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El primero de septiembre, en todo el país, se produjeron movilizaciones y acampadas de los trabajadores de salud y educación independientes en reclamo de los atrasos en los pagos de sus prestaciones por la atención a personas con discapacidad (PcD). Producto de estas acciones de lucha se conquistó una reunión con el Dr Daniel Lopez y la Dra Gabriela Barros de la Superintendencia de Servicios de Salud en la cual plantearon dilaciones y vueltas sin resolución para problemas harto conocido. Las distintas patas: obras sociales, prepagas y el estado se pasan la pelota sin respuesta.
La falta de pagos, caída de prestaciones en salud, educación, por parte de obras sociales, prepagas y el estado son denunciadas por constituir un atropello a las condiciones de vida de las PcD, sus familias y los trabajadores.
El pago por las prestaciones funciona mediante los aportes mensuales que realizan los trabajadores registrados, en relación de dependencia para su jubilación y obra social. Del 3% que se destina a la obra social, entre un 15% y 20% se asigna al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para cubrir los tratamientos prolongados: oncológicos, HIV, discapacidad, entre otros. La parte de las contribuciones patronales ha ido disminuyendo en porcentaje a partir del gobierno menemista, un desfinanciamiento en regla.
Quien retiene este fondo es la AFIP, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) recibe las facturaciones de las prestaciones realizadas por los trabajadores de salud, por intermedio de las Obras Sociales Nacionales (OSN) sindicales, y empresas de medicina prepaga (EMPP) a las que debe fiscalizar y controlar (https://www.sssalud.gob.ar/?page=listRnosc&tipo=100).
La base para la facturación es el Nomenclador de Prestaciones en Discapacidad, previsto por Ley 24.901/97 y modificatorias. El cual tiene carácter orientativo de los valores a facturar y no resolutivo, lo cual no implica que se pague a valor nomenclador al trabajador que atiende a PcD.
Una vez que controla las facturaciones presentadas por las OSN y EMPP, la SSS informa a la AFIP y esta última libera los pagos a las OSN y EMPP, a través de la Cuenta Discapacidad que cada una de ellas posee. Realizada la transferencia a las OSN y EMPP, éstas emiten los cheques a los trabajadores de salud y educación que atienden en forma directa a las PcD o a los centros de rehabilitación donde trabajan los mismos.
Un mecanismo de estas características puede tener demoras de hasta 90 días, que al pagarse al valor del mes facturado y no del de cobro, con un "rodrigazo" en puerta, es una confiscación a los trabajadores. Sin embargo, hoy nos encontramos con que ni siquiera se pagan las prestaciones.
Este procedimient,o denominado Mecanismo de Integración (ex SUR), tiene por objetivo apoyar económicamente a las OSN mediante el reintegro de los gastos que hubieran realizado para atender las prestaciones previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
Las PcD que perciben pensiones no contributivas (PNC) son cubiertas por el Programa Federal Incluir Salud que no es una OS y es administrado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo pago de prestaciones está a cargo del estado y en el que se desempeñan trabajadores de salud y educación de manera directa o a través de centros de atención.
¿Por qué el estado sale a apoyar a las obras sociales? La precarización laboral, la entrega de los convenios colectivos de trabajo y la caída del salario, que solo puede avanzar por la connivencia de las direcciones sindicales burocráticas, ahondan la quiebra de las obras sociales que, para colmo, están atravesadas por todo tipo de manejo de los recursos ajeno a los trabajadores. A su vez, ese Estado, comprometido hasta los huesos con el rescate a patronales y especuladores financieros, ahonda el quebranto cuando recorta los aportes patronales.
Un sistema donde están involucrados el Estado, la salud privada, las obras sociales, los prestadores individuales o independientes -que facturan como cuentapropistas-, las personas con discapacidad y sus familias. Solo los tres primeros participan del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de la PcD (DU) que establece el nomenclador orientativo sobre la base del cual luego cobran sus servicios terapéuticos o educativos los prestadores individuales y los centros de salud que sí están representados en el DU. Incluso el propio nomenclador establece una diferencia entre la prestación individual y la prestación institucional.
La respuesta de la burocracia sindical, el estado y la salud privada frente a este funcionamiento antidemocrático, ante la quiebra de las propias OSNs y a la precarización laboral es en la actualidad negociar un rescate a las OSNs sobre la base de desligarse de financiar las prestaciones en discapacidad. De un lado, la burocracia sindical obtiene una liberación de fondos y achica la prestación de la obra social, empujando al trabajador a derivar sus aportes a la salud privada; la propia burocracia, transformada en empresaria, ha sido fundadora de varias prepagas. Del otro, el estado reduce su propio déficit fiscal primario: el que computa necesidades básicas como la salud o la educación, para acercar la ofrenda a los requerimientos del déficit fiscal secundario: los vencimientos de deuda con el FMI, especuladores nacionales e internacionales, en resumen, lo que va al rescate del capital.
Este camino contrasta con la movilización por abajo, que en vez de entregar la prestación en discapacidad busca defenderla. Por ello lo que tenemos es un enfrentamiento entre las PcD que necesitan de estas prestaciones, las familias y los trabajadores contra el estado, la burocracia sindical y los empresarios de la medicina privada.
Reforzar la movilización y organización nos plantea una serie de desafíos. Necesitamos asambleas en los lugares de trabajo, plenarios regionales y nacionales abiertos a todos los trabajadores y familiares. Unificar a quienes están precarizados en las prepagas y obras sociales, que deberían ser incorporados al convenio correspondiente con los prestadores individuales. Interpelar a las organizaciones profesionales y gremiales. Y sobre esta base preparar huelgas y una movilización a Plaza de Mayo y plazas del país.
Quebrar la atomización y abrir una profunda deliberación es imprescindible para enfrentar al frente único del recorte en discapacidad.
Necesitamos:
-Que el estado se haga cargo de los salarios y prestaciones caídas. El pago debe ser indexado por inflación. -Apertura de los libros de las obras sociales y control de los trabajadores sobre las mismas. -Pase a convenio de los trabajadores prestadores de salud en clínicas y obras sociales. -Nomenclador paritario para los prestados individuales.
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