Después de la condena de Vialidad y los “chats” de la mafia de Lago Escondido

Es casi una vulgaridad calificar como “tardíos” a los fallos de la justicia argentina. Casi todos ellos arriban sobre los hechos consumados de las presiones sociales y las crisis políticas. El fallo que condena a Cristina Kirchner no es una excepción: llega después de quince años de choques políticos de diferente orden. La saga se inauguró con la renuncia de Roberto Lavagna como ministro de Kirchner, denunciando irregularidades en la adjudicación de obras viales; luego, con el juicio que involucró a la empresa Skanska, con rol protagónico de Techint.

Tuvo su punto más agudo en el sistema de concesiones ferroviarias, donde los adjudicatarios capitalistas, asociados a la burocracia sindical, articularon con el gobierno K un régimen de precarización laboral y malversación del patrimonio ferroviario. El país entero –no un juzgado- supo entonces de ese triángulo corrupto cuando se produjo el crimen de Mariano Ferreyra y la gigantesca lucha popular por el castigo a sus asesinos. Un año después, los mismos responsables políticos y económicos perpetraron la masacre de la Plaza Once, que abatió a 52 pasajeros. La declinación política del kirchnerismo no es un dato estadístico –se hizo carne en episodios brutales y luchas políticas encarnizadas. Los lazos del macrismo ‘republicano’ con la burguesía “contratista” eran demasiado poderosos como para agitar las aguas de estas tramas de corrupción y precarización social.

Oportunidad

El fallo de Vialidad ha sido judicialmente tardío, pero no en cuanto a su oportunidad política. La condena a Cristina tiene lugar en medio del derrumbe social y político del gobierno y de la coalición que ella contribuyó a pergeñar hace cuatro años. El rescate general de la clase capitalista, con emisiones enormes de dinero y de subsidios, después de la hipoteca que dejó el macrismo y la pandemia del Covid, ha dado lugar a una agudización excepcional de la crisis social, en el marco de una bancarrota financiera del Estado.

La UCA reveló que el nivel real de la pobreza involucra al 50% de la población, parcialmente enmascarada por el retaceado gasto social. El Estado debe el 130% de su PBI, más un 30% del PBI de endeudamiento internacional privado. El tándem de los Fernández y Massa le ha cargado 60.000 millones de dólares a esa hipoteca, con el pretexto de crear un ‘mercado de capitales local’. Impulsaron así, con la presión del FMI, una estafa financiera – esquema Ponzi -, que consiste en pagar deuda con mayor endeudamiento a tasas de interés crecientes. En plena campaña electoral, el gobierno deberá renovar deudas en pesos por la friolera de 3.000 millones de dólares mensuales, esto sin contar la deuda fiscal del Banco Central con el sistema bancario – cerca de 10 billones de pesos a tasas del 130% anual. Mientras tanto, en octubre de este año, respecto del mismo mes del 2021, se ha operado una contracción real del gasto público del 34%, en su mayor parte partidas sociales, de salud y de educación. Por eso hay acampes piqueteros, huelgas de residentes, enfermeros y médicos, y huelgas docentes.

En este cuadro, Cristina Kirchner ha operado un monumental repliegue político. Su autoproscripción se anticipa a una ratificación del fallo que la excluye de por vida a ocupar cargos públicos, con la intención probable de lograr dilatar la condena por el caso Vialidad por un tiempo indefinido. Por otra parte, se autoproscribe también de cualquier interferencia en la gestión de Massa, de la cual recelan los especuladores financieros. Con la renuncia a cualquier candidatura en el futuro, renuncia al mismo tiempo al rol de ‘armadora’ del FdT – una decisión que anuncia la disolución de esa coalición. El peronismo ha atravesado períodos semejantes en el pasado, bajo Onganía, también luego del retorno de Perón y luego de su muerte, y en oportunidad de la renuncia a plazo de Duhalde, debido al asesinato de Kosteki y Santillán. Solo que ahora la situación mundial – guerra, pandemia, inflación y crisis financiera – y la situación nacional son explosivas sin atenuantes. Quienes ya han advertido esta situación son los gobernadores peronistas, que han decidido cortarse solos, desdoblando todas las elecciones provinciales posibles.

Lo que refuerza en grado máximo esta situación disolvente es, sin duda, el involucramiento de jueces, fiscales, ministros, servicios y ‘gestores’ en la conformación de una mafia judicial que opera en connivencia con operadores de medios de comunicación (Affaire Bariloche). Larreta, asociado con el fiscal Mahiques (h) y su ministro D'Alessandro, aparece como el más golpeado; pero también Alberto Fernández e incluso parte de la Cámpora, por el involucramiento de asesores y ministros del presidente con el grupo etiquetado de mafioso. La crisis política ha penetrado en el centro del Poder Judicial, con designaciones bloqueadas por el Congreso al Consejo de la Magistratura, y por el activismo que ha ganado a la Corte Suprema ante esta lucha de camarillas y el ‘conflicto de poderes’ con el parlamento. La renuncia de CFK a candidaturas le ofrece un terreno plano para largar una campaña contra la llamada Justicia y contra opositores. Quienes opinan que la renuncia potencial de CFK “estabiliza” la gestión de Massa, simplemente no tienen en cuenta que este salto de la crisis política hace inoperante, en primer lugar, el intercambio de información financiera con Estados Unidos, el blanqueo de capitales que desea Massa y, eventualmente, la ‘seguridad jurídica’ para aquellos que le prestan a un estado insolvente.

Consecuencias

La Bolsa ha saludado con un repunte de valores este repliegue político, pero lo que ocurre en este mercado artificial no tiene relevancia política. Tampoco ha tenido tiempo de digerir la apertura de un expediente judicial contra la mafia de Bariloche. Lo cierto es que Sergio Massa no ha abierto el pico y que desde EEUU se anuncia que CFK podría convertirse en una ‘inmigrante ilegal’ en caso de que quiera ingresar a ese país. Simplificando, Massa es ‘proyanqui’ y Cristina Kirchner ‘prochina’ y hasta ‘prorusa’, esto, en el ápice de una guerra militar y económica internacional. Las aventuras ‘anti-grieta’ del embajador Stanley no supieron anticiparse a la renuncia política de CFK y al impacto de ella en la continuidad del Frente de Todos. Menos aún al enjuiciamiento de la mafia Bariloche.

Los desdoblamientos electorales dejan abierto a los gobernadores pejotistas un antiguo negocio: arreglar con una coalición opositora las elecciones generales del año que viene. Lo hicieron, en 2017, con el macrismo. La tropa camporista empieza a hacer lo propio: una cristinista férrea, como la intendenta de Quilmes, acaba de exhortar a su tropa a “dejar de depender de la candidatura de Cristina”. Podría adherir a la formación de un nuevo ‘movimiento popular’ que, sin contenido ni ‘banderas socialistas’, incorpore a ‘izquierdistas’ y ‘socialistas’ a un frente popular de colaboración de clases.

La puerta, naturalmente, se abre a nuevos reagrupamientos –es la coalición antigrieta que se pulsa, en estas horas, entre el massismo, el pejotismo del interior, Larreta y los Gerardo Morales, el cual acaba de salir a socorrer a Massa…comprando deuda pública nacional con los fondos del estado jujeño. Naturalmente, un escenario de este tipo plantearía una fragmentación en espejo de “Juntos” para el Cambio. Las elecciones, eventualmente, serán un episodio fundamental de esta crisis –resta saber si expresarán una fractura general o serán una antesala de ella. Pero el escenario ha quedado abierto para variantes como la peruana o la chilena, y hasta cierto punto la colombiana, con una primera vuelta electoral entre decenas de pseudo partidos, lejos de una mayoría electoral o de una polarización.

A la luz de lo anterior, es muy claro que la condena Vialidad no es para nada un episodio penal, o un “accidente” judicial. Debe ser caracterizada a la luz de una crisis final en su conjunto.