Tiempo de lectura: 2 minutos
Desde el desalojo de la comunidad Lafken Wilcun Mapu, de Villa Mascardi, el 4 de octubre, ha pasado mucha agua bajo el puente.
El Comando Unificado creado específicamente para desalojar las siete hectáreas que ocupaba la Lof Lafken Winkul sigue vigilando, controlando el tránsito y haciendo tareas de inteligencia. De las siete detenidas en el desalojo, las cuatro que habían sido trasladadas a Ezeiza fueron regresadas al día siguiente, cumpliendo arresto domiciliario en la provincia, menos una de ellas, docente de Trelew, que fue sobreseída por falta de mérito. Otras dos de las siete permanecen detenidas en la unidad de la PSA del aeropuerto de Bariloche, llevando una huelga de hambre por su liberación. Por último, la compañera embarazada que dio a luz tras su arresto sigue detenida en el hospital.
Como consecuencia del desalojo renunció la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, aduciendo graves violaciones a los Derechos Humanos. No mereció un tuit de Cristina Fernández, que dejó pasar el operativo represivo sin abrir la boca.
La comunidad mapuche reconocida por el Estado, la lof Wiritray, que tiene adjudicada la administración del camping Villa Mascardi, sacó un comunicado muy hostil hacia los desalojados, planteando que sufren atropellos y denuncian como cómplices al CoDeCi (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas), a la Coordinadora del Parlamento Mapuche y al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Ese comunicado se hizo público después del intento de realizar una ceremonia ancestral mapuche en el lugar del desalojo, que fue reprimida con gases lacrimógenos por las fuerzas federales y que finalmente se realizó a orillas del lago.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández visitó por estos días Neuquén y se reunió con las comunidades mapuche de la zona. Allí también hay un conflicto abierto por el trazado de los oleoductos que parten de Vaca Muerta y cruzan territorios donde vive la comunidad. A partir de esa visita el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, publicó una carta abierta donde conmina al presidente a que “tome las riendas” del conflicto Mascardi y “haga juzgar sin titubeos a estos delincuentes”. Califica de accionar “sedicioso y delictivo” a estos “grupos que no reconocen a la República Argentina”. Pone de ejemplo su provincia, donde “puso orden” a pura represión, desde que debutó en el cargo en 2016 metiendo presa arbitrariamente a Milagro Sala. Desde entonces se suceden las causas armadas, persecuciones y allanamientos contra los luchadores jujeños. En esta misma línea se pronunció el ex senador kirchnerista devenido en macrista Miguel Angel Pichetto -actualmente Auditor General de la Nación- que, directamente, reclama la intervención del Ejército en la zona.
El Sitrapren (Sindicato de Trabajadores de Prensa) de Bariloche y zona andina repudió el allanamiento al periodista mapuche Oscar Moreno, acusado de sacar fotografías del domicilio del abogado Ernesto Saavedra, enemigo de las comunidades y despedido por el Obispado de San Isidro por racista. Es el abogado defensor del asesino de Elías Garay, muerto de la lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero. Sacar esas fotografías fue caracterizado como “tareas de inteligencia de los grupos mapuche violentos”.
Toda una embestida contra los que reclaman tierras para vivir y defienden sus tradiciones. El Estado no resuelve nada porque solo defiende los intereses capitalistas ya sean inmobiliarios, turísticos, mineros o petroleros.
Por otro lado, las movilizaciones del 12 de Octubre en toda la provincia, en apoyo a las comunidades hostigadas por un Estado que no resuelve el grave problema de tierra y vivienda, han sido importantes. El reclamo de libertad a las mujeres detenidas y el repudio al desalojo fue el grito unificado en todas las localidades.
En Bariloche en la semana del desalojo hubo movilizaciones y concentraciones a diario por distintas organizaciones.
Es imperiosa la coordinación de las acciones.
