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Yoselie Agustina Herrera Nadal, soldado voluntaria apostada en la Base Espora, fue asesinada y hallada en el Arroyo Napostá de Bahía Blanca el pasado 30 de noviembre. La soldado, oriunda de Mendoza, estaba desaparecida desde el sábado. Cuando no se presentó a la base, desde allí mismo se radicó una denuncia en la comisaría cuarta.
Agustina fue ahorcada y golpeada por su pareja, también soldado voluntario de la base, Jorge Rojas. Solo cuando su femicida confesó, su cuerpo fue encontrado pesar de que ya se habían realizado rastrillajes en esa zona. Se encontraba a pocas cuadras de la vivienda que compartían Agustina y Rojas, en un sector urbanizado de la ciudad.
Fue una cámara de seguridad privada la que captó a Rojas llevando el cuerpo envuelto y en un container. Las cámaras de seguridad municipales, aunque apostadas allí, no funcionan.
Rojas ha quedado detenido por homicidio agravado. La Armada Argentina reiteró “su disposición para colaborar con las autoridades judiciales” y ha puesto en disponibilidad al asesino.
El caso de Agustina se suma a otros recientes como el de Úrsula Bahillo e Ivana Módica. La primera asesinada en Rojas por su ex novio, miembro de la Policía Bonaerense y la segunda en La Falda a manos de su pareja, piloto de la Fuerza Aérea. A Matías Martínez, asesino de Úrsula, nunca se lo desafectó de la policía a pesar de tener en su haber quince denuncias.
Los “femicidas de uniforme” no constituyen una excepción. Según el CELS, en el AMBA y entre 2010 y 2020, al menos “48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías; 17 de ellas eran funcionarias de seguridad. La mayoría tenía menos de 35 años y muchas eran madres o estaban embarazadas cuando las mataron”. (Página12.com, 12/02/2021).
Las Fuerzas Militares no escapan a estas estadísticas. La Armada, a pesar de ser la que menos denuncias registra, también es la que menos cantidad de oficiales posee. Entre 2018 y 2020, allí se recibieron 216 consultas y 37 presentaciones por cuestiones de violencia intrafamiliar, de género o violencia laboral. En líneas generales, los casos resueltos son pocos y la información no es completa. Durante la pandemia, militares del Batallón de Comunicaciones 181 fueron denunciados por una violación en manada.
Las lógicas de encubrimiento y silencio institucional, sumado a las jerarquías que muchas veces previenen la realización de denuncias, son parte cotidiana de los organismos policiales y militares. El carácter represivo de estas instituciones sobre los trabajadores y las luchas requiere una conducta ejemplificadora sobre el rol subordinado de las mujeres en la sociedad capitalista, promoviendo una violencia sistemática. No lo resuelve una capacitación de género a los uniformados y mucho menos a los altos mandos, que acaban de hacer parir a una compañera mapuche detenida en un auto, como sucedía bajo la dictadura.
Conocida la muerte de Agustina, se realizó una convocatoria y movilización en las calles de la ciudad. Participamos para denunciar que, una vez más, el Estado es responsable.
Justicia por Agustina.
