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El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén confirmó esta semana que formulará cargos por “asociación ilícita” a 14 personas implicadas en una millonaria estafa con planes sociales. Entre los imputados se encontrará quien hasta hace unos días era el Director de Planes Sociales de la Provincia, Ricardo Soiza. Se infiere que más funcionarios deberían ser acusados por el mismo delito. El escándalo de la estafa millonaria ya provocó la renuncia de Abel Di Luca, el hasta hace poco Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, y otros tres funcionarios más.
La estafa se descubrió por la denuncia de un titular del plan social. La misma consistía en que Desarrollo Social abría una cuenta para un beneficiario de alguno de esos planes por un monto de $8.000. Al mes siguiente, el ministerio aumentaba ese monto un 512 %, cosa de la cual el titular nunca se enteraba. De los $49.000 depositados, el titular seguía retirando $8.000 y el resto era sustraído por personas que, según se desprende de la investigación, eran intermediarios que se presentaban en los cajeros llevados en vehículos oficiales. Lo que en un comienzo se creyó que abarcaba a una decena de personas, se terminó descubriendo que se trataba de más de 400 personas estafadas, por un monto total que superaba los 123 millones de pesos, sólo hasta donde se había podido conocer (todos los indicios sugieren que el monto total es muy superior).
Se trata de una estafa gigantesca a beneficiarios de distintos planes sociales que maneja la provincia, como el Subsidio Social Transitorio, los programas de Familia y el Subsidio a la Desocupación Laboral. Estos subsidios se entregan por un decreto del Ejecutivo provincial, son emitidos por diferentes reparticiones del Ministerio de Desarrollo Social y están contemplados en el presupuesto provincial votado por la legislatura. Pero los planes no tienen montos fijos, lo cual da un enorme margen para el armado de una gran “caja negra” de dinero manejado por el gobierno. La presunción más fuerte es que los recursos de esa caja negra iban a parar al partido de gobierno, el MPN.
La causa por la estafa con planes sociales avanza con pies de plomo. Los medios advierten que “parece ser una pesquisa en la que nadie quiere llegar primero a la meta”. El gobierno provincial logró reiteradas veces que la legislatura rechace un pedido de informes sobre esta millonaria estafa. El kirchnerismo fue una pieza clave para bloquear el pedido de informes en la legislatura, ya que el MPN no reunía por sí solo los votos para lograrlo. A pesar de que suelen presentarse como opositores en las campañas electorales, los kirchneristas votaron el rechazo con el argumento de que “hay que dejar actuar a la justicia”.
La justicia, por su parte, ha llevado adelante una cantidad de allanamientos en la investigación de esta causa. La mayoría de ellos se realizaron sobre los domicilios de las personas que realizaban las extracciones de dinero de las cuentas de los titulares de las tarjetas. Se trata de personas de barrios humildes que actuaron a contratación de quienes dirigían esta operación, hasta los cuales aún no se ha llegado en la investigación. Los diarios provinciales explican que las personas de los domicilios allanados “son el equivalente a las mulas del narcotráfico, piezas destinadas a caer y que por eso nunca conocen al siguiente eslabón de la cadena”.
El gobierno provincial cerró filas durante todo este tiempo con los funcionarios implicados en la causa. Dirigentes máximos del MPN salieron a decir que “no se puede hacer una caza de bruja”. El ministro de Desarrollo Social había afirmado que “no hay ningún hecho probado”. Sólo cuando la situación se tornó insostenible, el ministro renunció junto a varios funcionarios más. La conjetura más plausible es que las renuncias se producen para que la investigación no llegue hasta más arriba.
La causa, al parecer, se centrará en las personas que retiraron la plata de los cajeros, más algún funcionario, sin ir mucho más allá. La prueba fundamental de la causa son las cámaras de seguridad del banco, que sólo compromete a quienes hicieron de empleados en una estafa multimillonaria retirando los depósitos del banco a cara descubierta.
Mientras esta estafa se desarrollaba en las narices de todos, el gobierno lanzaba su plan de “auditorías” contra las organizaciones sociales. Su objetivo no era otro que llevar adelante un recorte de las partidas presupuestarias para la asistencia social. Para revelar el entramado de negociados que hay detrás de los planes sociales, el primer auditado debería ser el propio gobierno.
El entramado neuquino ha revelado una estafa multimillonaria con los planes sociales superior a cualquier otra conocida. Lo que queda claro es que el principal puntero es el propio Estado.
