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El pedido de apartamiento presentado por el abogado de Cristina Kirchner hacia los fiscales Luciani y Mola y a los jueces Uriburu y Gorini intensifica la crisis política y los choques de poderes que se expresan en la causa por corrupción en la obra pública, “Vialidad”. El planteo de la defensa, si tuviera éxito, implica impugnar todo lo realizado por el tribunal y realizar el juicio de nuevo, esto cuando estamos a semanas de los últimos alegatos y la definición del tribunal.
La recusación se apoya en las fotos publicadas por Página/12, donde aparecen el fiscal Luciani y el juez Uriburu jugando “para el mismo equipo” -el “Liverpool” (un conjunto amateur de country)- en la quinta “Los Abrojos” de Mauricio Macri. En los casos del fiscal Mola y del juez Gorini, se argumentan reuniones sostenidas en Casa Rosada con funcionarios macristas, entre ellos Patricia Bullrich, una de las denunciantes públicas de CFK. Como la defensa impugnó a dos de los tres jueces, se está desarrollando una controversia sobre cómo salir del atolladero. El reclamo de “un tribunal independiente”, que reclama la defensa de CFK, para que trate el conjunto de las impugnaciones, pretende reforzar recusación. La defensa ya advirtió que llevará la impugnación del juicio a Casación y a la Corte.
En su defensa, Luciani, de todas formas, señaló lo obvio: el conjunto del funcionariado judicial tiene conexiones de todo tipo con la totalidad del régimen político. Luciani recordó que él fue designado por la propia CFK como fiscal y promovido por Gils Carbó, la ex Procuradora de la Nación.
Mientras tanto en el tramo final de las imputaciones de la fiscalía, Los mensajes entre Báez-López-MK probarían el seguimiento del hijo de los Kirchner en la evolución de las obras públicas de Lázaro. En una causa anexa el juez Ercolini convocó a los tres ex gobernadores de Santa Cruz -Acevedo, Sancho y Peralta- a prestar declaración indagatoria por su responsabilidad en las ejecuciones de las obras provinciales. El conjunto del Congreso Nacional, responsable de la ejecución de todos los presupuestos, no aparece, por el momento, en ninguno de los señalamientos.
El juez Ramos Padilla padre y el funcionario peronista Jorge Rachid pidieron un ´cristinazo´ para defender a la vicepresidenta. El clamo “Todos con Cristina”, por el momento, no ha sido recogido por Alberto Fernández ni por el ´superministro´ Massa, que se mantiene a distancia en lo referido al destino judicial de Cristina Fernández. En el juicio de Vialidad, en realidad, lo que se ha ventilado es la “asociación ilícita” del Estado que intentará capitanear la actual crisis social y política con las cliques capitalistas de la ´patria contratista´. Las denuncias de Carrió a un sector de Juntos por el Cambio por su colaboración con Massa y todo el sector empresarial subsidiado que lo sostiene confirma, en boca de ellos, que Lázaro Báez es apenas un botón de muestra de una gran asociación ilícita contra los que viven de su trabajo.