El indulto político de Alberto Fernández a su Vicepresidenta

Se ha vapuleado tanto a Alberto Fernández por sus salidas y dichos infortunados, que algunos pudieron haber imaginado que no la pasaría bien en la entrevista que concedió a A Dos Voces. Ocurrió lo contrario. El cuestionamiento a la “asociación ilícita” que los fiscales endilgaron a Cristina Kirchner fue refutado con comodidad por el Presidente, que alegó que esa imputación es incompatible o inadmisible con el funcionamiento del aparato del Estado en un régimen constitucional. AF se atrincheró en el viejo recurso de que ninguna autoridad política puede ser imputada por las fechorías de los funcionarios inferiores, que se resumen en el “no podía no saber lo que hacían”. Si la premisa de los fiscales fuera válida, señaló, nadie querría ser presidente, al menos en Argentina. Usó la línea argumental de la defensa de Lula cuando se lo enjuició en conexión con el ‘lava-jato’ y las coimas en gran escala de la constructora Odebrecht para obtener contratos con la estatal Petrobrás. La tesis de que uno deber ser juzgado por sus acciones y no por la de sus subordinados, dejó de lado, en el caso brasileño, que el 80% de la política exterior de Brasil en aquel período se centraba en promover los contratos a favor de Odebrecht en Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina, El Salvador y Cuba. En el caso de Cuba, Lula negoció como un agente de comercio de Odebrecht; también CFK intervino para que Eskenazi ingresara en forma fraudulenta en Repsol, y para que Chevron fuera eximida del cepo cambiario para poder repatriar sus ganancias en Argentina a una cuenta en un paraíso fiscal. Esta observación es muy pertinente porque la Vice reivindica para sí el desarrollo de Vaca Muerta, donde se cometieron esas irregularidades. La Corte Suprema validó el reclamo del Ejecutivo para que ese acuerdo se mantuviera secreto –una medida que Macri reivindicó como acertada. El delito penal, ciertamente, es siempre subjetivo, no puede imputarse a quien no podía desconocerlo. El encubrimiento es otro tipo de delito, que también debe ser efectivamente probado. En el caso del asesinato de Kosteki y Santillán, la represión había sido ordenada por el gobierno de Duhalde, que enseguida intentó adjudicarlo a los manifestantes –sin embargo ni él ni su gabinete fueron llevados a los tribunales. La represión había incluido el apostamiento de francotiradores para disparar a la multitud. Lo mismo ocurrió cuando Aníbal Fernández, ministro de CFK, liberó la zona a la patota de Pedraza que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra.

Alberto Fernández también salió airoso cuando se manifestó ambiguamente sobre el indulto. Aunque dijo estar en contra de esa prerrogativa (que calificó de monárquica), advirtió que podría aplicarla en el caso de un accionar judicial amañado. Se convirtió de este modo en un supra juez, encargado de corregir los desvaríos judiciales que fueron admitidos por la Corte Suprema; develó, así, en qué consiste la facultad del indulto. Más allá de esto, al día siguiente de la entrevista, los medios mostraron su peor cara manipuladora al titular que AF habría advertido contra una intención de suicidio de Luciani, cuando fueron los periodistas quienes introdujeron el paralelo con Nisman, cuyo caso fue cerrado como un suicidio. Mientras cada banda de la grieta ajustaba su trinchera en la ‘grieta’, en el Congreso ambos hacían causa común con el ajuste, incluido una prórroga de impuestos, que el macrismo había jurado impedir.

El ‘defecto’ de la afirmación de que nadie puede ser imputado por “no poder no saber”, es que en el banquillo de acusado en el caso Vialidad se encuentra un equipo que funcionó unido durante treinta años –desde la gobernación de Santa Cruz hasta el gobierno nacional. Con ligeras variantes, operó un gobierno de camarilla liderado por Néstor y Cristina Kirchner, como ocurre en la mayor parte de los Estados capitalistas (y de la burocracia de los ex Estados pseudo socialistas). Macri, ‘Toto’ Caputo, Andreis, Gustavo Arribas y varios otros, forman la camarilla rival. La ignorancia acerca de las andanzas de una camarilla decana, sólo puede ser aceptada por incautos. De modo que el precepto “no podía no saber” se aplica claramente a un gobierno de camarilla que, hasta 2015, había operado durante treinta años.

Un gobierno de camarilla no se identifica jurídicamente con “una asociación ilícita”, incluso porque esta figura misma no encuentra definición comprensible en el Código Penal. La ambigüedad no es casual porque fue introducida con fines multipropósito, fundamentalmente para atacar y reprimir a las organizaciones que se declaran antagónicas al Estado capitalista y a toda forma de opresión. El artículo 210 del Código ha sido utilizado en forma reiterada para penalizar la actividad política, y el 210 bis para justificar la intervención del Ejército contra las llamadas actividades terroristas. Revela un aspecto fundamental del carácter anti-democrático de la democracia. Por otro lado, el entrelazamiento de fiscales y jueces en el caso Vialidad, y la intimidad con el macrismo, priva de legitimidad a este juicio oral. El kirchnerismo conocía esta irregularidad desde hace tiempo, pero se la guardó para denunciarla con el propósito de abortar el juicio al final del recorrido.

El juicio de Vialidad enfrenta ahora una derivación inesperada como consecuencia de las denuncias de la jueza Sandra Arroyo Salgado contra políticos del macrismo y del massismo por connivencia con un juez ligado al narcotráfico, de apellido Scapolán. Entre los mencionados se encuentra el juez de Casación, Borinsky, que deberá entender en las apelaciones de la defensa de Cristina Fernández. El novelón de este juicio amenaza entrar en zona minada.

Los procesos judiciales son una oportunidad interesante para discernir acerca del funcionamiento real y concreto del Estado capitalista. Es lo que ocurrirá con el debate que seguirá a los planteos de los fiscales. Las sentencias serán objeto de apelaciones, y enseguida de dilaciones o premuras. Quedará expuesta, a lo largo del proceso, la profundidad de la descomposición del Estado, que no es otra cosa que la creciente incapacidad de gobierno de la clase capitalista sin promover una rebelión popular. El juicio Vialidad -y otros que esperan su turno- son una valiosa escuela de educación política para los trabajadores, a condición de que sean observados desde una posición independiente de los grupos en pugna. Debe ser utilizado para la preparación de la revolución socialista. Fue lo que hizo nuestro partido en la época, el Partido Obrero, frente al enjuiciamiento de Lula. En primer lugar, porque lo colocó en el marco de un golpe de Estado real, como el perpetrado cuando fue derrocada Dilma Roussef, y una presión del alto mando militar para condenar a Lula con la razón o el pretexto más conveniente. En Argentina, el golpe de Estado, para usar la analogía, es la designación de Massa como superministro, por encargo de la embajada norteamericana. Si este juicio se combinará o no con procesos golpistas o de tipo similar, deberá ser determinado de acuerdo a los acontecimientos. El estallido de las grandes estafas en el poder han sido anticipadoras, con extraordinaria frecuencia, del pasaje a situaciones revolucionarias. Rasputín en Rusia (1916), Stavisky en Francia (1932), el negociado de la Chade en Argentina (1938), la corrupción del batistato en Cuba (1956).

El apoyo a la impugnación del juicio, por incompatibilidad del fiscal y de dos jueces, o por la utilización maliciosa de la “asociación ilícita”; y, de otro lado, el apoyo al tribunal, con la finalidad de que castigue la corrupción; involucra a los partidos del FIT-U como alas izquierdas de una confrontación entre dos corrientes de la clase capitalista, que se responsabilizan recíprocamente por la descomposición del Estado capitalista. En lugar de la crítica socialista a la dominación del capital en todas y cada una de sus formas, se enlaza como una “tercera fuerza” del régimen vigente –para peor, con posiciones enfrentadas, que reproducen las del propio sistema. Culmina una trayectoria que se manifestó en el pasado, con los procesos judiciales iniciados contra Milagro Sala, de un lado, y Julio De Vido, del otro. Los diputados del PO presentaron un proyecto propio de desafuero de De Vido y pretendieron votar la “condena moral” que lanzó contra éste Elisa Carrió, lo que no ocurrió debido a la crítica de los dirigentes que luego serían expulsados y formarían el PO (T).

La caracterización del juicio de Vialidad no puede ser abstraído de la lucha contra el ajuste fondomonetarista, que Alberto Fernández reivindicó en la entrevista en A Dos Voces como “un progreso en la estabilidad económica”. El kirchnerismo intenta promover ahora una polarización artificial, para la cual busca la compañía del pejotismo y de la burocracia sindical. Es necesario desenmascarar esta tentativa fraudulenta y reforzar la lucha contra la política del kirchnerismo que aplica un aliado de los fondos norteamericanos, Sergio Massa.