El complot de Lago Escondido en primera plana, en vísperas del fallo de Vialidad

El 18 de octubre informábamos desde estas páginas que el 13 de octubre había llegado un avión privado a Bariloche con una comitiva de jueces, funcionarios, empresarios y dirigentes del PRO (https://politicaobrera.com/8128-retiro-espiritual-de-mauricio-macri-con-jueces-en-la-estancia-de-joe-lewis).

En un operativo de ocultamiento fueron trasladados a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. Días después salió a la luz que habían participado, entre otros, Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; Leo Begroth, ex jefe de legales de la SIDE de los tiempos de Stiuso; el juez Ercolini, a cargo de las causas que investigan la muerte de Alberto Nisman, Hotesur, del caso Vialidad, de la causa contra el grupo Indalo de Cristóbal Lopez y Fabián De Souza, por citar algunas. También Carlos Mahiques, juez de Casación y su hijo, jefe de los fiscales de CABA. Pablo Cayssials, juez en lo Contencioso Administrativo y Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico, candidato del radicalismo a la Cámara Federal. Señalábamos que ese promiscuo conciliábulo comprometía hasta la médula al Poder Judicial. Casi dos meses más tarde, Alberto Fernández anunció por cadena nacional que denunciará penalmente a los jueces que participaron del encuentro. Una fiscal de Bariloche, Cándida Etchepare, tiene la causa por la presunta violación de deberes de funcionario público de los jueces y funcionarios porteños que viajaron a Lago Escondido.

El asunto ha pegado un nuevo giro, como consecuencia de la revelación de los chats que compartieron en Telegram los asistentes al retiro en la mansión Lewis. Para algunos, entre ellos Alberto Fernández, la información proviene de un hackeo; para otros de una infidencia de Julián Launda, asesor de Alberto Fernández, compinche de la tertulia patagónica. Allí traman cómo esconder que los gastos del viaje habrían sido costeados por el grupo Clarin, el dueño de la estancia, Joe Lewis (un amigo de Macri), entre otros. Encargan, entre ellos, la obtención de facturas truchas acerca de la financiación del viaje y la tarea de contactar a la fiscal de Bariloche a quien el Juez Ercolini llama “la mina”, para sugerirle que cajonee la causa abierta por un abogado rionegrino en octubre pasado o derive a Comodoro Py. El cargo contra los participantes es obtención de dádivas e incumplimiento de deberes de funcionario público. Mientras en El Cohete a la Luna, el sitio del kirchnerista Horacio Verbitsky, difundieron profusamente esas ‘conversaciones’, no ocurrió lo mismo con Radio 10 o C5N, notorias emisoras oficialistas, propiedad de Cristóbal López, un empresario K. Del grupo de Telegram participaban, especialmente, Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto; y el CEO de Clarín, Jorge Rendo. Ni Clarín ni La Nación difundieron esas pruebas incriminatorias, con el aparente argumento de que habían sido obtenidas en forma ilegal. La calificación como tal por parte de un fiscal sería admisible en sede judicial, pero no por parte del periodismo. De lo contrario nunca habría tenido lugar el fundamental escándalo de Watergate, difundido por el Washington Post, ni habría permitido el empleo de numerosos periodistas argentinos que fueron guionados por la exSide y la actual Agencia de Inteligencia.

Las frases más llamativas de los chats del grupo de Telegram, publicadas por el diario Rio Negro, luego del conocimiento público de la reunión y de la preocupación por ocultarla, muestran la reacción política de los sospechados:

– Yadarola: «Eso no lo hacen sin una orden de la conducción política, José Glinski. Para anotarlo porque es el responsable».

– D’Alessandro: «Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA».

– Yadarola: «Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento».

– D’Alessandro: «Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar».

– Carlos Mahiques: «Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. Conténganme porque se me acaba la paciencia».

– Bergroth: «Coco, cuando tengamos cerrado todo pasamos a la ofensiva. Todavía me parece que hay fuego de todos lados y de toda clase. Nos tenemos que juntar para la estrategia».

– Mahiques: «Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA. (…) Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más».

La información de que los ‘chats’ habrían sido obtenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, apuntan a Marcelo Saín, exjefe de esa policía. Saín acaba de ser imputado como jefe de una “asociación ilícita”, por labores de espionaje mientras se encontraba a cargo del ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. El espionaje es parte de la doctrina de la “seguridad democrática”, como ocurrió con el Proyecto X de la Gendarmería, que impulsan Saín y Verbitsky, entre otros, con el argumento de que previene la necesidad de valerse de la represión contra los llamados “delitos políticos”. En el caso de Santa Fe, donde el vínculo entre el delito, el Estado y la policía son notorios, la actividad de Saín ha sido objeto de denuncias por parte del senador peronista Armando Traferri, quien tiene abiertos varios procesos por corrupción.

Una reunión con funcionarios de gobiernos, fiscales y jueces, patrocinada y financiada por el grupo Clarín, abona las denuncias del kirchnerismo acerca de una guerra judicial en su contra, y es de por sí el detonante de una crisis política. Ocurre en las mismas vísperas del fallo contra CFK en la causa Vialidad, que ha sido objeto de diversas impugnaciones, incluso de parte de constitucionalistas y periodistas filomacristas. Es una munición gruesa contra la coalición que encabeza el macrismo, con el agravante de haber sido obtenida por hackeo o infiltración. Se produce cuando los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos anuncian un acuerdo de información bancaria, bajo la premisa de “la confianza” en el sigilo de ambos gobiernos. El tribunal que juzga a CFK enfrenta la disyuntiva de contragolpear con un fallo absolutamente condenatorio, o recular, como insinúan ya muchos, con una absolución en el delito de asociación ilícita.

Estos choques violentos en el ámbito político-judicial, sumado al conflicto desatado en el Senado y Diputados entra en colisión con la estrategia diseñada por la embajada norteamericana y la Cámara de Comercio de EEUU-Argentina (Am-Cham) para coaligar a Massa y a Rodríguez Larreta en un futuro gobierno de coalición, una de las condiciones impuestas también por el FMI. La crisis política abarca un espectro más amplio, como lo demuestra también la división terminal en el Mercosur.