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El gobierno anunció que encontró más de 250.000 “incompatibilidades” entre los titulares del programa Potenciar Trabajo (PT), el cual representa un ingreso de $25.000. Esta situación tendría que ver, según los funcionarios de la cartera de Desarrollo Social, con que 35.000 inscriptos en el PT habrían comprado dólares, mientras que otros 253.000 habrían declarado bienes personales. Los datos son sorprendentes porque las restricciones para acceder al cobro del programa son elevadísimas e inflexibles: la tenencia de inmueble o vehículo son motivo de rechazo, pero también cosas más elementales como tener una obra social, ser monotributista, cobrar jubilación, pensión, etc. El cobro de la beca Progresar, de $8.000, también figura como incompatible, por lo que el gobierno procedió hace algunas semanas al recorte de 40.000 titulares (medida que luego tuvo que retroceder).
El gobierno admitió que aún no tiene detalles de estos datos ni conoce su nominalidad, pero aseguró que si hay titulares que cobran el PT habiendo incompatibilidades “no lo vamos a permitir” y afirmó que procederá a la suspensión de esos cobros “inmediatamente”. En total, estamos hablando del 20% de los cobros que rigen actualmente. Estos anuncios se realizan la misma semana en que el presidente lanzó un decreto cerrando toda posibilidad de abrir nuevos cupos del PT. Los dirigentes de distintas organizaciones, oficialistas y opositoras, consultados por los medios sobre este tema, han coincidido en que “si alguien ingresó en el programa y no pasó los filtros que pasan todos” es porque “el gobierno metió gente en el programa que no debería estar y, por supuesto, hay que sacárselos” (Belliboni, Radio Mitre 10/11).
El régimen de “incompatibilidades” del gobierno es la primera carta de ajuste a los desocupados y trabajadores precarizados para acceder a cualquier subsidio tanto del gobierno nacional como de los provinciales. En CABA, por caso, para obtener un subsidio habitacional el Gobierno de la Ciudad pone como requisito inflexible la presentación de una constancia que certifique que quien demanda el subsidio se encuentra viviendo “en situación de calle”, una nota del propietario que le alquilaría una vivienda y una boleta de luz de ese domicilio (cosa que no se consigue en las villas). Las incompatibilidades también fueron la herramienta para desechar cientos de miles de inscriptos para el bono de indigencia de fin de año. El gobierno realiza permanentes bajas en la asistencia social encontrando todo tipo de incompatibilidades con el programa. Esas bajas no se reponen.
Sobre estas nuevas incompatibilidades, el gobierno no ha dado ninguna información precisa y ha hecho declaraciones muy difusas. No sólo se desconoce de quiénes se tratan, sino que además tampoco se explica con precisión la causa de la incompatibilidad. La vaguedad de la información contrasta con la celeridad y el rigor con que el gobierno salió a anunciar la poda del 20% de los planes sociales. Esta forma de proceder revela que detrás la excusa de las “incompatibilidades” sólo hay una ofensiva de ajuste contra los trabajadores.
El gobierno de las “incompatibilidades”, al igual que la oposición que festejó el recorte anunciado, no tuvo reparos en aprobar un Presupuesto 2023 que aumenta las exenciones impositivas a las patronales (que, por supuesto, declaran bienes personales y compran dólares). El total de exenciones equivale a 30.000 millones de dólares, el 4,7% del PBI. A esto se agregan los millonarios subsidios que entregan a distintas empresas, a las cuales no les presentan ninguna lista de requisitos e incompatibilidades para poder cobrar. Lo que sí resultó incompatible con el régimen capitalista fue la aplicación del impuesto a la ganancia inesperada, es decir, a la multiplicación de las ganancias empresariales debido a la guerra mundial. Los cacareos sobre este impuesto nunca se tradujeron en medidas concretas.
El mismo gobierno que entiende que es incompatible que un trabajador reciba un subsidio de $25.000 si compra dólares, es el que sale a rescatar a los bonistas de la deuda cuando cae la cotización de esos bonos, que permite el 'blanqueo de capitales' fugados en negro por parte de las patronales para no pagar impuestos, sale a rescatar las deudas de las distribuidoras de energía, ha subsidiado al capital agrario con el dólar-soja, entre otras tantas medidas. A contramano, el Presupuesto 2023 ha recortado en salud, educación y asistencia social para garantizar el único subsidio que no encuentra incompatibilidades: el subsidio a las grandes patronales.
Lo que queda claro con estas medidas del gobierno, esta poda a los planes sociales, es que el gobierno es lo único verdaderamente incompatible con la subsistencia de los trabajadores.
