Córdoba: el PJ y la UCR se unen para prohibir la protesta social
Escribe Damián Salcedo
Todos a la movilización del miércoles 16.
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En la Unicameral provincial, legisladores de Hacemos por Córdoba (PJ) y de la UCR en Juntos por Córdoba han coincidido en dar impulso a un proyecto de ley para regimentar la protesta social. Por medio de una modificación del llamado Código de Convivencia (ex Código de Faltas), e proyecto se excusa con la defensa del derecho a la libre circulación. La serie de posibles sanciones para quienes incumplan el protocolo referido a la autorización de manifestaciones en la vía pública van desde la obligación de realizar trabajos comunitarios hasta la pena de prisión, pasando por multas económicas.
Está claro que lo de regimentar la protesta social es equivalente a prohibirla; es esa y no otra la intención de esta tentativa legislativa. El gobierno que debería hacer cumplir la normativa en cuestión, que encabeza Juan Schiaretti, se encuentra en un irrevocable agotamiento político, en el contexto de un notable impase económico y de un desolador panorama social. La tendencia a la lucha es creciente.
De un modo general, la protesta social va contra las patronales y su Estado. De modo que la reglamentación de las movilizaciones es un acto de autodefensa de unas y del otro carece de autoridad política y moral para reglamentar el derecho de la población a movilizarse. Las libertades democráticas suponen el derecho de la ciudadanía a manifestarse. Se trata de un derecho constitucional consagrado, que es anulado por vía reglamentaria. La misma Constitución establece que los derechos que consagra están sujetos a ser desvirtuados por medio de la legislación. Las instancias legislativas son, en última instancia, que una escribanía de las grandes patronales La defensa de las libertades democráticas se convierte así en una lucha contra el estado capitalista.
La Provincia atraviesa por una serie de atropellos del gobierno y de las patronales - gatillo fácil, crímenes viales; recortes jubilatorios y del gasto social; despidos arbitrarios, salarios de hambre y precarización laboral “in extremis”; depredación y contaminación ambientales, etc... En este marco, el régimen político de Córdoba se siente obligado a motorizar una legislación de corte bolsonarista. Otorga al ejecutivo provincial, al poder judicial y a la policía renovados dispositivos represivos para obturar las luchas populares que surgen en respuesta a todos estos padecimientos. Naturalmente que no lograran imponer un viraje represivo sin una derrota estratégica de la movilización popular, que es adonde apuntan en definitiva.
La movilización del 16 de noviembre cobra un carácter estratégico. Sólo una enorme movilización popular puede imponer el retiro inmediato de esos proyectos de ley.
