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El día que Sergio Massa asumió oficialmente al frente del Ministerio de Economía, anunció una auditoría de los planes sociales a cargo de las universidades. Hace varias semanas que Zabaleta viene ventilando distintos aspectos del operativo.
Según han dejado trascender, serán auditadas 500 “unidades de gestión” y contraprestación del “Potenciar Trabajo – más de 1 millón 300 mil personas. En total, el operativo demoraría unos 6 meses en ser completado. En el Gran Buenos Aires todo quedaría bajo las órdenes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde el gabinete, informa Clarín (21/7), “nadie va a jugar de local”, sobre el armado político de los intendentes y La Cámpora en universidades del Conurbano. El diario también refiere que “en Desarrollo Social apuntan contra los intendentes del peronismo porque señalan que casi ninguno levantó la mano para pedir convertirse en unidades de gestión, cuando Zabaleta anunció que quitaría 200 mil planes a las organizaciones para trasladarlo a municipios y provincias”. La incorporación de la mano de obra precarizada de los planes ha encontrado dificultades para ser asimilada en los municipios.
El cuestionario para realizar el relevamiento consta de 34 preguntas con formato respuesta múltiple. Algunas de las preguntas más importantes están relacionadas con la actividad de las organizaciones de desocupados, como por ejemplo si conoce a qué organización y/o unidad de gestión pertenece; si ha recibido amenazas para movilizar o aportar a las organizaciones sociales y si, llegado el caso, aceptaría tener un trabajo en blanco (?). Otra finalidad del cuestionario es conocer en detalle cuáles otras prestaciones sociales recibe el grupo familiar (AUH, asignación por embarazo, discapacidad, pensiones no contributivas, Progresar, prestaciones alimentarias y planes provinciales o entrega de alimentos). El cuestionario en su conjunto busca desarrollar a fondo una campaña macartista contra la organización de los desocupados. El propósito de los punteros que han arribado al gabinete de ministros es desbandar a las organizaciones.
El Estado que quiere corroborar si existe una contraprestación es el primero en poner trabas al desarrollo de las mismas. Los municipios nunca han aceptado que se desarrollen tareas por parte de los compañeros desocupados, porque esto los obligaría a regularizar la situación contractual o ser blanco de protestas. Los sindicatos municipales, a su vez, han sido también contrarios a la incorporación de una planta de trabajadores por fuera de su control. En gran medida, de aquí viene el rechazo de los municipios a los 200 mil planes ofrecidos por Zabaleta.
El gobierno pretende meter la cuña contra el sector que se ha movilizado en los últimos meses. Resta saber si los “locales” -rectores e intendentes- dejarán hacer o pondrán trabas al proyecto de Zabaleta con quién habían llegado a otro acuerdo hace solo días.
