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El domingo a la noche, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (UCR) brindó una conferencia de prensa a los medios nacionales donde anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de reforma parcial de la Constitución provincial. El planteo, de cara a las elecciones 2023, muestra que Morales busca cabalgar con la campaña presidencial y, de arrastre, con la gobernación de Jujuy. Pretende correr el eje del ´ajuste´ para imponer el debate electoral en sus propios términos. Hace tres meses atrás, Morales había declarado que no iba a reformar la Constitución (El Tribuno, 8/6), pero busca terciar y posicionarse al interior de Juntos por el Cambio, entre ´halcones´ y ´palomas´. Como presidente de la UCR, lleva adelante las negociaciones para conformar una lista única (UCR+PRO) de abogados para la elección al Concejo de la Magistratura y la preparación de la convención radical que definirá alianzas y estrategias para 2023.
Con un peronismo en franca disgregación en la provincia, del cual una parte es aliada del gobierno de Morales, y una mayoría especial en la cámara legislativa, la convocatoria a una Convención Constituyente ya tiene fecha para fines de año.
Reforma reaccionaria
Morales anunció que buscará darle alcance constitucional a la prohibición de los cortes de ruta, las ´usurpaciones´ de tierras públicas y privadas y darle vía ejecutiva al cobro de multas contravencionales que afecten la “paz social”, entre las principales reformas. Morales pretende transformar la Constitución en una suerte de Código Penal ampliado. Asimismo, anunció que la nueva Constitución establecerá las formas que debe tener cualquier protesta y reclamo “en sintonía con la legislación mundial”. En un mundo convulsionado y en guerra, recorrido por un reguero de rebeliones y levantamientos populares, es difícil saber qué quiere decir esto.
Desde ya, la pretensión de regimentar la protesta social por un articulado constitucional es tan fútil como querer tapar el sol con el dedo.
También quiere darle carácter constitucional a la prohibición de indultar a un condenado por causas de corrección. La introducción forzada de este artículo apunta a mantener de rehén a Milagro Sala. Más allá de esto, Morales ha sido un ´indultador´ serial –ha indultado a todo el régimen político cómplice de los chanchuyos con Sala en la obra pública, todos secuaces que ahora revisten de probados oficialistas.
En materia de Justicia plantea la autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), creado por el propio Morales como instrumento de persecución política en la provincia, y la creación de un Consejo de la Magistratura provincial para la elección de jueces inferiores. Esto no significa ninguna garantía en materia de seguridad, ya que seguirá reproduciendo el esquema de reparto de jueces entre los dos partidos patronales de la provincia, como viene sucediendo desde la vuelta a la democracia. Al asumir Morales, amplió el Superior Tribunal de Justicia, poniendo a diputados que votaron la propia ampliación como jueces.
El anuncio de Morales es una maniobra política para correr la atención del fracaso del programa de gobierno y promesas incumplidas –65% de la población bajo la línea de pobreza. Pretende ocultarlo bajo la alfombra de una reforma constitucional de características penales-policiales.
Fuera de las medidas contra la protesta, el gobierno anunció su intención de modernizar la Constitución incluyendo artículos que tomen la problemática ambiental, de la mujer, de las infancias, etc. En este sentido, el planteo se asemeja al intento de reforma chilena que buscaba consagrar en los papeles todo tipo de derechos y reconocimientos que se avasallan sistemáticamente a manos del Estado.
Por otra parte, el planteo de darle carácter constitucional a la autonomía de la tierra busca abrir una nueva veta de negociados con el litio y demás explotaciones de minerales, presentados como garantía para el capital financiero internacional.
Un caballo de Troya en la reforma
El gobernador anunció la pretensión de recortar los mandatos de diputados provinciales, concejales e intendentes a dos periodos consecutivos, como ocurre actualmente con el Ejecutivo. No tiene previsto, en cambio, ampliar la cantidad de concejales allí donde amerita o eliminar el piso proscriptivo del 5% del padrón para ingresar a la legislatura, por ejemplo.
Morales se ha cuidado bien de anunciar que la reforma constitucional tenga el objetivo de buscar la “re-reelección” de su candidatura en la provincia, anunciando que ese punto no se va a tocar. Sin embargo, el anuncio de la reforma tiene la virtud de abrirle un paraguas al propio Morales, ya sea para meter por la ventana el punto o para forzar una ´reinterpretación´ sobre el segundo mandato una vez modificada una ley, como ensayó alguna vez Carlos Menem con la “re re” luego de la reforma del 94.
Los anuncios del gobernador no solo demuestran el carácter reaccionario que busca imprimirle a la reforma constitucional, sino que refuerzan el carácter autoritario del gobierno de Morales, que busca concentrar en el poder ejecutivo el manejo de la justicia, la fuerzas policiales y una legislatura que es una escribanía de casa de gobierno.
Rechazamos la reforma constitucional y denunciamos su carácter reaccionario y antiobrero. Llamamos a todos los trabajadores y la población en general a rechazar esta maniobra y movilizarse por todos los reclamos pendientes y sus reivindicaciones.
