En defensa de la salud y educación, ¡no al ajuste en Discapacidad!

La problemática que envuelve a las personas con discapacidad, como resultado de las medidas de ajuste y el proceso de lucha autoconvocada que pusieron en pie prestadores, docentes y familias, se ha instalado con fuerza en el escenario político del país.

Los organizadores de los próximos Encuentros de Mujeres, previstos para octubre y noviembre en la ciudad de San Luis, prevén que funcionen diversos talleres, entre ellos, uno de personas con discapacidad y otro de familiares y cuidadores, a pesar de que ambas problemáticas están fuertemente ligadas. Por otro lado, omiten incluir la problemática del trabajo precario de los acompañantes terapéuticos, docentes y todo el equipo de profesionales que trabajan de manera precaria, sin convenio colectivo de trabajo.

Estos Encuentros se van a desarrollar en un escenario de enorme crisis social, política y económica. Massa, el superministro, a la hora de ajustar el gasto estatal impuso un recorte presupuestario de 1.000 millones de dólares en educación y salud, afectando, entre otros, los fondos que se destinaban a la atención de personas y familias con discapacidad, prestadores de la salud y educación especial.

Se ha comprobado que numerosas personas con discapacidad se están quedando sin asistencia a las terapias ni acceso a insumos y a los aparatos necesarios para su integralidad. A su vez, a los prestadores monotributistas que dependen de las obras sociales se les están abonando sus salarios de indigencia con demoras de 60, 90, 120 días, desindexados por inflación.

Las condiciones de vida de las personas con discapacidad en las distintas franjas etarias se ven agravadas pues numerosas familias carecen de una obra social, como resultado de encontrarse desocupados o trabajando en condiciones de precarización laboral. A su vez, quienes cuentan con una obra social se ven afectados por la falta de pago a los prestadores y el recorte de terapias. Ya se ha anunciado que para el año entrante se prevé una quita en las horas que emiten mediante autorizaciones para la asistencia a las diversas terapias, que son fundamentales para el desarrollo pleno de una persona con discapacidad.

Los centros de día o instituciones privadas, que atienden las familias de discapacitados que tienen obra social, están muy lejos de ofrecer una enseñanza pedagógica y de formación laboral. A los dueños de estos lugares solo les interesa facturar, mientras mantienen a sus trabajadores en la total precariedad.

Desde el gobierno a través del Ministerio de Economía han girado 24.000 millones de pesos en tres cuotas, destinados a “solucionar los problemas en el área de Discapacidad”, pero hasta el momento no se ha comprobado que se haya cambiado la realidad de los pacientes y prestadores.

Desde el Plenario de Trabajadoras en Política Obrera, planteamos:

Solidaridad con las personas con discapacidad, sus familias y prestadores.

Plan de lucha que, en lo más inmediato, apunte a garantizar el acceso a una salud y educación de calidad de las personas con discapacidad y a trabajo registrado, efectivo, bajo convenio de todos los prestadores.

Subsidios para las familias con discapacidad que les permita la atención personalizada integral.

Pago inmediato directo a los prestadores de salud y educación

Pase a planta permanente a todos los trabajadores precarizados y los independientes.

Incorporación en cada escuela de un maestro especial.