Tiempo de lectura: 3 minutos
El jueves 11 de agosto comenzó una huelga en lácteos Vidal. Primero, en la planta Moctezuma, partido de Carlos Casares, y luego se extendió al centro de distribución de Capital Federal, en Villa Devoto, tras finalizar la conciliación obligatoria.
La huelga que impulsa Atilra tiene como objetivo principal el encuadramiento dentro de las categorías que les corresponden a los trabajadores según sus tareas y antigüedad. En la planta de Carlos Casares, trabajan 46 operarios, de los cuales 20 tienen categorías inferiores a las que les corresponden, según el sindicato. Al mismo tiempo, Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Vidal, denuncia en todos los medios que existe un "apriete" de parte del gremio para bloquear tanto la planta de Casares como la de Devoto. Lo que no dice es que en el año 2020, en plena pandemia, su hermano fue detenido por haber obligado, a punta de pistola, a los trabajadores para que ingresen a la planta. Esto provocó la muerte de un trabajador de 60 años, Oscar García, quién debía estar en su casa por ser persona de riesgo, pero había sido intimado para retornar al trabajo por parte de la patronal de la empresa. El viernes 19 de agosto hubo una nueva audiencia de conciliación entre la patronal y el gremio, la cual terminó con una denuncia penal ante la justicia de parte de la empresa contra el gremio, por los bloqueos en Devoto.
El caso de lácteos Vidal no es aislado. Todas las pymes lácteas se encuentran en la misma situación de superexplotación contra los trabajadores, quienes realizan las mismas tareas que las empresas "más grandes", se los encuadra en las categorías más bajas, donde los salarios básicos no llegan a superar los 120 mil pesos (la categoría B recién en diciembre del 2022 va a llegar a los 146 mil pesos). Aun así, las pymes lácteas intentan ir más allá. Apymel (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas) acaba de solicitar formalmente ante el Ministerio de Trabajo la apertura de una negociación colectiva de la CCT 2/88 de aplicación para el sector pyme. Es decir, están pidiendo una reforma del convenio colectivo de trabajo que sea exclusivo para las pymes.
De los casi 30 mil afiliados que tiene Atilra, un 60 por ciento se encuentra trabajando en pymes. Ya en el año 2019, el convenio colectivo fue reformado, y los trabajadores lácteos en su conjunto perdieron derechos y conquistas históricas.
En todos estos años, Atilra, dirigida por Héctor Ponce, no ha llevado adelante una sola medida de fuerza en defensa de sus afiliados. Dejó pasar la reforma del convenio y solo se limita a pelear su propia caja, como es el caso de los "aportes solidarios". Esto es un aporte extra que tienen que abonar las patronales. En el caso de las grandes empresas es de 1.500 pesos por cada trabajador. Y, en el caso de las pymes, es de 750 pesos. Este aporte, según el gremio, va dirigido a la salud de sus afiliados. Pero la obra social (Ospil) se encuentra totalmente vaciada. Tal es así que gran parte de los trabajadores termina optando por prepagas que ya no pueden pagar porque el poder adquisitivo de los "trabajadores mejores pagos del país" -según Ponce- se ha derrumbado. Atilra, al igual que todas las centrales sindicales, se encuentra en una profunda crisis, dividida entre los aliados de Ponce, Gustavo Campos y Heber Ríos, y los aliados del moyanismo. En ninguno de los dos casos, representan los intereses de los trabajadores. Como muestra, solo basta el ejemplo de SanCor, una empresa que fue totalmente desguasada sin que el gremio moviese un dedo.
Los trabajadores lácteos deben sacar sus propias conclusiones y dar una pelea por aparecer como los protagonistas de una lucha por sus propias reivindicaciones. Hasta el momento, se encuentra ausente su voz. Un Congreso Obrero y de luchadores les daría el protagonismo y plantearía la huelga general por todas las reivindicaciones que las patronales quieren aplastar.
