Entre el ajustazo y el rodrigazo

Escribe Marcelo Ramal

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Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía corrido por una estampida cambiaria y de la deuda pública. O sea que lo hizo como consecuencia de un “golpe de mercado”. Es así que los Fernández lo ungieron para que ponga en marcha un ajuste fiscal, que no incluye solamente un tarifazo y un corte de los gastos de educación, salud y salarios, sino también del gasto en obra pública y la asistencia a las provincias, con todo lo que esto afecta a la burguesía industrial y a la reactivación de la economía. Estas medidas son consideradas el prólogo de una devaluación que cierre o achique la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. El intento de ofrecer un dólar-soja a los capitales del agro ha fracasado en forma definitiva. Lo mismo habrá de ocurrir con la iniciativa de un acuerdo de precios y salarios que suplante la negociación colectiva. Massa, el ´salvador´ del momento, se encamina sin muchos más rodeos a un ´rodrigazo´. Una compra de dólares en el mercado paralelo, que volvió a llevar la cotización a 300 pesos, por parte de Templeton, ha demostrado otra vez que la sartén por el mango la tienen los fondos de inversión.

La designación de un anti-kirchnerista furioso como viceministro de Economía demuestra que la jefa de la asociación “nacional y popular” ha decidido adoptar una versión aún más extrema del programa de esos fondos y del FMI. Con la asunción de Rubinstein, se vino un recorte de casi 1.000 millones de dólares en diferentes áreas del Estado, vinculados fuertemente a la educación, la salud y la vivienda. Fue congelado el programa “Conectar Igualdad” y el de “fortalecimiento de jardines maternales”. En salud, han sido recortados los programas relacionados con enfermedades infecciosas, entre las que se cuentan las partidas asignadas para compras de vacunas contra el Covid. En vivienda, fueron liquidados los fondos disponibles para el plan Procrear. Simultáneamente, se puso en marcha un régimen de “información permanente” que funcionará como cerrojo administrativo de cualquier ingreso, y prepara el despido de los miles de trabajadores estatales contratados que revistan desde hace años en condición precaria. Entre los recortes anunciados, se encuentran los recursos a las provincias y municipios, algo que ocurre en medio de huelgas docentes y de salud en una decena de distritos. El recorte de gastos de Massa-Rubinstein fue “saludado” con una tenue recuperación de los bonos de la deuda pública.

Coalición

Aunque el programa es recesivo, produjo una suba fuerte en las acciones de las empresas de servicios, petroleras y bancos en la bolsa de Nueva York. Además del beneficio que les otorga el tarifazo, refleja la expectativa de que la devaluación implique la libertad para exportar dividendos. No es menor lo siguiente: los fondos de diverso carácter han hecho fuertes apuestas a esa devaluación, lo que, al lado de sus grandes ganancias, desataría fuertes pérdidas en efectivo al Banco Central. El daño se acentuaría debido a los créditos que ha contraído en dólares y a la escasez de las reservas propias. La pesadilla de un rodrigazo ha ahondado la crisis de gobierno.

La salida de un gobierno de coalición, como ha ´sugerido´, en estas condiciones, el embajador norteamericano, parece el sueño de una noche de verano, salvo que se la interprete en forma adecuada. Con el juicio de Vialidad de por medio, es obvio que la convocatoria no incluye al ala fuerte del gobierno, que representa el kirchnerismo. El encadenamiento que se ha producido entre la crisis económica y el proceso político determina un agravamiento de la crisis de poder o, dicho de otro modo, la ingobernabilidad.

Salario mínimo, el otro ajuste

Mientras se anunciaban estos recortes, el gobierno, la CGT y la CTA pactaban un salario mínimo que llegará en setiembre a $51.200. En ese mes, la “canasta de indigencia” se prevé que llegue a los $53.000. Para marzo de 2023, el aumento del salario mínimo, año contra año, será del 75%, cuando las previsiones de inflación para ese lapso no bajan del 90%. Es, como lo han escrito muchos, “un guiño de la CGT al gobierno”. El salario mínimo actúa como referencia para los haberes que pagan los capitalistas privados y es la vara para las asignaciones sociales que paga el Estado. Esta poda de salarios no solamente sirve al propósito de reducir el déficit fiscal, sino que induce a una caída de la demanda y a una recesión. El gobierno nac & pop aplica la receta clásica del capital contra la inflación: la reducción del ya reducídisimo salario real. El tarifazo (gas, luz, nafta, gasoil) se encargará de que la inflación continúe vibrante en un marco recesivo. Con la devaluación, la cosa irá a mayores.

De acuerdo a los consultores, Massa no llegará a la meta firmada con el FMI sin medidas de mayor alcance, en alusión a la devaluación. Una devaluación, sin embargo, hace caer todas las renegociaciones o reperfilamientos y canjes de deuda pública, y obliga a una nueva reestructuración. El gobierno de los Fernández -en disolución- no constituye garantía de un nuevo acuerdo de deuda para los fondos acreedores. La crisis política pisotea cada medida o programa que apunte a una salida capitalista a la cesación de pagos del país. De otro lado, la marginación de las paritarias quebraría el último lazo entre la burocracia sindical y el movimiento obrero. No se observa, al mismo tiempo, ningún liderazgo en el campo de los partidos patronales, sino que ocurre lo contrario.

Las huelgas y movilizaciones se acentúan. Las huelgas docentes, como en el caso de Santa Fe, plantea un escenario de huelga indefinida, que es combatido por el kirchnerismo santafesino y el FIT-U, cuyos paros dosificados apuntan al desgaste, cuando se acerca el último trimestre de clases. El ´ala´ izquierda del gobierno, lejos de enfrentar al gobierno del ajuste, se aferra más que nunca a él, ahora con el pretexto de defender a su jefa del acoso judicial. El juicio de Vialidad, una pieza importantísima de la crisis política, es, al mismo tiempo, un oportuno juego de diversionismo y distraccionismo político.

La tendencia de la crisis política plantea, con mayor fuerza, la necesidad de un congreso obrero y una huelga general.

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