Las “fake news” sobre los planes sociales: el agotamiento de la política de contención

Luego de varias semanas de campaña con las mencionadas “irregularidades” en los cobros del plan social Potenciar Trabajo (PT), que los medios no tardaron en calificar como “una multimillonaria defraudación al Estado”, en los últimos días se reveló que no se trató más que de una farsa. La propia ministra Tolosa Paz admitió que las incompatibilidades alcanzaban sólo al 0,3 % del padrón total, que incluye a los famosos 3000 muertos que cobraban el PT (personas cuyos datos fueron relevados hace más de un año y que fueron cruzados con las bases de otros organismos luego de su fallecimiento). A esta campaña se habían sumado numerosos dirigentes de fuerzas políticas oficialistas y opositoras, que reclamaban por la suspensión de los planes.

La campaña mediática bastó para que un fiscal (Marijuán) tomara cartas en el asunto y realizara una denuncia penal, exigiendo la baja del 20 % de padrón de titulares del PT. Esto se realizó con total diligencia, aunque aún ni siquiera existían datos oficiales que corroborasen la certeza de lo que 'trascendía' en los medios. En definitiva, nunca existieron los 200.000 titulares que declararan bienes personales (yates, inmuebles e ingresos por más de $6.000.000).

El gobierno se tomó un tiempo más que prudencial para salir a desmentir la falsa información sobre el Potenciar Trabajo. Incluso se sumaron a las amenazas de recortar todos los planes sociales que tengan “incompatibilidades” con el cobro del PT. Lo mismo hicieron las organizaciones sociales oficialistas y también algunas opositoras. El gobierno logró instalar el debate de las “incompatibilidades” y las “irregularidades” en el cobro del subsidio al desocupado, sacando el foco de las “irregularidades” del Presupuesto 2023, que premia con exenciones impositivas a las patronales y habilita el blanqueo de capitales para aquellos que fugaron divisas sin pagar impuestos (un delito que no despertó la diligencia del fiscal Marijuán).

Tolosa Paz, después de arremeter ella misma contra las organizaciones sociales, cruzó a Marijuán afirmando que "no se puede estigmatizar así a todos los que reciben un plan”. Pero el objetivo de Marijuán no era estigmatizar, sino dar de baja los programas sociales; un objetivo que comparte con la ministra de Desarrollo Social. Tolosa Paz incluso acordó con el presidente el decreto que cierra las nuevas altas para acceder al PT.

Para ser precisos, la campaña “estigmatizadora” que Tolosa Paz le atribuye a Marijuán comenzó en realidad en el mes de junio en Avellaneda, cuando CFK criticó la “tercerización de la asistencia social”, con el objetivo de poner a los planes sociales bajo el control de los intendentes (peronistas y macristas). Allí también afirmó que existen demasiados planes sociales para los niveles de desocupación existentes. El discurso de CFK fue el visto bueno para agudizar la ofensiva contra las organizaciones piqueteras y por el recorte de los planes.

Lo que está claro es que la designación de Tolosa Paz al frente del Ministerio de Desarrollo Social es un certificado de defunción que el ejecutivo le entrega a esa cartera. A diferencia de su antecesor (Zabaleta), que era un representante de los intendentes del conurbano y de un sector del PJ, la actual ministra no tiene ningún peso propio ni representa a ninguna fracción política. La inocuidad de Tolosa Paz es lo que la ha convertido en la candidata ideal para manejar un ministerio que tiende a comprimirse.

Prueba de esto son las sucesivas renuncias que se vienen produciendo en los ministerios de Desarrollo Social en las provincias y en nación. En artículos anteriores hemos señalado esta tendencia en las renuncias de los ministros de las provincias de Neuquén y Jujuy, junto con la del funcionario Fernando Asencio, quien salió del ministerio de Nación criticando a Tolosa Paz. Luego de escribir esas líneas, se sumó la renuncia de la titular de la cartera de Desarrollo Social de la provincia de Chubut, Mirta Simone, la renuncia del de la provincia de Santa Cruz, Jorge Ferreyra, y la del dirigente del movimiento La Dignidad, Rafael Klejzer, en el ministerio nacional (mientras se rumorea de la posible salida de Juan Carlos Massei de Desarrollo Social Córdoba). Las versiones cruzadas sobre la salida de Klejzer del ministerio van desde quienes afirman que le pidieron la renuncia debido a la olla popular que montó frente al restaurant del legislador Roberto García Moritán (un enemigo declarado de las organizaciones piqueteras), hasta la versión del mismo dirigente que afirmó que renunció para no convalidar el ajuste (luego de haberlo bancado durante tres años) y que el verdadero ministro es Massa. Sea como fuere, se trata de un proceso de desgranamiento de la cartera de Desarrollo Social. Ante el progresivo vaciamiento del ministerio, Emilio Pérsico se reconcilió con el kirchnerismo y apuesta a que en las próximas elecciones el Movimiento Evita logre instalarse en otros ámbitos del Estado, con un lugar en las listas electorales.

Las renuncias de Desarrollo Social y los realineamientos políticos de los movimientos sociales oficialistas retratan una política agotada en materia de “contención social”. Este agotamiento se produce con el choque entre el quebranto del Estado y la agudización de la crisis social. Perfil (14/11) tituló un artículo afirmando que “la extrema pobreza en Argentina supera el nivel prepandémico”. En paralelo, se registró en el mes de agosto una desaceleración en las tasas de crecimiento mensual del empleo asalariado privado (“El empleo asalariado privado crece menos que la población”, Infobae 14/11). Por otra parte, los medios dieron cuenta del aumento del costo de vida para los más pobres: “la inflación de pobres e indigentes superó el 9 % en octubre” (BaeNegocios 17/11), “Cada vez somos más pobres” (Mendoza Post, 17/11). El aumento de la canasta alimentaria (un 50 % por encima de la inflación) es un golpe tanto para desocupados como para ocupados (incluso aquellos que firmaron paritarias “por encima de la inflación”). El Consejo del Salario, que se reunirá el próximo martes, fijará un nuevo monto de miseria para los planes sociales y los salarios. El discurso de CFK en La Plata no hizo ninguna mención a esta crisis social; simplemente propuso volver a volcar la Gendarmería a los barrios, lo cual es otro reconocimiento del agotamiento de la política de contención social.

Las noticias falsas (“fake news”) sobre las “irregularidades” de los planes sociales se montaron sobre la base de este agotamiento de la política social del gobierno. La izquierda fue incapaz de enfrentar esta campaña desenmascarando la farsa de un Estado que coloca en la “irregularidad” a los trabajadores mientras avala el desfalco “regular” de las patronales y los bonistas. Lo mismo había sucedido en relación a las “auditorías” sobre las organizaciones sociales que impulsó el Estado, a las cuales convalidaron con el argumento de que “no tenemos nada que ocultar”. Se trata de una izquierda colocada a la defensiva y que no desnuda el carácter de clase del Estado.

Desde Política Obrera y el Polo Obrero Tendencia denunciamos esta campaña como parte de la ofensiva de un Estado que resulta “incompatible” con los trabajadores ocupados y desocupados. Rechazamos las “auditorías” y las falsas “irregularidades” de los planes sociales. Denunciamos el presupuesto 2023 como un plan de guerra contra los trabajadores y nos movilizamos contra él. Llevamos adelante una campaña por la huelga general para poner fin a esta política. Llamamos a las organizaciones a discutir este cuadro de situación y a atacar de conjunto el plan de guerra contra los trabajadores y los intentos que llevará el gobierno para aplicar el ajuste del presupuesto 2023.