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El miércoles 10 de agosto se realizó una nueva movilización provincial contra la criminalización de la protesta y por la anulación de las causas a los luchadores. Más de 30.000 mil personas se movilizaron en toda la provincia y se realizó un acto en plaza Belgrano. Participaron organizaciones de derechos humanos, sociales, políticos y sindicales. El Polo Obrero Tendencia se movilizó junto al bloque de la Coordinadora de Organizaciones Populares.
La movilización creció en convocatoria con respecto a la que se realizó hace tres semanas atrás, cuando se produjeron los allanamientos, lo que es una muestra clara que los ánimos de los compañeros, lejos de haberse calmado, se han recargado en este a la luz de un cuadro de agravamiento de las condiciones de vida general. El gobierno ha tratado, en vano, de generar un cuadro de amedrentamiento mandando al fiscal de la causa a declarar que había elementos en la causa para plantear la hipótesis de “atentados”, y así extender la investigación y justificar nuevos atropellos. La impresionante movilización también ha sido de respuesta contundente a este intento.
Respuesta popular
El intento de criminalización de la protesta por parte de Morales desde que asumió el gobierno ha tenido avances y recules. La detención de Sala por un acampe en la plaza tuvo que virar rápidamente a una concatenación de denuncias forzadas una tras de otra para justificar la prisión preventiva más larga de historia argentina -y eso que aun no arranca el juicio por desfalco, la causa original-; Morales tuvo que pedir disculpas públicamente por el ingreso de la policía a la universidad nacional, y también ha tenido una relación de tire y afloje contra diversos sindicatos, con resultado dispar. Recientemente, y en medio de los allanamientos, ordenó el sobreseimiento a dos integrantes del AJI 20, imputadas en una causa por unos grafitis contra Morales en 2021, causa que el gobierno denunció como “incitación al odio contra el gobernador”.
Actualmente, el gobierno intenta anticiparse a los reclamos y movilizaciones ordenando medidas contra las organizaciones sociales. Es un objetivo a dos puntas: desorganizar los movimientos sociales, y generar un consenso sobre la necesidad de los recursos sociales pasen a ser administrados por el estado. Ahora bien, esto choca con un régimen agotado, y con un gobierno que ha fracasado en su programa -el famoso “cambio de la matriz productiva”-; que ha generado niveles altísimos de desocupación y subocupación y hundido a más de la mitad de la población debajo de la línea de pobreza. La administración de los planes sociales por parte del Estado tampoco ha mejorado las condiciones de vida – Morales busca ampliar su propio “estado paralelo”, cooptando punteros a diestra y siniestra. Hoy el gobierno no puede cumplir con una promesa hecha 3 veces como prenda electoral el año pasado: el pase a planta permanente de trabajadores del estado con 5 años de antigüedad. Los tarifazos anticipados de la luz y agua (entre 200% y 300%) están generando autoconvocatorias a la plaza. El gobierno ha anunciado un aumento significativo para los profesionales del estado -principalmente médicos- con el propósito de desactivar las autoconvocatorias de personal de la salud que reclama por el vaciamiento de la salud y la precarización e enfermeros. A este cuadro se suman los aumentos salariales por decreto del gobierno que siguen por debajo de la media nacional que acuerdan las provincias.
Como se ve, Morales está sentado sobre un barril de pólvora e intenta desactivar cualquier posibilidad que desate una intervención popular. La represión no es una señal de fortaleza sino de debilidad política.
Los límites de la marcha y como superarlos
Uno de los principales limites a la hora de acordar con tantas organizaciones y de diferentes ideologías, tiene que ver con la caracterización del gobierno y la etapa. Un sector mayoritario de las organizaciones, que abrevan en diferentes corrientes de FdT, plantean concentrar la discusión a nivel local, desentendiéndose de que atropellos, ataques y allanamientos se están realizando en todos lados: y por otro lado levantan el planteo de la intervención federal de la justicia, planteo inerte que ya fracaso en el senado de la nación y que tampoco podría vehicular en el escenario actual.
Otro de las diferencias con todas las organizaciones (incluida la izquierda) es que todas caracterizan a Morales como un gobierno fuerte y con iniciativa, por eso todos juegan con planteos de asimilación del gobierno de morales con la dictadura. El carácter de represor o regimentador de un gobierno no lo da ni siquiera la ideología o el pensamiento del propio gobernante, sino las condiciones objetivas para poder imponerlo, y ahí están los limites que hemos desarrollado en el punto anterior.
Bajo estos límites se ha logrado acordar las movilizaciones sin un documento de convocatoria sino baje un puñado de consignas.
Como seguimos
El calor de la crisis va a poner nuevamente a discusión con que política y propuesta llevamos para derrotar esta arremetida contra las organizaciones sociales. Está planteada una gran campaña de agitación política que explique la situación, seguir en las calles levantando los reclamos contra la persecución política y la derogación del código contravencional, convocar a todos los sectores en lucha de la provincia, trabajadores estatales, los autoconvocados de la salud, etc. que se encuentran luchando por aumentos salariales y por todos sus reclamos pendientes, a sumar los reclamos en la plaza y que esta se convierta en una caja de resonancia de todos los reclamos del pueblo de Jujuy, para así golpear con un solo puño trabajadores ocupados y desocupados. Este espacio de unidad debe ser la expresión de todos aquellos sectores diezmados por un régimen político incapaz de ofrecer una salida a la crisis de la cual es cómplice.
