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La situación en el norte salteño está encendida y no solo por los incendios acaecidos durante este mes. El pueblo del departamento San Martín estuvo sin agua durante la semana pasada. Vecinos autoconvocados y organizaciones sociales cortaron la ruta nacional 34 este lunes y martes.
Todos los años, de noviembre a febrero, el pueblo salteño sale a las calles y rutas a reclamar el abastecimiento necesario de agua potable y la realización de obras que resuelvan de raíz el problema. Sin embargo, lejos de dar respuesta, el Estado y sus gobiernos de turno han acentuado la crisis del agua por la desinversión histórica. Los departamentos más azotados son los del norte, aun cuando allí confluyen los ríos más importantes del país junto a grandes diques. ¿A dónde va el agua? Criollos y originarios denuncian el desabastecimiento y/o la contaminación del líquido, que no es apto para su consumo. La empresa estatal que lucra con este bien, Aguas del Norte, corta casi todo el tiempo el suministro, sin embargo, como no tiene un presupuesto propio para realizar obras, aplica los tarifazos que son irrisorios para los trabajadores a la vez que terceriza las obras. El pueblo también denuncia el desvío del agua a las imponentes plantaciones de cultivos de los terratenientes, la oligarquía salteña amparada por el Estado.
El gobernador Sáenz ordenó suspender la facturación del servicio de agua potable en el departamento San Martín por los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, al igual que los cortes del suministro. A su vez, conformó un “Comité de Emergencia Hídrica” bajo la coordinación de Aguas del Norte; lo integrarán las secretarías de Recursos Hídricos, Salud, Seguridad, Asuntos Indígenas, el Enresp, el Ejército y los municipios del departamento. Este Comité, que estará a cargo del racionamiento del agua, estableció como cupo de consumo humano la cantidad de mil litros de agua potable por domicilio. El gobernador y su comité van a racionar el agua discrecionalmente. ¿Cuántos volúmenes de agua ocupan los sojeros y las petroleras?
Sáenz y García Salado, director de Aguas del Norte, culpan a la “peor sequía de los últimos 50 años” como si la sequía no fuera el resultado de los desmontes ilegales, por un lado, y de la falta de obras, por el otro, como es el caso del acueducto de Yacuy, del Plan Bicentenario y de Reparación Histórica contratadas para Colonia Santa Rosa y Embarcación, entre otros, que nunca se realizaron -el exgobernador Urtubey endeudó a la provincia por 390 millones de dólares-. Si bien Sáenz pudo reestablecer el funcionamiento -a partir de las obras de trasvase que se ejecutaron en los últimos días para llevar el agua existente en los diques Itiyuro y Limón hasta las fuentes de captación-, este “restablecimiento” es precario porque no aborda las obras estructurales como los acueductos necesarios para abastecer al norte provincial. Las cisternas como la de Villa Güemes, barrio de Tartagal, no son suficientes para la cantidad de habitantes del departamento, es por eso por lo que nunca logra abastecer necesariamente ya que dependerá de las lluvias que Sáenz espera como al mesías.
Sáenz deberá sostener este “restablecimiento” precario, ante un pueblo afectado por la falta de agua y las altas temperaturas además de los incendios que continúan en la zona de Yacuy, cercano a los pozos en el departamento. Una acción inmediata de los trabajadores, bajo su organización independiente, debe ser el de controlar ahora el racionamiento a través de un comité obrero junto a los pueblos originarios. Exigir la inmediata realización de obras para acueductos controlando su ejecución. Este régimen no puede garantizar un bien tan elemental como el agua, por lo tanto hay que pasar a otro régimen, el de la clase obrera. Más claro, échale agua.
