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El pasado 30 de noviembre se conocieron las imputaciones al ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, y a otros 7 ex funcionarios pertenecientes al gabinete de su gestión. Se los investiga como una asociación ilícita destinada al espionaje ilegal, en la cual Saín ejercía como jefe, se le imputa. En dicho entramado, afirma la fiscalía, se reportaron centenares de “perfiles” de distintas personalidades políticas, sindicales, empresarios y empresas, entre otras, cuyo contenido precisaba desde su composición familiar hasta ideología o pertenencia política. Asimismo, se les achaca haber defraudado al Estado provincial mediante la disposición enteramente discrecional de los llamados “fondos reservados” incluidos en el presupuesto 2020, sobre los cuales no se requiere rendir cuentas. Estos fondos fueron utilizados, por ejemplo, en una la licitación irregular de compra de armas de fuego a una empresa israelí.
Todo esto es resultado de un año de investigaciones, luego del “sorpresivo” allanamiento en el ministerio de Seguridad en noviembre del 2021, en el cual se confiscaron una cantidad innumerable de pruebas. Ya formalmente imputado, Saín y los ex funcionarios han repartido críticas a diestra y siniestra. Por un lado, denunciando que se está ante una persecución política propinada por las mafias enquistadas en el Estado. Dicho argumento se concluye con que solo esa gestión tuvo la determinación de luchar contra el crimen organizado, y que estas son las consecuencias de no haber ido a fondo con las responsabilidades políticas e institucionales. Por otro lado, como una campaña electoral de la oposición derechista y del Frente Progresista, quienes pretenden explotar este ángulo para allanar el camino a la gobernación en 2023 y se valen de los fiscales adeptos para abrirse paso.
Independientemente del curso que tome, este episodio es un nuevo peldaño en la escalada de crisis políticas que han sucedido a lo largo de los casi 4 años del mandato de Perotti. Todos apuntan a una cuestión central: Perotti tenía conocimiento de las señaladas ilegalidades en el ejercicio de la función pública por Saín, y por lo tanto le cabería por lo menos una responsabilidad política en todo este asunto. Dicha idea fue introducida por este último en su defensa, argumentando de que se trata de un mandato político-institucional, de directivas claras en el marco de la ley, y que el rafaelino no solo conoce, sino que fueron formuladas por este. Entre ellas, Saín menciona una obsesión del ejecutivo por lanzar un carpetazo sobre Maximiliano Pullaro, un posible candidato a gobernador por Juntos por el Cambio en 2023 y ex ministro de Seguridad del Frente Progresista. Este andamiaje tuvo su origen en un contexto muy particular: en el inicio de la gestión, la ley de emergencia pública del 2020 fue derrumbada en una primera instancia por todo el Frente Progresista y sectores del peronismo triunfante, fracturando la relación con el senador de San Lorenzo Armando Traferri, y el Nuevo Espacio Santanfesino (al cual pertenece la vicegobernadora).
La crisis de Estado que suscito la investigación del Senador dejo expuesta la vinculación del delito organizado con los tres poderes del Estado donde contemporáneamente fueron deschavados fiscales de Rosario por cohecho y en donde la legislatura no le quitó los fueros a Traferri para evitar un precedente contra el resto de los legisladores. Esto engendró una contradicción en la propia gestión, que terminó pidiéndole la renuncia a Saín antes de que las responsabilidades políticas se reprodujeran y terminaran por fracturar en varias partes al gobierno.
La salida de este del gobierno significo un viraje en la orientación, buscando una conciliación con el sector de Traferri -un representante directo de las exportadoras en el Estado- buscando minimizar los daños cometidos. Fuera de la provincia, y asumiendo como asesor de Aníbal Fernández en la cartera nacional, Saín optó por dejar el cargo ante la inminencia del proceso al cual ahora está sometido. Mientras tanto, la cantidad de homicidios dolosos en lo que va del año alcanza los 266, superando el trágico récord del 2013.
Por lo pronto, en el PJ caracterizan a esta crisis un problema exclusivo de Perotti (Rosario 3, 4/12) mientras el exministro carga las tintas en redes sociales manifestando que su único error fue creer que este gobierno atacaría el flagelo del crimen organizado de manera consecuente. En definitiva, lo único que quedo a la vista es la responsabilidad del Estado en todo este negociado multimillonario que conecta al puerto de Rosario con Amberes y Abu Dabhi en la exportación de estupefacientes y genera un saldo fatal en la sociedad ya hundida en la pobreza y la miseria.
