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Pacientes, familiares y trabajadores afectados por el recorte en Discapacidad -falta de pago de honorarios, interrupción de servicios, etc- reclamaron el jueves con movilizaciones y paros en todo el país.
Esta vez, sin embargo, el movimiento de lucha se dividió. En CABA trabajadores precarizados vinculados al FITU realizaron un cese de actividades y se movilizaron pasado el mediodía a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Por la noche un colectivo autoconvocado vinculado a la asociación civil PDU (Prestadores en Discapacidad Unidos) y la UTBA (Unión de Transportistas de Buenos Aires) realizó una marcha de antorchas junto a familiares y trabajadores, con réplicas en el interior del país.
En el interior del país se repitieron jornadas con una fuerte participación de familias, trabajadores, de las que participaron Política Obrera y Tribuna de Salud, en Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, entre otras.
Esta división se reflejó una convocatoria de menor envergadura que en la primera jornada nacional semanas atrás.
¿Por qué sucede esto?
Las dilaciones del gobierno conviven con presiones y amenazas de despidos y despidos de los trabajadores que hacen paro en los centros privados de salud y educación. La carpa blanca instalada en Plaza de Mayo se levantó, luego de la reunión con el Directorio Único -organismo que reúne a la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia de Discapacidad y a las patronales privadas- del 9 de septiembre pasado, en la que los funcionarios prometieron la regularización de la cadena de pagos, que no cumplieron.
Entre estas presiones y maniobras, se produjo la crisis de la asamblea nacional del colectivo de Discapacidad celebrada el 15 de septiembre, que concluyó en las convocatorias divididas del jueves 22.
Por otra parte, el gobierno liberó fondos por 24 mil millones de pesos -en cuotas- para las obras sociales. La burocracia de la CGT, desde el inicio del mandato presidencial de Alberto Fernández, reclama la liberación del Fondo de Solidario de Redistribución (FSR), que se conforma con el 3% de los aportes de los trabajadores para la atención de su salud. De este 3%, entre un 15-20% es destinado al reintegro de las prestaciones en discapacidad que hacen las obras sociales y las empresas de medicina privada (pre-pagas) con el que abonan a los prestadores monotributistas por la asistencia a personas con discapacidad.
Esa transferencia de recursos a la burocracia no ha solucionado nada. Sin embargo, el estado, las prepagas y la misma burocracia han generado expectativas en el colectivo.
No aflojemos. Urge el pago inmediato a los trabajadores precarizados de salud y educación para reactivar las prestaciones y la atención a las personas con discapacidad. Los fondos retenidos por el gobierno son un patrimonio de los trabajadores, no de la burocracia sindical, que administra los fondos de las obras sociales con total discrecionalidad.
Es necesario abrir una deliberación y discutir la recuperación de una salud y educación especial públicas con trabajadoras y trabajadores bajo convenio. El método es la huelga y la movilización. Por ese camino se ha avanzado hasta ahora. Es fundamental reforzar las medidas de lucha y la organización en asambleas y una coordinadora nacional.
