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Los días miércoles 14 y martes 20, se desarrollaron en el Senado dos reuniones plenarias convocadas por la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidida por el senador por San Juan Rubén Uñac (Frente Nacional y Popular-FdT) y la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por Gladys González (Frente Pro). La mismas, nacidas de un acuerdo entre ambas fuerzas políticas, tienen por objetivo discutir la codificación del cierre de minas, una etapa del ciclo productivo minero mencionada en el Código de Minería, elaborado en 1886, pero sobre la cual no se legisló. Restaría una reunión plenaria más, que se hará esta semana, a partir de la cual se definiría lo que es, en principio, un acuerdo entre el FdT y JxC: llegar a un dictamen único (hay tres proyectos de ley propuestos).
La celeridad en el tratamiento de la Ley de Cierre de Minas y la profunda convicción, tanto del oficialismo como de la oposición, de que hay que llegar con un dictamen único, se sustentan en dos ideas fundamentales. De un lado, cubrir el “vacío legal” existente en el Código de Minería, entendiendo por esto dar seguridad jurídica al capital. De otro lado y justamente relacionado con lo anterior, regimentar la lucha de las comunidades circundantes a los proyectos mineros. La “seguridad jurídica” es una “reivindicación” típica del capital imperialista en países colonizados por el primero. Los nueve gobernadores del “Norte Grande” quieren llevar esta garantía en el portafolio, en la gira que harán por Estados Unidos durante esta semana para “levantar inversiones”.
Regulación… de la destrucción
Hace ya dos meses que, dentro de la Comisión de Minería, se viene discutiendo acerca de la necesidad de “legislar” sobre los “presupuestos mínimos ambientales” con los que debe cumplir la actividad minera en nuestro país. Sucede que la facultad de fijar estos presupuestos es del Congreso Nacional, mientras que las autoridades de aplicación y los protocolos específicos son facultad de las provincias, quienes son las propietarias en última instancia de los recursos mineros, propiedad ratificada y consolidada por la reforma de la Constitución de 1994. En todos los llamados a legislar sobre estos presupuestos se oía decir que esto era necesario para “dar una respuesta” a la oleada de movilizaciones en contra de los proyectos megamineros. Las grandes movilizaciones en Mendoza y Chubut en contra de la derogación de las leyes que prohíben la explotación megaminera, pero también las que se producen en San Juan o Catamarca, motorizaron el pedido desesperado de gobernadores para que el congreso “haga algo”… para desactivar las protestas y "desbloquear" la llegada de inversiones del capital minero.
El encuadre político de esta ley quedó determinado por la intervención de Franco Mignacco, Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, cuando afirmó que “… hay que promover todo lo que sea minería… sobre todo en el contexto actual de vulnerabilidad económica del país”. El empresario impuso como verdad absoluta lo que debería haber sido motivo de discusión. ¿Minería si o no? ¿Qué minería?... ¿Para él? Todo. El guante no fue recogido por ningún legislador, ni siquiera de los de la Comisión de Ambiente. Las plenarias funcionaron como un gran órgano difusor del lobby minero, que tuvo 30 minutos cómodos para atacar cualquier concepto que pudiera relacionar la actividad con la destrucción de los ecosistemas circundantes y en su globalidad. El capital minero se apoya astutamente en los enfrentamientos entre nación y provincias para dejar librados a estas últimas los aspectos más vidriosos de la ley, por ejemplo, la elección del “método de participación ciudadana”. La maniobra fue tan exitosa, que el senado se someterá al “dictamen” del COFEMIN (Consejo Federal de Minería), que no es más que el ámbito donde las mineras ejercen mayor presión. Los gobernadores, hoy en Estados Unidos, tendrán la última palabra.
Quiebra del Estado
Las plenarias pusieron de manifiesto que la ley de cierre de minas busca clausurar un proceso de organización alrededor de la discusión de los problemas del medioambiente y del efecto destructivo del capital. Pese al alarde medioambiental que tiñó los discursos de los legisladores, no se ha osado poner en discusión la naturaleza, el método y los fines de la actividad minera. En Catamarca hay un conflicto abierto en torno al cierre de la mina "Alumbrera" y la apertura de su gemela, el proyecto MARA. Quizás por esto Lucía Corpacci aparezca como la más interesada en dar curso a la iniciativa de la ley.
También han mostrado que el margen de maniobra del Senado, debido a la quiebra fiscal del Estado y a la desintegración política del régimen, es casi nula, debiendo incluso archivar la potestad del Estado nacional como fiscal en materia medioambiental. El ahogo de las provincias se observa en la defensa a rajatablas de la “autonomía provincial”, lo que habilitará todo tipo de concesiones a las mineras. Las modificaciones en materia de medioambiente hechas a la Constitución, en 1994, encuentran su propio veto en la potestad de las provincias sobre los recursos naturales. Allí donde se fijan las autoridades de aplicación de la norma, en las provincias, es donde el capital monopólico tiene más poder de presión.
La lucha por el medioambiente y la salud de la especie humana es opuesta por el vértice al metabolismo del capital, cuyo único fin es la valorización de la renta. Los trabajadores y nuestras organizaciones debemos profundizar la conciencia y la lucha por el cuidado del medioambiente, que no es más que la conservación de nuestra propia especie. Esta lucha no debe depositar expectativa en la "agenda legislativa ambiental" que ha demostrado que su único fin es regimentarla y someterla al dictado de la necesidad del capital.
