociones como la de “espacio público” y el “derecho a la libre circulación” pasaron a ser, según el discurso oficial, los ordenadores del “conflicto social” en momento en los cuales, justamente, éste parece agudizarse. La forma encubierta de criminalizar la protesta social, llevada adelante por el gobierno de Rodolfo Suárez, se realiza aplicando el artículo 194 del código penal, que introdujo la dictadura de Onganía en 1968, y el código contravencional creado por Alfredo Cornejo en 2018.
Luego de las masivas movilizaciones del pasado 27 de julio en la provincia, de docentes, judiciales, agentes de administración central y registro civil y personal de salud -estos últimos con medidas de lucha que ya llevan casi 60 días-, el gobierno en reuniones paritarias ofreció cifras paupérrimas, que los distintos sindicatos terminaron rechazando de plano.
A eso siguió que, de forma autoritaria y por decreto, el gobierno fijara los “aumentos”: 12% para el mes de agosto, no acumulable, y un 6% para los restantes meses hasta fin de año, lo cual, incluyendo ítems no remunerativos, “garantizaría” un salario neto de $ 67.200 a partir de agosto, para llegar a $75.100 recién en diciembre del corriente año para la gran mayoría de los trabajadores que dependen del estado. Obviamente, para el gobierno, una vez más la variable de ajuste es el salario de los trabajadores.
La respuesta a tal ignominia no se hizo esperar: el SUTE (docentes) llamó a plenarios departamentales para discutir qué acciones de lucha se llevarían adelante. Desde el frente estatal nucleado en ATE, se convocó a una asamblea abierta el martes 2 de agosto, en la explanada del hospital Humberto Notti, también para debatir cuáles serían las medidas a seguir. Finalizando la asamblea, irrumpieron policías de investigaciones y se llevaron detenido al secretario general de ATE, Roberto Macho, junto a tres dirigentes más, incluida su compañera. El fiscal Fernando Giunta (el mismo que tuvo varias denuncias por violencia de género en 2017 y que aún sigue en su cargo), los imputó por haber infringido el remanido artículo 194 del código penal. A tres dirigentes de ATE los liberaron previo pago de caución, y al secretario Roberto Macho lo trasladaron al penal provincial, por tener otras causas por el mismo artículo.
Al día siguiente, como respuesta política, cientos de trabajadores nucleados en ATE, CTA -con la adhesión del Polo Obrero Tendencia Mendoza, que también estaría bajo la lupa gubernamental, ya que, según un medio local, estaría siendo investigada la compañera Rosario Gómez junto a dos compañeras del Frente Darío Santillán por el corte y movilización del jueves 28- marcharon hasta Casa de Gobierno, pasando por la legislatura provincial y el Poder Judicial de la provincia, reclamando la liberación de Macho, lo que se logró al día siguiente. Suárez pretende aleccionar y amedrentar a miles de trabajadores que sobreviven con sueldos por debajo de la línea de la pobreza, espiando o llevando detenidos a dirigentes sociales o gremiales. Hay que reclamar por la NO persecución a trabajadores y por el sobreseimiento de todos los imputados en todas las causas que versen sobre criminalizar la protesta social.
De momento los docentes de colegios públicos y privados van a un paro por 72 hs comenzando el lunes 8, y han convocado a una movilización masiva para el miércoles 10. Instan a que distintos sectores los acompañe en ese día.
Personal de salud sigue con paro indefinido, atendiendo solo guardias, y el resto de la administración pública con retención de servicios. No piensan dejar atrás la medida de cortes de ruta, como métodos de lucha.
Se vienen una semana caliente, y no es por el clima. Mendoza huele a rebelión.
