Mascardi: la mano de la Gendarmería y del Pro detrás de las ocupaciones de predios

Un nuevo capítulo se abrió el 25 de septiembre pasado cuando se incendió una cabina que oficiaba de puesto de Gendarmería dentro del predio “Los Radales”. Sin ninguna prueba, los medios y el grupo fascistoide que en esta ocasión tuvo como vocero a Eugenio Burzaco -ex jefe de la Policía Metropolitana en 2009 y Secretario de Seguridad de Macri en 2015- acusaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por el incendio y por la usurpación de otra cabaña, La Cristalina.

Esos sectores junto con el gobierno reclaman la formación de un “Comando Unificado”, como el que había creado Patricia Bullrich, para ´contener´ al supuesto ´terrorismo mapuche´. Burzaco visita Bariloche con frecuencia y tendría la intención de postularse como intendente en las próximas elecciones.

La comunidad Lafken Winkul ocupó en 2017 el terreno que el Obispado de San Isidro tiene en Villa Mascardi. Tres meses después, el 25 de noviembre, durante un intento de desalojo Prefectura mató a Rafael Nahuel. Desde entonces Villa Mascardi es tema nacional. La ´ocupación´ alcanza una superficie de 40 hectáreas. El Consenso Bariloche, la plana mayor del PRO y los sectores más racistas de Bariloche, sostienen que la comunidad está ligada a la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche y los responsabiliza de todo acto incendiario en la región, sin ninguna prueba. Por otro lado se refieren a ellos como “pseudo mapuches”, delincuentes comunes y no originarios de la zona. Villa Mascardi, incluido el lago del mismo nombre, es considerado un paraíso turístico.

La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche plantea, en cambio, que esos ataques incendiarios serían acciones propias de los servicios de inteligencia. El hecho de que personal de Gendarmería estuviera presente el último 25 de septiembre cuando se incendió su puesto y se replegara dejando la zona liberada respalda esa sospecha.

Las soluciones estatales como la ley 26160, que prohíbe los desalojos e insta al relevamiento de las comunidades, o las instancias de ´consulta´ y ´diálogo´ han fracasado. Los desalojos continúan, las ocupaciones también, perturbando el clima de negocios turísticos, inmobiliarios, agropecuarios, mineros y petroleros. Provincia y Nación se reclaman unos a otros judicialización y represión.