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El día previo al “ruidazo” que tuvo lugar en todo el país contra los femicidios que continúan bajo la cuarentena, en Bahía Blanca una joven denunció haber sido violada por varios militares varones en las propias instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181, desde la cual la joven llamó al 911 para denunciar que se encontraba retenida. Ya hay al menos 3 militares detenidos.
La joven y su hermana de 18, que también se encontraba presente en el Batallón, salieron del lugar en un auto con otras dos personas, también militares, y luego fueron interceptadas por la policía por violar la cuarentena. Solo a partir de este hecho la denuncia cobró estado público.
Las autoridades del ejército han salido a plantear que los violadores imputados pertenecen a “jerarquías bajas”. Pero a los jerarcas mayores se les escapó, cuanto menos, una violación a una mujer en sus propias narices.
Finalmente, no se trata de un rayo en cielo sereno. Hechos como este, sucedidos en los últimos años entre las paredes de bases militares, se vienen denunciando con mayor asiduidad, como el del cabo que violó a una soldado en la Base de Apoyo Logístico de Pigué (Lanueva.com, 12/09/18), entre otros.
Son muchos más las violaciones que se callan debido a la situación de poder que las encubre. Es otra cara de la moneda de un régimen que encarcela a mujeres como Rosalía Reyes, precarizada, madre soltera y que parió en una situación de extrema vulnerabilidad resultando en la muerte de su bebé. Y también la otra cara de que fueran los hijos de Claudia Repetto, y no la policía, con todos los recursos estatales de los que dispone, quienes aprehendieron al femicida de su madre.
