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Cuatro meses después de la salida precipitada de Guzmán, le toca ahora a Massa enfrentar una ‘corrida cambiaria’. La suba de la cotización del dólar a 340 pesos, en el mercado financiero paralelo, y la suba de la cotización de la deuda en dólares significa que los tenedores de la deuda pública canjean los bonos en pesos por dólares o por deuda en dólares. La devaluación del peso es acompañada por una crisis en la financiación de los gastos del Estado. Como la deuda pública en pesos ha alcanzado los 7 billones, el potencial para voltear el vapuleado mercado de cambios y devaluar la moneda nacional es sencillamente enorme. A esto hay que sumar la deuda del Banco Central, una institución del Estado que financia el déficit del Tesoro, por 9 billones de pesos. En esta situación de base, el plan Massa está quebrado. La intención de proseguir con una minidevaluación del peso que acompañe la inflación, siempre creciente, hasta el traspaso del mando en diciembre de 2023, ha dejado de ser incluso un espejismo. En esta encrucijada hay quienes alientan una mayor devaluación inmediata del peso, acompañada de un conjunto de medidas que eviten su traslado a una hiperinflación y a una rebelión popular.
El punto crucial es que esa devaluación del peso provocaría, de un modo inevitable, el llamado default, esto porque toda la deuda de Argentina se encuentra en dólares o se ajusta por el dólar. Las cuentas fiscales y cuasifiscales no computan intereses de esa deuda hasta el momento en que es efectivamente pagada. De modo que la deuda pública real, al menos a un año de plazo, se encuentra oficialmente depreciada. Una megadevaluación convertiría el desfinanciamiento del Estado en una declaración de quiebra. En este caso, Argentina debería recurrir a una convocatoria de acreedores y además a solicitar financiamiento internacional. Con la deuda con el FMI impaga por un largo tiempo, la operación resultaría inviable. La ironía del plan Massa es que si aguantara doce meses más dejaría al próximo gobierno una bomba lista para explotar.
La agencia de calificación Moody’s ubica a Argentina en el penúltimo lugar en cuanto a solvencia financiera –en el 20 entre 21, con “alta posibilidad de default”. Aunque admite que Argentina podría “zafar sin que explote nada”, añade que “...una crisis repentina podría llevar al banco central y al gobierno a congelar o confiscar los ahorros y depósitos en pesos para limitar presiones sobre el tipo de cambio”. En lugar de una devaluación ‘programada’, la calificadora admite que el derrumbe sería provocado por “una repentina” corrida cambiaria. En este momento, la cotización del dólar en el mercado de futuro de Nueva York es 257 pesos, a seis meses, y de 367 a doce meses –una devaluación de más del 150 por ciento. El Presupuesto prevé, en cambio, para final de 2023, una cotización de 257 pesos.
Las cosas van, sin embargo, más rápido. La salida del mercado de pesos hacia el dólar es importante. La desvalorización de los bonos ha llevado la tasa de interés, para aquellos que los compran, al 12 % anual, encima del ajuste por inflación o por dólar; el contrato original lo establecía en un 5 por ciento. Pero esto no mide de modo suficiente la desvalorización, porque el Banco Central ha salido a comprar esos títulos para evitar una caída mayor. Para eso ha emitido 200.000 millones de pesos, que financian la suba del dólar. De no ser por esta intervención, la tasa real de los bonos sería el doble, lo que equivale a default. Para seguir asistiendo al Tesoro, los bancos reclaman que la garantía de recompra de los títulos del Central, que vale sólo para el corto plazo, se extienda a la emisión de bonos que el gobierno desea hacer con vencimiento mayor a un año. La integración de los depósitos en los bancos, junto a los encajes y reservas, al financiamiento del Estado vía Banco Central (leliq), los liga al default de la deuda pública. Además de la ausencia de financiamiento internacional, la estructura financiera entera de Argentina se encuentra en default, con inclusión de los fondos y las plataformas de criptomonedas. Esta estructura se ha convertido en un “esquema Ponzi”, como se denomina a la estafa financiera de pagar deudas con mayor endeudamiento a tasas de interés imposibles de sostener.
Como consecuencia del cepo para las importaciones, ha trascendido que una parte creciente de ellas se procesó a través del mercado financiero paralelo, cuyo dólar cotiza a 340 pesos. Argentina ha perdido reservas luego de cuatro años de superávits comerciales, fundamentalmente porque el gobierno popular ha autorizado el pago de la deuda externa privada por medio del mercado oficial –que cotiza el dólar a 160 pesos-. Las grandes empresas han sacado toda la tajada posible del dólar oficial y del cepo; ahora podrían hacer frente a la devaluación. Todo esto lleva a un escenario hiperinflacionario, toda vez que el costo de las importaciones por el mercado financiero será trasladado a los precios; el mercado financiero paralelo es el nuevo pivot de las importaciones. El nuevo régimen, ahora de precios justos, beneficia a las grandes superficies comerciales, pero cuenta además con la promesa de que sus beneficiarios podrían importar por el mercado oficial. Ante la falta de divisas, Massa quiere repetir un ‘dólar soja’ que lleve al mercado las 8 millones de toneladas que siguen acopiadas. Les comprará el dólar a las cerealeras a un precio mayor al oficial, que luego revenderá al precio oficial. Será otro subsidio costoso para el Banco Central y para la población, por el aumento del precio de la soja y por la emisión para pagar el subsidio. Los sojeros, sin embargo, esta vez no serían de la partida, porque reclaman la liberación del mercado de cambios y la devaluación.
En este marco de default, el viceministro Gabriel Rubinstein ha advertido que “No hay consenso sobre un plan de estabilización”. O sea que el gobierno está dividido en cuanto a cómo y cuánto devaluar, o incluso seguir marcando el paso en el mismo lugar. También advierte que “Puede ser que aguantar sea imposible”. Pero la precariedad extrema de la situación financiera la revela al afirmar que “La única ancla que existe sin un plan de estabilización es la fiscal”, y que "va a ser difícil que se cumpla el Presupuesto”. Rubinstein descuenta que no tendrá un respaldo financiero internacional y describe como “ancla” lo que no es más que un barrilete. El viceministro deja afuera del déficit fiscal la deuda del Tesoro y la deuda del Banco Central, que es por donde supura toda la infección del default. Como lo haría un predicador, espera “Convencer al mercado de que no haga el plan de estabilización”. La corrida cambiaria, sin embargo, ya está largada.
El ancla fiscal de Rubinstein funciona, sin embargo, pero no como ancla, sino como un ajuste sencillamente brutal. Es lo que muestra la suba de la recaudación real y la baja del gasto social real. El ancla de Rubinstein no tiene en cuenta el maremoto de los trabajadores, que son la mayor ‘variable’ política contra la viabilidad del default. El gobierno marcha a una devaluación en condiciones de una desvalorización sin igual de los salarios; el default y la devaluación crearían un sistema de precios dolarizados y salarios, jubilaciones e ingresos sociales pesificados. La crisis de Argentina es una variante agravada de una crisis mundial con la que comparte una característica fundamental: de un lado un enorme sobreendeudamiento (impagable), del otro, el recurso a mayores deudas para hacer frente a las acumuladas. La ‘tesis’ de que el endeudamiento no es problema porque las deudas se refinancian ha recibido una enorme paliza con la suba de las tasas de interés internacionales, porque ha convertido en impagable el servicio de los intereses.
Es necesario desarrollar una conciencia acerca de esta situación entre los activistas y los trabajadores, para preparar a la clase obrera a una lucha que adquirirá dimensiones enormes.
