Massa-Stanley, los dólares y las relaciones carnales

Sergio Massa consiguió la foto que quería, a saber, el apretón de manos con el embajador yanqui rodeado de las dos banderas –la argentina y la de las cincuenta estrellas. Massa y Stanley firmaron el convenio de “intercambio de información” entre las agencias impositivas de los países, para revelar las cuentas bancarias de las personas argentinas o norteamericanas en el país recíproco. La expectativa del gobierno es que la medida permita conocer los fondos de argentinos que están depositados en los Estados Unidos, y que calculan en unos 100.000 millones de dólares. En rigor, ese intercambio de información ya estaba vigente desde 2017, sin que pudiera implementarse más que para algunas solicitudes puntuales. Ahora, Massa prometió “información masiva”. Ello sería posible porque, según informan, se llevó adelante un trabajo de “compatibilización informática” entre la central de impuestos norteamericana y la AFIP. El alcance de esa transferencia potencial de datos económicos, que Estados Unidos ya implementa con un centenar de países, ha quedado fuera del Congreso argentino y de cualquier escrutinio público. La AmChem, el principal lobby de los intereses americanos en el país, ha saludado al convenio con bombos y platillos.

Mucho ruido

Lo que sí pasará por el Congreso, en cambio, es un proyecto de blanqueo asociado al intercambio de información. El proyecto que pergeñan en el gobierno no reconoce “grieta”. Por un lado, será un calco del seudoblanqueo dispuesto por el macrismo en 2017, después de la firma de otro convenio de información, en aquel momento, con un conjunto de países que no incluían a USA. La figura clave será la “exteriorización de activos”, es decir, el mero reconocimiento de los fondos depositados en el exterior, a cambio del pago de una multa y sin obligación de repatriarlos. Pero los tributaristas ponen en duda el alcance y la capacidad del convenio para detectar esos fondos. Por un lado, se señala que sólo abarcaría a las personas, no a las empresas. Pero las cuentas, precisamente, suelen ser enmascaradas detrás de sociedades fantasma, que en ese caso no serían detectadas. Algunos especialistas limitan la remisión de información a “las rentas” de las cuentas, “no a sus saldos” (Clarín, 6/12). Tampoco está claro que ocurrirá con los estados norteamericanos que operan como verdaderos paraísos fiscales, una condición que se extiende y que podría llegar, a fines de 2023, a abarcar a la cuarta parte de las “estrellas” de la bandera yanqui. En Estados Unidos, los lobbystas de esa banca en las sombras se han presentado ante el gobierno de Biden para que “suspenda el convenio con Argentina”, en nombre de la ´falta de transparencia del gobierno populista”. Los socios argentinos de la banca offshore, Espert y Milei, acaban de pronunciarse en el mismo sentido.

Del otro lado de la grieta, el oficialismo presentará a esta extensión del blanqueo macrista como una ´continuidad´ del proyecto que proponía “que la pongan los que la fugaron”. En esa línea, Castagneto, el exarquero de Gimnasia que preside la AFIP, dijo que los fondos del blanqueo servirían “para sacarnos de encima al FMI”. En cambio, los funcionarios massistas no esperan obtener por el nuevo “blanqueo” más de 2000 o 3000 millones de dólares, o sea, una versión degradada del dólar soja. Más allá de los montos, el titular de la AFIP fabula también con los propósitos de Massa y los Fernández. Los dólares que puedan arañar con el blanqueo son para rescatar el acuerdo con el Fondo, no para romperlo. El gobierno ha atado su destino a ese acuerdo, que establece un régimen de confiscación inflacionaria de los salarios, las jubilaciones y los gastos sociales. Por las mismas razones, es probable que el macrismo boicotée la ley de blanqueo. O mejor dicho, la deje en el freezer hasta el 2024, cuando espera gobernar. Los lobbystas americanos que salieron a saludar el convenio de intercambio destacaron su valor “en el largo plazo” –o sea, como señal de entrelazamiento estratégico con los Estados Unidos, y no como rescate en la emergencia.

El convenio Massa-Stanley carece de condiciones para sortear la bancarrota financiera del Estado argentino. Pero es altamente educativo en relación a los intereses sociales y políticos sobre los cuales los “nacionales y populares” intentan fundar su rescate.