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El gobierno estableció por decreto que a partir del 1 de enero del 2023 la actualización de jubilaciones y pensiones de docentes, docentes universitarios y trabajadores de Luz y Fuerza, comprendidos en los llamados ´regímenes especiales´ se hará en forma trimestral y no semestral como hasta ahora. En el anuncio, Alberto Fernández estuvo acompañado por la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, el ministro de Educación Jaime Perczyk y representantes de CTERA, ADUBA (docentes universitarios) y Luz y Fuerza. La medida alcanza a un universo de 215.600 trabajadores (170.000 docentes nacionales, 9.600 docentes universitarios y 36.000 lucifuercistas). Hugo Yasky había presentado un proyecto similar en la cámara de Diputados, que no prosperó.
Estos trabajadores aportan el 13 % del sueldo (2 puntos adicionales frente al resto) y se jubilan con el 82% del sueldo del trabajador en actividad.
Aunque todavía debe difundir las normas correspondientes para su implementación, la disposición del Gobierno no toma en cuenta la reparación de los haberes de estos regímenes que tuvieron una pérdida de un 35/40 % en los últimos 5 años. En lo que va del 2022 este retroceso se profundizó con una pérdida estimada de un 25%.
Los jubilados comprendidos por los ´regímenes especiales´ no escapan al deterioro general de los salarios a los cuales se hayan vinculados. Pero no sólo por la pérdida frente a la inflación, sino que se ven afectados también por la incorporación al recibo de sueldo de cifras “no remunerativas” y bonificaciones que no se contabilizan al momento del cálculo previsional. El resultado es que el 82% móvil no se cumple efectivamente en ningún caso. El acortamiento del periodo de actualización se vincula, precisamente, a este deterioro inocultable.
Por otra parte, la liquidación de los regímenes especiales está en la mira del FMI. El propósito es el regreso a la jubilación privada. En 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, su ministro Nicolás Dujovne acordó con el FMI la formación de una “comisión técnica” para reformar estos regímenes. María Eugenia Vidal aumentó la edad jubilatoria a los trabajadores del Banco Provincia de 57 a 65 años y redujo el porcentaje de las jubilaciones del 82% al 70%.
Esos cambios continuaron bajo la gestión Kicillof. Ya en el gobierno de los Fernández, en febrero del 2020, se aprobaron cambios en el régimen jubilatorio del Poder Judicial que afecta a los empleados de los Tribunales, y no sólo a la ´casta´ de jueces y cortesanos. Los regímenes especiales son un derecho adquirido, como lo es todo el sistema previsional, pero no es óbice para que sea destruido en forma sistemática por los gobiernos patronales. Seis millones de jubilados cobramos el haber mínimo de $43.000. La actualización correspondiente a diciembre próximo consagrará una nueva confiscación de las jubilaciones.
La inflación es una “espada de Damocles” sobre la cabeza de los trabajadores y jubilados. No hay salario ni haber jubilatorio que aguante. El presupuesto 2023, votado por ambos lados de la “grieta”, echa nafta al fuego a la demolición de salarios y jubilaciones y beneficia a los capitalistas con exenciones impositivas y bonos garantizados por inflación o tipo de cambio.
Los “regímenes especiales” de los trabajadores no se tocan. Ningún trabajador y ningún jubilado deben ganar por debajo de la canasta familiar, hoy en $ 250.000. Unámonos en una acción de lucha nacional en defensa de las jubilaciones.