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Un proyecto legislativo impulsado por el oficialismo de la provincia pretende modificar la histórica ley 3308, arrancada en 1995 luego de intensas movilizaciones populares. La norma prohíbe expresamente en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. La modificación pretendida es presentada como una ampliación de facultades de la provincia sobre el transporte de combustibles líquidos y/o gaseosos por ductos.
El proyecto es rechazado por las asambleas ambientalistas de la provincia quienes sostienen que el cambio en la Ley 3.308 permitirá que la provincia instale ductos de hidrocarburos y muelles de carga y descarga en el Golfo San Matías y en la costa rionegrina.
La norma actual nació del rechazo al proyecto de YPF para construir un oleoducto desde Puesto Hernández, Neuquén, hasta 15 km al sur de Las Grutas, la ciudad balnearia más característica de la Patagonia. Apenas dos años antes la zona había sido declarado Área Natural Protegida con el nombre de Bahía de San Antonio. Recientemente la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, legisladores provinciales y el intendente de San Antonio Oeste, se expresaron públicamente a favor de la exportación de gas por el Puerto San Antonio Este.
Estos son los intereses que chocan sistemáticamente con las poblaciones mapuches y locales en la disputa por la tierra.
