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El femicidio de Mariana Sarmiento en Tucumán se suma a la lista de víctimas durante el aislamiento social obligatorio. Cuatro días antes se había realizado un ruidazo nacional que advertía por los 12 femicidios producidos al cabo de 11 días de cuarentena hasta entonces, incluido el de una niña tucumana de 2 años. La lista siguió creciendo hasta llegar a Mariana.
Mariana Sarmiento sabía que la iban a matar. Días antes había recibido un mensaje de su femicida, Luis Martínez: "Yo te voy a matar porque yo te amo. Te voy a matar y me mato con vos". Fue a la comisaría más cercana, El Colmenar, donde la policía no quería escuchar los audios y asentar la denuncia. Frente a su insistencia logró que la realicen, pero en los siguientes días no recibió ningún tipo de respuestas. En su desesperación concurrió a otra dependencia policial para repetir la denuncia. Su denuncia llegó a la justicia dos horas posteriores a que fuera asesinada.
Este accionar de la policía y de la justicia, sin embargo, no puede atribuirse a la cuarentena, sino que es la respuesta corriente cuando las mujeres concurren a denunciar. En caso de que no se desalienten e insistan luego viene la retención de las denuncias en las comisarías. Las fiscalías luego hacen su parte en esta cadena de impunidad pues, si en el mejor de los casos disponen las medidas de protección, luego se desentienden de su cumplimiento y en la mayoría de los casos las investigaciones no avanzan. En el caso de Mariano la acción fiscal llegó tarde.
Las instituciones de asistencia funcionan con recursos mínimos como lo demuestran las denuncias de las trabajadoras del Observatorio de la Mujer a quienes se les adeudan cuatro meses de salario y trabajan en condiciones de precariedad laboral. Desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia los trabajadores también denunciaron que también trabajan precarizados, con contratos de locación de obra y que no cobran sus honorarios desde julio de 2019.
La respuesta a nivel nacional frente a los femicidios y al crecimiento de las denuncias y de las llamadas telefónicas a la línea 144 fue anunciar la campaña del barbijo rojo.
En Tucumán se dispararon las llamadas telefónicas, pero desde la Fiscalía de violencia de género a cargo de fiscal López Bustos advierten una disminución del 80% en las denuncias. Atribuyen esto a la dificultad de las mujeres de salir por la permanencia de los agresores en los hogares. No dicen nada por supuesto de la conducta de la policía y de la propia justicia. Como respuesta habilitan más líneas de WhatsApp para denunciar.
Queda claro que la salida no vendrá de los gobiernos preocupados y tampoco de los otros poderes del estado, preocupados en el rescate al capital y la descarga de mayores penurias a la clase trabajadora. Es fundamental por ello redoblar la organización independiente, poniendo en pie comisiones de mujeres y diversidad en las barriadas y pueblos que acompañen los reclamos de las mujeres frentes a la amenazas y hechos de violencia, de la misma manera los reclamos de las trabajadoras y trabajadores de la salud de equipamiento y medidas de protección y contra la precariedad laboral, el pase a planta y el pago de las deudas salariales de las trabajadoras y trabajadores del Observatorio de la Mujer y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia junto a mayores nombramientos, centros de atención a víctimas las 24 hs con presupuesto y personal de planta, subsidios igual al costo de la canasta familiar para víctimas y trabajo genuino, creación de refugios con presupuesto propio.
