Tucumán: el Ministerio Público Fiscal pretende criminalizar a mujeres que aborten

Escribe Alejandra del Castillo

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La Fundación Mujeres x Mujeres presentó una denuncia por violencia institucional e instigación a la violación del secreto profesional contra el fiscal Carlos Sales, quien requirió al SIPROSA un informe sobre los ingresos en guardia de personas de sexo femenino, con signos compatibles de aborto o parto reciente, los días 30 y 31 de agosto de 2022. De esta manera, la justicia desata una caza de brujas contra las mujeres que hayan tenido eventos obstétricos y quienes por esta razón serán criminalizadas.

La medida sería parte de una investigación por el homicidio simple de un recién nacido de sexo femenino. El fiscal, no de manera inocente, decide impulsar esta investigación y a través de una orden judicial legitimar la violación del secreto profesional y de la confidencialidad médico-paciente. No se lo puede tomar como un hecho aislado en una provincia donde la Iglesia tiene una profunda injerencia en el Estado y en los obstáculos que a nivel nacional impiden el acceso al aborto legal. Intentan volver la página a la política de criminalización que llevó a Belén a la cárcel.

Hace dos semanas la legislatura tucumana debatía la adhesión a la ley de Educación Sexual Integral, a 16 años de su aprobación. La impostura del debate impulsado por sectores del peronismo que gobiernan la provincia y que durante todos estos años han incumplido esta normativa nacional con el agravante que en las escuelas públicas se enseña religión. Como sucede en todo el país en la adhesión votada se agregó el respeto al ideario institucional a la hora de impartir los contenidos de ESI.

A la presentación que realizó la Fundación Mujeres por Mujeres hay que acompañarla con una campaña nacional que exija la anulación de la medida dispuesta por el fiscal, el rechazo entre los equipos de la salud a la disposición de violar el secreto profesional y el pleno acceso al aborto legal en todo el sistema de salud. Hay que exigir que avance la denuncia contra Sales por violencia institucional y redoblar los esfuerzos para que el contenido de la ESI en las escuelas sea laica y científica.

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