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Los femicidios y la violencia de género intrafamiliar han crecido en forma estrepitosa desde el inicio del aislamiento social obligatorio y preventivo. Ya son 13 los femicidios durante la cuarentena: el doble femicidio de Cristina Iglesias de 40 años, y su hijita Ada de 7 años, en Lanús, y el hallazgo del cuerpo sin vida de Claudia Repetto, asesinada por su ex pareja, Ricardo Rodríguez, en Mar del Plata, han causado conmoción en toda la sociedad. En Buenos aires, en la primera semana de cuarentena los llamados al 144 aumentaron un 60% y un 120% a la línea 137 del programa Las víctimas contra la violencia, que deben enviar un patrullero.
La campaña impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, incluyen un "aumento de personal y recursos tecnológicos" en la línea 144, con la implementación de líneas de WhatsApp y un App para el celular. Una línea que ya se encontraba colapsada antes de la pandemia y que no puede dar una respuesta integral a la situación de violencia que viven miles de mujeres a lo largo y ancho del país.
Aspirina
Frente a una situación de violencia que no para de profundizarse al calor de la carestía que golpea a las mayorías trabajadoras en las barriadas, producto de los despidos que en esta emergencia sanitaria viene a acrecentarse, la disposición del gobierno de otorgar 10.000 pesos a los trabajadores informales o en negro, deja en mayor exposición a las mujeres que tienen que convivir en un mismo techo con el violento por no contar con los medios económicos para solventar su vida y la de sus hijos de forma independiente. El “ingreso familiar de emergencia”, en efecto, no solo constituye una nimiedad frente a la estampida de los precios, sino que se prevé como una única asignación individual por grupo familiar.
La medida que “ayudaría a combatir los casos de violencia” sería la campaña del “barbijo rojo” en las redes sociales, que sería la clave para pedir ayuda en una farmacia, que contactará a la víctima con el 144 y la mandará a la casa nuevamente. La iniciativa continúa la lógica de la campaña “sacale tarjeta roja al violento”, la cual buscaba poner el acento en el accionar individual de la víctima. La propuesta que ahora les achaca una responsabilidad a las farmacias no tiene pies ni cabeza. Más allá de las responsabilidades penales de unos y otros, estamos ante la responsabilidad de un Estado que no protege a sus ciudadanos, y de un régimen social que se basa en explotación y la violencia, y provoca una miseria social creciente.
Es una idea que parte completamente de la demagogia y que busca improvisar una respuesta, frente a los ruidazos que convocaron la campaña por el derecho al aborto legal y distintas organizaciones y colectivos de mujeres. La falacia del Ministerio encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta queda evidenciada al invertir solo en "marketing" para las redes sociales, adonde también llegan las denuncias de mujeres violentadas pidiendo ayuda a través de un comentario en redes, un grito desesperado que muestra la falta de canales de asistencia.
La reunión del comité de seguimiento de las situaciones por violencia de género no pasa por "reforzar" la línea 144, creando la app o formularios por internet. Abogan por dar charlas sobre "perspectiva de género" a los funcionarios, según lo establece la ley Micaela, cuando se trata de hacer enfrente a una violencia doméstica. En Catamarca, se implementó una línea a la cual pueden llamar "los agresores o futuros violentos", la misma plataforma para la “deconstrucción” de la “masculinidad tóxica” que se aplicará en la Provincia de Buenos Aires. Si el feminismo tiene sus límites insalvables, el feminismo kirchnerista va más allá: quiere deshacerse de la responsabilidad del capitalismo y el estado por violencia familiar, convocando a una represión de ese mismo estado.
Estos “remedios caseros” que quiere vendernos el Estado para combatir la violencia hacia la mujer, no trastoca en lo más mínimo las relaciones de clase sobre las que se asienta este régimen de explotación y que recae con más fuerza en las mujeres, condenando a la esclavitud doméstica o a trabajos precarios y salarios por debajo de la línea de la pobreza cuando se logra escapar de ella. Las trabajadoras hoy no contamos con un ingreso que nos permita garantizar el plato de comida en nuestras casas.
Una salida
Mientras el gobierno intenta medidas que ni siquiera sirven de paliativo y que buscan cooptar al movimiento de mujeres, urge la necesidad de organizarnos a través de comisiones de mujeres y asambleas barriales, con un pliego de reivindicaciones: subsidio igual a la canasta familiar para la mujer violentada, acceso a la vivienda, creación de casas refugio con presupuesto propio, puesta en pie de Centros de atención integral a la mujer y funcionamiento las 24hs, con atención psicológica y legal gratuita sobre la base de contratación de profesionales de salud y trabajadoras sociales bajo convenio. Es necesario un plan integral de creación de viviendas, puestos de trabajo y a un aumento del presupuesto para los programas de asistencia a la mujer. El aumento de la violencia deja al descubierto la crisis del entramado social, sometido a la ley del capital. Solo la unidad del conjunto de los trabajadores por estos reclamos y la lucha por un gobierno de trabajadores puede empezar a poner fin al flagelo que vivimos cotidianamente las mujeres.
