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El aristocrático Colegio del Salvador, fundado por los jesuitas en 1868, es uno de los pocos exclusivamente para varones que quedan en el país. Con una cuota de 65.000 pesos, El Salvador se jacta de brindar a sus alumnos una rigurosa formación moral y religiosa.
A mediados de julio, dos ex alumnos, Gonzalo Elizondo y Pablo Vio, denunciaron la catadura de esa “formación moral y religiosa”. En 2002, cuando tenían 10 y 11 años, fueron abusados por el cura César Fretes. Pero ya hay una docena de ex alumnos que atravesaron las mismas vejaciones. Uno de ellos contó que, en su momento, su familia denunció situaciones de abuso contra tres chicos. El entonces director, Rafael Velasco se limitó a trasladar a Fretes ¡al colegio de los jesuitas en Mendoza! El encubrimiento no dificultó su ascenso: Velasco es hoy el “superior provincial” o sea el jefe de los jesuitas para Argentina y Uruguay.
En una reunión privada, las autoridades del colegio se disculparon con Gonzalo y Pablo y les pidieron discreción. Gonzalo le escribió al papa Francisco, que también es jesuita, pidiendo que intercediera: nunca le contestó.
El abuso sexual de alumnos y fieles, y el encubrimiento de los abusadores, son una política de larga data en las instituciones confesionales. A mediados del siglo XIX, Pío IX estableció que los delitos ocurridos en un contexto sacramental eran confidenciales y debían ser resueltos exclusivamente dentro de la Iglesia. Ya en el siglo XX, Pío XI determinó que no se podía expulsar a los abusadores de la Iglesia excepto cuando no hubiera ninguna esperanza de mejora. El Vaticano, por ejemplo, nunca revocó la condición religiosa del cura Grassi, que sigue siendo sacerdote de pleno derecho.
La complicidad del papa Francisco con los abusos es incontestable. Por dar solo un ejemplo: el mismo año en que Bergoglio asumió el papado estallaron en Italia los abusos sexuales y torturas ocurridas contra decenas de chicos sordos en una sede del Próvolo en Verona.
El Vaticano trasladó a varios de los acusados a la Argentina, entre ellos a Eliseo Primati y Nicola Corradi, uno de los principales implicados, que quedó al frente del Próvolo de La Plata. Cuando años después estalló la denuncia por abusos en La Plata, la Iglesia trasladó a ambos al Próvolo de Mendoza, donde repitieron las tropelías.
Hoy Primati y Corradi cumplen más de 40 años de condena por las violaciones y castigos físicos de los niños sordos de Mendoza, a pesar de los esfuerzos del enviado de Bergoglio por enmascarar las vejaciones. Corradi, domiciliaria por “problemas de salud”.
La política de trasladar a los denunciados “para evitar la reincidencia” surge de una instrucción de Juan XXIII en 1962, que incluye la advertencia de que las víctimas y testigos que apelen a la Justicia laica o revelen los abusos a extraños a la Iglesia serán excomulgados.
El Derecho canónigo (canon 489), además, estipula que debe haber un archivo secreto y que cada año deben ser destruidos los documentos que involucren a sacerdotes condenados una década atrás o ya fallecidos. Más claro: el Vaticano ordena destruir las evidencias.
Como bien señala BishopAccountability.org, una organización internacional que documenta casos de abusos de la Iglesia, la responsabilidad delictiva por las violaciones y torturas del clero no se agota en el sacerdote victimario sino que abarca al obispo de su diócesis -cuya función es revictimizar a los denunciantes y activar el mecanismo para obstruir la justicia- y especialmente al Vaticano, que diseñó y perfeccionó durante siglos un andamiaje confesional de normas y reglas para garantizar la impunidad.
En el caso de la Argentina, BishopAccountability.org identificó “alrededor de 100 clérigos en Argentina que fueron denunciados por abusar sexualmente de menores de edad o de adultos en situaciones vulnerables” (Clarín, 21/7).
La Iglesia es una institución que predica la sumisión y reniega de los derechos más elementales. El castigo por desobedecerla es el Infierno, o sea la condena a un campo de torturas eterno. Eso la convierte en una aliada indispensable del régimen de explotación.
Los abusos y torturas que ejecuta el clero urbi et orbi no se explican por alguna perversión individual de sus miembros sino por una ideología y una función impregnada de oscurantismo, violencia y autoritarismo.
Hay que exigir la cárcel para los violadores y sus encubridores. Y que la Iglesia sea excluida de toda función asistencial y educativa.
