Escribe Violeta Gil
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El jueves 27 pasado un operativo con más de 50 efectivos de la policía, inició el desalojo de 7 familias del Barrio “Sagrado Corazón de Jesús”, en Colonia Santa Rosa.
La orden la dictó el Juez Francisco Oyarzú, el mismo que armó y elevó a juicio la causa irregular contra nuestra compañera Yolanda Vargas por la muerte de sus hijos en el incendio de su casilla. Ahora, Oyarzú se apresuró a dictaminar este desalojo aprovechando las demoras del Congreso Nacional en prorrogar la prohibición de desalojos de los “barrios populares”, que terminó de ser sancionada por el Senado anoche mismo. El conjunto de las familias del Sagrado Corazón están inscriptas en el Renabap, y la policía desarmó casas prefabricadas otorgadas por el plan nacional “Mi pieza”.
El barrio “Sagrado Corazón” es un modelo de estafa a los vecinos por parte de loteadores irregulares, en este caso las poderosas familias terratenientes Manero y Yakúlica. Estos lotearon sin garantizar los servicios correspondientes por la normativa, por lo que la masa de los vecinos han dejado de pagar. Desde hace meses, presionaban a las familias del barrio a pagar, en complicidad con la policía provincial, los concejales locales y funcionarios municipales del intendente Guerra. Los vecinos rechazaron hasta el momento todos estos aprietes de manera colectiva.
Colonia Santa Rosa, como muchos pueblos del interior salteño, está literalmente rodeado de fincas que impiden un adecuado desarrollo urbano. Muchos de los terratenientes poseedores de estas fincas han devenido en especuladores inmobiliarios, después de haber reventado productivamente el suelo de las mismas, sin cumplir con el establecimiento de los servicios básicos, la apertura de calles y a veces sin el trámite de demarcación de los lotes. El Estado Provincial, bajo los gobiernos de Romero, Urtubey y Sáenz, ha hecho de este mecanismo su verdadera política habitacional, que prospera por la falta de construcción de viviendas y loteos sociales por parte del Estado. Muchas de las expropiaciones de tierras del Estado se hacían en salvataje de estos loteadores truchos, lo que bajo el ajuste fiscal y la suba del valor del suelo ha entrado en crisis, por lo que el Estado ahora presiona en favor de los loteadores truchos para que los vecinos terminen “arreglando” con ellos el pago de sus terrenos bajo la extorsión del desalojo. El juez Oyarzú le da estatus legal a semejante estafa social, que constituye una advertencia contra el conjunto de los vecinos del Sagrado Corazón y sobre el resto delos barrios y asentamientos de Colonia, ya que el 80% de los mismos no está regularizado.
Las familias desalojadas en el “Sagrado Corazón” no se retiraron del predio, durante el jueves recibieron la solidaridad de decenas de vecinos de otros barrios que se acercaron al lugar para repudiar el accionar de la policía. En la tarde participaron de una asamblea del asentamiento Gauchito Gil en la que acordaron una movilización y corte de ruta este viernes 28 por el agua y ahora también denunciando el desalojo. En la noche de ayer realizaron con cientos de vecinos una movilización y un acto para repudiar el desalojo y exigir la restitución de sus lotes.
Impulsemos asambleas en cada uno de los barrios para establecer el reclamo de inmediata expropiación en favor de las familias trabajadoras que los habitan y su inmediata urbanización. Sólo una amplía organización independiente de los vecinos trabajadores de Colonia Santa Rosa frenará los desalojos y quebrará la política del Estado y los especuladores inmobiliarios.